Desde hace unos cuantos años se viene instalando en distintos puntos de la República Argentina una nueva forma de flexibilización laboral, que comienza a afectar gravemente la actividad legal que llevan adelante taxis y remises.
Consiste en la prestación de un servicio ilegal de transporte automotor de personas, que se publicita y/o contrata por medio de programas electrónicos, sistemas informáticos, redes sociales y aplicaciones para teléfonos móviles y tabletas electrónicas (que claramente no son ni de taxis, ni de remises).
Se trata en su mayoría, de Empresas Multinacionales extranjeras (como Uber y Cabify, entre otras), que desembarcan en aquellos territorios en los que desde el propio Estado no se visibiliza una firme protección de los derechos que tienen los trabajadores locales, que se encuentran previstos no solo en leyes laborales vigentes, sino también en la propia Constitución Nacional.
Asimismo, también avanzan en territorios en los cuales, quienes legislan (especialmente en los Concejos Deliberantes), no se presentan y aprueban Ordenanzas que prohíban el desembarco de este servicio ilegal.
Desde los Municipios se debe proteger sin matices la actividad de los taxis y remises (que se encuentra regulada mediante la Ordenanza pertinente).
Asimismo, es necesario señalar que quienes ejercen el transporte automotor de pasajeros por fuera de la ley, sin habilitación Municipal, que es publicitado por cualquier medio de programas electrónicos, sistemas informáticos, redes sociales y aplicaciones para teléfonos móviles y tabletas electrónicas; genera una clara competencia desleal en relación al taxi y al remis. Eso sucede, debido a que los primeros no invierten, no trabajan dentro del marco legal vigente para la actividad; no tienen que circular las 24 horas del día (los 365 días del año incluyendo sábados, domingos y feriados); no tienen radio; GPS; botón de pánico; ni inspecciones municipales; cualquiera se sube o se baja del auto; evaden impuestos; tienen enormes hechos de inseguridad en todo el mundo, poniendo en riesgo no solo el propio sistema, sino fundamentalmente a miles de fuentes de trabajos, lo que es inadmisible e inaceptable.
No se sabe si cuentan con seguros que cubran los riesgos de las personas transportadas, por lo cual ni los conductores, ni estas empresas de transporte automotor de pasajeros por plataforma electrónicas, serían responsables solidarios por los daños que ocasionen durante la prestación de este servicio ilegal a usuarios o terceros, no tributan impuestos y/o tasas provinciales y/o municipales.
La clase trabajadora en Córdoba y en el interior; exhorta y reclama a quienes legislan en los concejos deliberantes y a quienes gobiernan en los respectivos Ejecutivos municipales; que hagan cumplir la ley y que avancen en todas las medidas que sean necesarias para defender el trabajo local; pues, en definitiva, entre otras razones, para eso son los representantes del pueblo, y ese mismo pueblo es quien paga sus salarios.
* Carlos Emanuel Cafure es abogado laboralista.
