Exequiel Vergara es director de la ONG Usuarios y Consumidores Unidos (UCU). Sobre el tarifazo extra de gas dispuesto a través de la resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía de la Nación, señala que “no estamos accionando en Córdoba porque no es conveniente duplicar las presentaciones colectivas dado que podría ser perjudicial que haya tantas demandas del mismo tipo”. Las realizadas en Buenos Aires y La Plata (esta última efectuada por CEPIS, de la que se informa en nota aparte) tienen alcance nacional y representa a todos los usuarios del servicio de gas natural.
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Dice además que la medida afecta los derechos de los consumidores y coincide con los argumentos expresados en la demanda presentada por el CEPIS (pide la nulidad de la resolución, demanda que no se cobre el incremento, y afirma que es inconstitucional).
El gobierno parece privilegiar la ganancias empresaria en lugar de equilibrar la situación de todos los actores, entre ellos los consumidores. ¿Cuál es su opinión?, le preguntó ENREDACCIÓN.
No hay que descartar que, dada la gravedad del tema y porque en varias oportunidades ha actuado así, el gobierno puede dar marcha atrás. Desde nuestra perspectiva, si el gobierno no se dio cuenta de lo que está haciendo o está garantizando la ganancia de las empresas, queda dentro de la intencionalidad. Ahora, claramente el gobierno ha tenido actitudes favorables a los intereses de las empresas, sea por “amiguismo” o por “mala gestión”. Esto no sucede exclusivamente en el área de servicios públicos como la provisión de gas, sino también en otros servicios telefonía celular, telefonía fija, o la fusión de Telecom-Fibertel. El gobierno avanza con permitir políticas de perjuicio al consumidor y no vemos avances en esta materia.
¿Considera que no existe el mismo compromiso con los consumidores?
Justamente. En nuestro caso, nos quejamos porque vemos que hay situaciones que no tienen el mínimo compromiso con los derechos de los consumidores. Hay muchos ejemplos más allá del tema del gas, está el caso de los autos cero kilómetro que se venden por planes de ahorro, cuyo precio se actualiza según el valor del dólar. Ahí también hay una política de favorecer a las empresas.
¿En qué otras situaciones se manifiesta esta conducta?
Hay problemas grandes como el caso de la Fiat Toro (la demanda es por una falla mecánica del vehículo que debería ser solucionada por el fabricante y por la compensación de los que han resultado perjudicados), en el que hay una demanda en curso. El gobierno no ha hecho nada, hay una cantidad gigantesca de usuarios que no han sido compensados, ni tampoco ha hecho nada en ningún sentido. Hay un abandono de los reclamos en materia de consumo, tanto de servicios públicos como de otros sectores. Vemos una importante y notoria indiferencia del Estado que resulta en favor de las empresas.
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