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Generalmente, cuando las bandas trafican drogas por tierra lo hacen en caravana: el vehículo que lleva el cargamento va custodiado, a una disimulada distancia, por otros. Pero la banda que conducía Jorge Hugo Cortés había encontrado otro método, mucho más discreto, para traer a Córdoba cocaína desde el norte del país.
El 29 de julio de 2015, en Trancas, Tucumán, Gendarmería detuvo una VW Crossfox, en la que viajaba una pareja oriunda de Córdoba. Su viaje había empezado en Salta. El auto simulaba ser impulsado por GNC, pero el tubo, que había sido prolijamente cortado en una de las puntas, escondía 14 kilos de cocaína. Los autos de la banda de Cortez iban y venían, simulando ser simples viajeros, sin caravana ni custodia, con drogas en los tubos.
Esa misma noche, el fiscal federal Enrique Senestrari conducía 18 allanamientos, en Córdoba la mayoría, para desbaratar la banda integrada por, al menos, 10 personas. Fueron épocas “post-Narcoescándalo”, cuando en la Justicia Federal de Córdoba se habían paralizado las grandes investigaciones por drogas.
Ahora, Senestrari solicitó la elevación a juicio de diez integrantes de la banda acusada de tráfico de estupefacientes. Para el representante del Ministerio Público Fiscal quedó demostrado que Jorge Hugo Cortez, Fabio Dionisio Nieva, Ricardo Alberto Cortez, David Gerardo Valverde, Isabel Hoyos Prado, Osvaldo Dante Juncos, Paola Teresita García, Julio Horacio Moreno, Federico Eduardo Reyna y Diego Fernando Bracamonte formaban parte de una organización dedicada al aprovisionamiento, producción, transporte y distribución de estupefacientes en la provincia.
En su requerimiento de elevación a juicio, Senestrari indicó que la investigación permitió acreditar que desde una fecha no determinada hasta el 29 de julio de 2015 -cuando se realizaron diversos operativos y allanamientos-, todos ellos formaron parte de una organización liderada por Jorge Cortez, su hijo Ricardo y Fabio Nieva, abocada al tráfico de marihuana, cocaína y pasta base en distintos puntos de Córdoba.
En este sentido, Jorge y Ricardo Cortez llevaban adelante la organización y Nieva era también miembro de ella, ya que desde el inicio de las escuchas de la intervención a su línea surge que operaba junto a ellos. También se pudo demostrar que ocupaba el rol de organizar los contactos con los distintos proveedores de estupefacientes para su preparación y transporte hasta varios domicilios destinados a su guarda.
Los organizadores tenían gente de confianza y experimentada en el funcionamiento de la actividad, en la que cumplían distintas funciones. Paula García se ocupaba tanto del almacenamiento y guarda de estupefacientes como del dinero producto del negocio; David Valderde se dedicaba a la guarda y distribución de estupefacientes y precursores químicos, además de coordinar los viajes destinados al aprovisionamiento de sustancias junto a Nieva.
A partir de la investigación, el 29 de julio de 2015 se realizaron una serie de allanamientos simultáneos en las viviendas de los imputados y otros domicilios destinados a la guarda de los estupefacientes. Como resultado, además de la detención de los diez acusados, se incautó una importante cantidad de cocaína, marihuana, sustancias de corte y fraccionamiento, balanzas, armas y dinero en efectivo.
Por estos motivos, Senestrari solicitó se enjuicie a Jorge Cortez, su hijo Ricardo y a Nieva como organizadores para la financiación, transporte y distribución de estupefacientes en carácter de coautores. En el caso de Cortez padre, también se suman las figuras de producción de estupefacientes y tenencia de arma de fuego sin registrar. Sobre Nieva también pesan las acusaciones de transporte de estupefaciente y tenencia de arma de fuego.
Los demás imputados deberán responder por otras figuras relacionadas con el delito que involucra a los principales acusados, como lo son la facilitación de lugar para la guarda de sustancias ilícitas y de elementos destinados a su producción y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
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