Ellos les pedían a los pacientes las tarjetas para cobrar las jubilaciones. Y los viejitos no veían nunca esa plata. Se las quedaban ellos”.
La afirmación pertenece a un exempleado del geriátrico Cristo Luz II, y es sólo uno de los nuevos señalamientos que surgieron en relación al hogar de ancianos que fue motivo de una investigación periodística publicada la semana anterior por ENREDACCIÓN.
En ese informe se develó una organización comercial que apelaba a testaferros y a continuos cambios societarios y de razón social para explotar al máximo los ingresos de un establecimiento dedicado a la atención de gerontes y al mismo tiempo sortear los controles de las autoridades sanitarias y laborales.
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Luego de esa publicación, que tuvo inmediata repercusión hacia dentro y hacia fuera de la empresa propiedad de Analía Oliva Wunderlin y Juan Carlos Reolon, llegaron numerosos testimonios a las casillas de correo de este medio, tanto de familiares de pacientes y expacientes, como de empleados actuales o que pasaron por esa empresa, todos coincidentes al aportar nuevos datos, confirmar lo publicado, o ratificar versiones que aún no habían sido publicadas por este medio.
NUEVA FAJA
Una de las primeras consecuencias visibles de aquel informe fue la faja de clausura dispuesta por la Municipalidad de Córdoba, que en la mañana del jueves 24 de mayo se hizo presente en la casona de tejas ubicada en Diego de Torres 768, de barrio San Vicente, domicilio fiscal de al menos seis personas físicas o jurídicas dedicadas a la actividad del cuidado de ancianos.
No fue la primera clausura municipal que recibió Cristo Luz II, ya que había sido sancionado el 13 de mayo de 2016 (bajo la causa 8393855), y el 28 de noviembre de 2017 (causa 90317780), en este último caso por violación de la clausura anterior.
Quien se hizo presente fue el inspector Jorge Enrique Ramírez, de la Dirección de Regulación de Entes Privados, y dispuso la sanción por infracción a una variedad de artículos de la ordenanza 8922, en relación a la Falta de Habilitación.
No fue la primera clausura municipal que recibió Cristo Luz II, ya que había sido sancionado el 13 de mayo de 2016 (bajo la causa 8393855), y el 28 de noviembre de 2017 (causa 90317780), en este último caso por violación de la clausura anterior.
De hecho, si se consulta en el sitio web de la Municipalidad de Córdoba la lista de geriátricos habilitados, no aparece Cristo Luz II ni tampoco ninguno de los nombres de sus dueños o testaferros.
SIGA SIGA
Pese a funcionar bajo clandestinidad varias veces reincidente, la faja recibida el jueves último no impidió que el geriátrico siga en actividad, tal como lo venía haciendo hasta antes de hacerse públicas sus maniobras.
Por esa razón, resulta bastante “llamativo”, por usar alguna expresión prudente, la habilitación concedida por el Ministerio de Salud de la provincia el 23 de febrero último, cuando sobre el establecimiento pesaba la última clausura municipal de fines de noviembre y sin que se haya resuelto esta situación.
Además de las actas labradas por el municipio, la cartera de Salud que conduce el ministro Francisco Fortuna está al menos desde inicios de abril anoticiada de la serie de irregularidades que conviven sin el menor contratiempo en el establecimiento de barrio San Vicente. De todo ello se dejó constancia en una denuncia presentada por una ex dependiente de la empresa que durante un tiempo prolongado estuvo a cargo de buena parte de la administración del hogar de ancianos.
La absoluta falta de reacción por parte de las autoridades provinciales, hace pensar en una suerte de “zona liberada”, dentro de la cual los dueños del hogar de ancianos pueden moverse con total tranquilidad, a sabiendas de que no habrá riesgo ni responsabilidad alguna”.
En esa denuncia administrativa, presentada ante la Oficina del Programa Incluir Salud (ex PROFE) y recibida por la licenciada Mariana Vergara del Área Adultos Mayores y Salud Mental del ministerio, la mujer detalló irregularidades varias que deberían haber motivado una inmediata intervención de la autoridad sanitaria. Entre los puntos marcados por esta mujer, domiciliada en un municipio del Gran Córdoba –y a quien llamaremos S.H. para preservar su identidad por miedo a represalias–, se mencionan temas cruciales como “la disposición y el estado de las habitaciones”, la deficiente “disposición de los residuos patógenos”, el “mal estado de la cocina” y su “escasez para alimentar a la población de internados”, la “carencia de servicio de lavandería”, la “violación de las clausuras municipales” con la continuada recepción de nuevos pacientes, la “reventa de medicamentos y pañales” que son provistos gratuitamente por las obras sociales, la “carencia de servicio de emergencia” por falta de pago, el funcionamiento de una “conexión eléctrica clandestina”, entre otros puntos.
La absoluta falta de reacción por parte de las autoridades provinciales, hace pensar en una suerte de “zona liberada”, dentro de la cual los dueños del hogar de ancianos pueden moverse con total tranquilidad, a sabiendas de que no habrá riesgo ni responsabilidad alguna.
