La TAMSE anunció este lunes que había llegado con sus choferes de colectivos y trolebuses a un acuerdo salarial y de condiciones de trabajo y que desde este martes se pondrá en marcha un servicio de transporte de emergencia con tres líneas. Lo hizo en medio del conflicto con la UTA, el gremio que agrupa a los 3 mil trabajadores del sistema de transporte urbano de Córdoba.
No es simplemente un acuerdo interno, en el que la empresa (TAMSE) organiza el trabajo de la compañía, según se lo permite la ley, en el marco de las normas convencionales y legales existentes. Es un acuerdo que viola la legislación vigente, porque altera normas convencionales y lo hace con los trabajadores individualmente, cuando debiera hacerlo con la organización sindical que los representa. No se puede “puentear” a los sindicatos firmantes de convenios y si se lo hace, se realiza “práctica desleal”. Esto es, se vulnera la Ley de Asociaciones Sindicales.
Los puntos que se modifican en el acuerdo “ilegal” con las choferes, son los siguientes: se reduce unilateralmente la cantidad de días de trabajo de 24 a 21, se dispone pagar el 88% del salario de los choferes, y se resuelve pagar el aguinaldo en tres cuotas. A cambio, el municipio se compromete a abonar las deudas salariales acumuladas hasta el presente y que han motivado un largo conflicto que, al momento de escribir este artículo, tiene 19 días de extensión.
Por cierto, está claro que la pandemia no ha sustituido la necesidad de los acuerdos y negociaciones entre empresas y sindicatos. El intendente Martín Llaryora logró, el viernes pasado, la aprobación de una ordenanza que dispone la emergencia del sistema de transporte público y le permite reorganizarlo. Lo que no permite ninguna ordenanza es un estado de excepción que pase por encima de las leyes laborales. Incluso, como en este caso, pese a que el servicio de transporte lleva casi tres semanas sin prestarse. Es por la simple jerarquía de las jurisdicciones, ya que nunca lo menos puede a lo más. Es decir, la legislación municipal no se debería imponer sobre leyes nacionales, ni como en este caso, sobre legislación que tiene rango constitucional, como es la que regula al trabajo y los derechos laborales en Argentina.
Como en el caso de EPEC (la Empresa Provincia de Energía de Córdoba), o de los trabajadores de la Municipalidad de Córdoba, por citar dos ejemplos, la alianza que conduce el peronismo de Juan Schiaretti en Córdoba, utiliza herramientas propias de los regímenes neoliberales para instrumentar sus políticas. A ello, se suma que las medidas puestas en marcha afectan derechos e ingresos de los trabajadores. En todos los casos, existe una búsqueda de la reducción del costo laboral –tanto vía salarios, como por reducción de derechos-.
No se observa un encono similar con los productores agropecuarios ni con las industrias que operan en la provincia.
Semejante escenario existe por la anemia y dispersión del movimiento sindical, por la colonización del sistema político dominante por el pensamiento neoliberal, y por la carencia de opciones políticas capaces de desarrollar volumen para liderar la oposición. Sin embargo, que todos los grupos políticos respondan al ideario neoliberal, deja libre un carril de construcción que, con seguridad, no estará vacante por mucho tiempo.
La base del ideario neoliberal consiste en dar preeminencia al mercado en la asignación de recursos, sin o con escasa intervención estatal en la economía y con responsabilidad acotada por parte del Estado sobre los sectores básicos de seguridad, educación, salud y bienestar social. A ello, se suma la aceptación de la preeminencia del capital financiero como organizador de la economía. Para ello, la principal tarea de los estados es alinear los costos de reproducción de los trabajadores, jubilados y sus familias a los niveles internacionales. Lo que parecen estar haciendo Schiaretti y Llaryora, en los diferentes casos, es alinear los costos internos del Estado con los del sector privado, lo que en lugar de promover equidad social, dispara los índices de desigualdad. Lo están haciendo a costa de la situación originada por la pandemia de coronavirus.
A este contexto, debe agregarse que el gobierno del presidente Alberto Fernández parece considerar inapropiado cualquier tipo de intervención en Córdoba. Llama la atención que no hubo ni subsidios para pagar los salarios de los choferes, ni intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación para mediar en un paro de 19 días de duración. Parafraseando a aquella frase que dice “una imagen vale más que 1000 palabras”, se podría afirmar que “un acto vale más que 1000 palabras”.
VER: Darío Gómez Pucheta: “Córdoba tuvo siempre presente el discurso del orden”.
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