El fallo del Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires abre un período de peligrosa alteración de la política argentina. Se trata de un veredicto que tendrá consecuencias sobre el desarrollo de la confrontación histórica entre los bloques de centro-izquierda y centro-derecha que disputan el poder.
Sucede más allá de la liviandad e incoherencias jurídicas que manifiesta y de la renuncia a ser candidata en 2023 de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Cabe recordar que el TOF2 condenó este martes a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras declararla culpable de administración fraudulenta (corrupción) en la causa que investigó el presunto direccionamiento de la obra pública vial de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015.
Si bien no está firme y demandará algunos años en saberse si se confirma o se descarta, la resolución del juicio de la llamada Causa Vialidad, modifica el contexto socio-político en el que se desenvuelve el choque entre los dos bloques de poder en pugna en Argentina.
Del lado del fallo, si bien aún no se conocen sus argumentos, el TOF2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, dio a conocer un resumen que adelanta algunas de las razones. Se puede afirmar con ellos que la resolución no parece tener consistencia jurídica.
Por ejemplo, una inconsistencia surge de sancionar a la vicepresidenta, pero ni siquiera investigar a algunos de sus jefes de gabinete, que están por debajo de ella en la cadena administrativa. De los que sí estaban en la causa, absolvió a toda la estructura del Ministerio de Obras Públicas, que también se encontraba por debajo de la primera autoridad del Poder Ejecutivo.
A ello, se agrega que tanto el presupuesto como las obras fueron aprobadas por el Congreso de la Nación y la administración de las partidas corresponden, después de la reforma constitucional de 1994, al jefe de Gabinete. Semejante discrecionalidad, seguramente hará caer la pieza acusatoria en las instancias judiciales posteriores, pero mientras tanto sera funcional a una operación política.
La condena se produce en un caso en el que la Justicia Federal ya había investigado y había concluido que no había delito (2008). Es decir, que la causa Vialidad es un espejo de otra anterior por el mismo tema, algo que la Ley no permite (que una persona sea juzgada dos veces por un mismo hecho). Aquí sucedió.
Otras carecen de sentido común, como el hecho de que la obra fue licitada, adjudicada y controlada por Vialidad Provincial de Santa Cruz dado que la Nación financió la obra, pero no la hizo. Ese sistema funciona en todo el país, cientos de obras se efectúan de este modo. Por lo tanto, el involucramiento administrativo de la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional es cero. Es lo que probaron documentos, testimonios y literatura sobre la administración del Estado. Los presidentes luego de la decisión política de hacer una obra y no otra vuelven a aparecer a la hora de cortar las cintas, pero ninguno firma un solo papel al respecto.
Pese a ello, lo más incongruente resulta que los jueces condenan a un grupo de acusados sin poder llenar los distintos casilleros (con hechos y responsables) que componen un sistema de corrupción. Para sostener que alguien es corrupto debe haber un empresario se vea beneficiado con obras y ganancias al margen de la ley y que haya pagado retornos (coimas) para alcanzar su cometido. Esto es así, porque el empresario busca beneficiarse con un incremento de su tasa de ganancia a través del proceso irregular, que básicamente consiste en sacar del medio a competidores a través de procesos amañados. Por lo tanto, tiene que haber adjudicaciones irregulares, sobreprecios, obras sin hacer y/o deficientemente realizadas y, por supuesto, el pago de coimas al funcionario que las otorga. Esto implica, que no hay beneficio alguno sin la firma del funcionario, sin su actuación en el proceso. La contrapartida es su enriquecimiento o el acopio de fondos -en efectivo, en un banco, en acciones, en propiedades, en un paraíso fiscal, en algún lugar- o de algún tipo de favores. Este es un juicio por corrupción en el que ese circuito o sistema no quedó probado en las pericias, en los testimonios, ni en los documentos reunidos. Es decir, lo que se vio, se escuchó y analizó a lo largo de las audiencias no pudo comprobar esa hipótesis. No se pudo demostrar el sistema, ni los beneficiarios. Por lo tanto, con lo que conocemos hasta ahora, es una entelequia, una construcción fantasiosa.
Esto no quiere decir que no haya existido corrupción, pero para que sea real, deben existir pruebas para sostener la acusación inicial y luego condenar.
Tampoco quiere decir que en el país no haya una matriz de corrupción que afecta su desenvolvimiento y condiciona el desarrollo económico nacional. En Argentina hay un sistema de poder basado en la corrupción. Pero una cosa es suponerlo, verlo, y otra, probarlo. Para desmontarlo, sus instituciones deben actuar con honestidad, decisión, claridad, seriedad y, sobre todo, trabajo y recursos. La corrupción es un sistema que tiene su punto de partida en el poder económico y que se expande luego, como una mancha de tinta, al resto de los actores. El poder económico posee medios suficientes para complejizar estas operaciones y movimientos con el fin de borrar sus huellas.
Así, en el caso de la actual vicepresidenta se la está condenando por corrupción sin haber probado que Lázaro Báez recibió beneficios al margen de la ley y que parte de ese dinero se lo entregó a ella o un testaferro o testaferros de alguna forma para pagar los “favores” recibidos. A ello, se agrega que tampoco hay elementos probatorios que indiquen la participación de CFK a lo largo del proceso. No es bueno para el país que la Justicia actué con tamaña liviandad. Es una tragedia en sí misma.
Ahora, la obra judicial si ha podido impactar como un misil en la política. La primera respuesta, algunos minutos después de conocido el veredicto que firman los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, es la propia decisión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de renunciar a cualquier candidatura en 2023.
Una primera lectura, indica que la candidata con mayor adhesión en las encuestas que se conocen hasta el presente y también con el mayor rechazo, sale del territorio electoral y político.
CFK es el principal sostén político del Frente de Todos (FdT) y del peronismo. Ninguno de sus otros líderes ha alcanzado hasta el momento una estatura similar. Por lo tanto, el efecto político y electoral será significativo para el oficialismo en los próximos comicios.
También habrá consecuencias sobre la propia estabilidad política del gobierno nacional y sobre las posibilidades de éxito del programa económico que instrumenta Sergio Massa con la anuencia del FMI. Cristina es la base política que le da viabilidad al gobierno nacional, sin su proyección el oficialismo se queda sin su primera carta de elaboración de futuro, que normalmente es la mayor fuerza a la que puede aspirar un proyecto político.
Hay que sumarle otras implicancias históricas. El renunciamiento fruto de la persecución jurídico-política no es sólo el impedimento a una persona o a una figura, sino que es ante todo una barrera a las aspiraciones de un bloque social, económico y cultural que se ve representado en ese liderazgo. La obturación de esa vía suele generar, como el calor elevado, enormes tormentas.
Se trata de situaciones que ocurren con mayor asiduidad en los países de la periferia, como el nuestro, donde las fuerzas económicas se expresan con brutalidad y desprecio por la debilidad de las instituciones y sus protagonistas. No es bueno para la democracia y el futuro del país que estas prácticas y proyectos prevalezcan e impongan sus condiciones. La falta de justicia es un mal augurio, un anticipo de males mayores.
