Un sector del kichnerismo cordobés reclamó la constitución del Frente de Todos en la provincia como una alternativa a las listas del peronismo cordobés que lidera el gobernador Juan Schiaretti y de Juntos por el Cambio, la alianza del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y el Frente Cívico. En ese sentido, este espacio planteó que esa diferenciación debe producirse en las elecciones legislativas de 2021, con la presentación de candidatos propios.
El documento de Debate Córdoba lleva las firmas del Frente Grande, el Partido Forja, el Foro Solidario de Córdoba, la moyanista Multisectorial 21F y el Grupo Córdoba, entre otras agrupaciones. Mientras que entre los principales dirigentes se destacan el director de FAdeA, Horacio Viqueira; y la secretaria general del gremio gráfico y co-adjunta de la CGT Regional, Ilda Bustos; el ex viceintendente de Córdoba, Carlos Vicente, y Lyllan Schuck, Valentina Enet, Miguel Berrotarán, Enrique Fernández Quintana, Graciela Fassi, Jorge Monayar, y Oscar Atienza.
“En el plano provincial se sostiene la oposición a las políticas de Schiaretti centradas en un programa neoliberal, y su “diferenciación” del gobierno nacional, expresada en votaciones claves de sus diputados, como ocurrió con la contribución a las grandes fortunas y en particular del proyecto de ley de IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo)”, apuntan.
Denuncian “el brutal ajuste contra jubiladas/os provinciales y la regresiva “reforma” jubilatoria aprobada sorpresivamente, los “tarifazos”, el ajuste salarial a trabajadores provinciales, la realización de obras como la “autovía” en Punilla con total desprecio de la protección del ambiente, agravado por incendios y sus consecuencias las inundaciones por la total falta de planificación, y la inexistencia de políticas de género” y expresaron “la solidaridad y el apoyo a la lucha que desarrolla la COOPI en contra de la nefasta política privatizadora”.
Dentro de ese esquema, luego proponen “la generación de una alternativa de poder y programática a estas políticas en el plano provincial, que supere esta coyuntura electoral y se proyecte en el tiempo” y admiten que este paso “sigue siendo el desafío del espacio nacional y popular en Córdoba”.
Mientras que adelantan la disposición a disputar con La Campora y sus aliados, espacio que lidera la diputada nacional Gabriela Estévez; y con el grupo del PJ cordobés que conduce el senador nacional Carlos Caserio, en la conformación de las listas legislativas. Ambos sectores han buscado hasta ahora un acuerdo con Hacemos por Córdoba para los comicios de este año, aunque en las últimas semanas también han mostrado algunas señales de intentar un armado propio frente a la falta de señales desde el oficialismo provincial.
Afirman en ese sentido, que “resolvemos participar activamente de las elecciones a senadores y diputados nacionales que tendrán lugar este año 2021, impulsando la conformación del Frente de Todos en Córdoba, frente alternativo a las alianzas neoliberales que hoy representan Juntos por el Cambio y Hacemos por Córdoba, dos caras de la misma moneda, que han gobernado conducidos por la Fundación Mediterránea, al servicio del poder económico, con corrupción en la obra pública, destrucción del medio ambiente y el hambre de los cordobeses”.
Y expresan que “defendemos que la construcción del Frente en Córdoba se base en criterios democráticos y de amplia participación del conjunto de los sectores que lo integran, sin hegemonismo de sectores o de personas. Por eso, reivindicamos el instrumento de las PASO como mecanismo para dirimir las posibles diferencias internas. Estas conductas políticas serán imprescindibles para lograr un activo y amplio apoyo del pueblo cordobés”.
En otro párrafo de la declaración, ratifican “el apoyo al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que heredó una gravísima situación después de cuatro años de brutal neoliberalismo que dejó al país en default, endeudado, con altísima inflación y recesión económica, a lo que se le sumó la pandemia”.
Recuerdan que “no obstante se tomaron diversas medidas en apoyo a las mayorías populares en materia alimentaria, transferencias de ingreso como el IFE, apoyo al empleo, congelamiento de tarifas y alquileres, renegociación de la deuda, y reactivación de la obra pública” y señalan, por último, que “quedan cuestiones pendientes, como una profunda reforma judicial que termine con el lawfare, controlar los precios y profundizar políticas de reactivación y redistribución económica, que aseguren techo, comida e ingresos dignos”.
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