En una sesión marcada por una movilización frente al Congreso, el Senado de la Nación convirtió en ley la declaración de emergencia para el sector de la discapacidad con un contundente respaldo de 55 votos a favor (peronismo, UCR, parte del Pro y partidos provinciales) y ninguno en contra, aunque con 17 ausencias. El gobierno nacional había rechazado la iniciativa y el presidente Javier Milei advirtió que vetará el proyecto. Sin embargo, la solidez y amplitud del voto opositor preanuncia que en este caso el Congreso podría insistir con éxito en su ratificación.
La norma, que estará vigente hasta diciembre de 2027, asegura partidas presupuestarias para incrementar los pagos a prestadores de servicios y saldar deudas con enfermeros, acompañantes y transportistas. “Hace seis meses que no cobran”, denunció el senador puntano Fernando Salino (Convicción Federal).
La ley también busca agilizar las auditorías y la aprobación de pensiones, ya que en los últimos 14 meses solo se otorgaron 586 de las 500.000 solicitudes presentadas. Además, se actualizarán los montos de las pensiones, que en junio de 2025 alcanzarán los $213.286,50.
Otro punto clave es el aumento de fondos para trabajadores con discapacidad en talleres asistidos, quienes perciben $28.000 mensuales, una cifra congelada desde febrero de 2023. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la iniciativa tendrá un impacto fiscal de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI.
Entre las ausencias destacaron los bloques de PRO (salvo el cordobés Luis Juez, Cristina, Tagliaferri y Ávila), La Libertad Avanza y aliados del provincialismo de Neuquén, el Pro de Entre Ríos y el radicalismo de Chaco y Mendoza.
QUÉ DIJERON LOS SENADORES
LUIS JUEZ (Frente Cívico de Córdoba): “Alguien tiene que hablar y contar lo que ellos no pueden decir. Esta ley de emergencia en discapacidad mínimamente -porque ni siquiera es una reparación- intenta dale a un sector invisibilizado de la sociedad un acompañamiento”.
ANABEL FERNÁNDEZ SAGASTI (Unión por la Patria, Mendoza): “El Estado firmó la Convención sobre Discapacidad y la hicimos parte de nuestra Constitución. No podemos mirar para un costado, este es un deber legal y constitucional que hay que cumplir”.
PABLO BLANCO (UCR, Tierra del Fuego): “El Estado debe atender, la mayoría de las familias con este tipo de dificultades no tienen los ingresos suficientes para la educación y la salud de sus hijos”.
REVERSIÓN DEL VETO POR BAHÍA BLANCA
En la misma sesión, el Senado revirtió con 51 votos afirmativos (y 21 ausencias) el veto presidencial a la declaración de emergencia en Bahía Blanca, tras la tragedia ocurrida en marzo de 2025. La medida, que requería dos tercios de los votos, destinará $200.000 millones a un fondo especial para subsidios y créditos destinados a la reconstrucción de infraestructura pública nacional, provincial y municipal, así como a la reparación de viviendas afectadas.
La iniciativa, impulsada por la senadora Juliana Di Tullio (Unión por la Patria), había sido aprobada por unanimidad el 7 de mayo, incluso con el respaldo de La Libertad Avanza, pero fue vetada por el presidente Javier Milei el 24 de junio. Ahora, el proyecto pasará a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.
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