CAPTURA DE TARJETAS
Uno de los puntos más sorprendentes es el mencionado por el empleado que habla al inicio de esta nota. Se trata de la “captura” de las tarjetas de débito de los jubilados allí internados. “Lo que hacen con los viejos es indignante”, comentó D.P, quien durante tres meses se desempeñó como cocinero en la institución y a quien le quedaron debiendo dos sueldos.
“Ellos tienen las tarjetas de las jubilaciones de todos los pacientes. Y les manejan la plata. Cuando el paciente o un familiar les pide para algún gasto, les contestan que ya le dieron toda la plata al abuelo”, contó el empleado. “Ya le hemos dado toda la plata, pasa que debe estar confundido por las pastillas que toma”, dice que era la explicación habitual que recibían los familiares al consultar por los haberes jubilatorios que todos los meses desaparecían.
Ellos tienen las tarjetas de las jubilaciones de todos los pacientes. Y les manejan la plata. Cuando el paciente o un familiar les pide para algún gasto, les contestan que ya le dieron toda la plata al abuelo”, contó el empleado.
Lo que dice D.P. es también confirmado por S.H., la exencargada que se animó a hablar con este medio aunque implorando reserva de su identidad. “Lo de las tarjetas es cierto. Analía (la propietaria) maneja un montón de tarjetas de los pacientes y de ahí van gastando. Incluso supe que habían usado una de esas tarjetas de débito para sacar un préstamo”, añadió.
La última en ratificar esta versión fue T.I., hija de un paciente internado hace al menos dos años en ese lugar bajo cobertura de Incluir Salud (el nuevo nombre dado al programa PROFE, que da cobertura de salud a los titulares de pensiones, normalmente personas de bajos recursos). “Según lo que me dijeron tanto en la Provincia como en la Nación, la cobertura de PROFE debería ser completa y no tenemos por qué pagar más”, contó lo mujer, señalando que aún así debió entregar el plástico a la titular del geriátrico, Analía Oliva. “Lo que te dicen es que los pagos de la Provincia por paciente vienen muy retrasados y que entonces tienen que cubrirse con las jubilaciones de los abuelos”, contó la mujer, visiblemente molesta por la situación pero carente de otras alternativas para resolver el cuidado de su padre.
“En Córdoba casi no hay opciones de geriátricos con PROFE. Y por más que vos lo quieras llevar a tu familiar a otro lado donde están dispuestos a recibir pacientes bajo el programa, el Ministerio no te los autoriza”, sostuvo.
En Córdoba casi no hay opciones de geriátricos con PROFE. Y por más que vos lo quieras llevar a tu familiar a otro lado donde están dispuestos a recibir pacientes bajo el programa, el ministerio no te los autoriza”, sostuvo la hija de uno de los internados.
Para recibir estos montos que habitualmente la cartera de salud liquida cada tres meses, el geriátrico Cristo Luz II debe emitir Factura A ante el organismo, que sólo así accede a abonarle 13.500 pesos por paciente bajo PROFE, lo que en el conjunto implica reunirse con algo más de 600 mil pesos por trimestre.
El “mientras tanto”, como coincidían en señalar tres testigos de manera independiente, se resuelve con las tarjetas de débito de los pacientes, y también con los ingresos que se les cobran a los internados que pagan de manera particular. Aunque en esos casos, alrededor de 15 en total, no hay factura A ni ticket fiscal de ningún tipo, sino que lo que se extiende es un recibo irregular totalmente fuera de la ley y ajeno a la órbita de los organismos fiscales (ver imagen).
“MUERDEN DE TODOS LADOS”
A la esquizofrénica estrategia de evasión fiscal, sumada a la captura de tarjetas, a la violación de fajas de clausura y a la verdadera “zona liberada” sanitaria, se suman cuestiones indignantes, como la reventa de medicamentos y pañales a pacientes sin cobertura. “Lo que hacen es pedir pañales, leche fortificada Ensure, y otros insumos a través de las obras sociales de pacientes con cobertura”, contó S.H. “Pero después, en vez de dárselos a esos viejitos, lo que hacen es retenerle una parte y dárselos a los que pagan de forma particular, pero cobrándoselos a los familiares”.
Nos traían frutas en mal estado, a veces con gusanos. Carne con mal olor, abombada, o arroz con gorgojos. Y siempre estábamos al borde. Entonces teníamos que hacer milagros o incluso poner de nuestro propio bolsillo”, contó el ex empleado.
Incluso la “avivada”, parece haberse extendido a los medicamentos, generando recetas por medicamentos innecesarios que eran facturados a las obras sociales y luego “revendidos” y cobrados a otros pacientes. “Y sí, muerden de todos lados, porque es un negocio enorme el que hacen con estos abuelos”, contó la mujer.
Y el dato más triste quizás sea el que tiene que ver con la alimentación, sobre la cual todas las personas consultadas coincidieron al señalar que era de mala calidad y muy escasa. “Y sí, nosotros nos teníamos que arreglar con lo que teníamos”, contó el excocinero que dialogó con este medio. “Nos traían frutas en mal estado, a veces con gusanos. Carne con mal olor, media abombada, o arroz con gorgojos. Y siempre estábamos al borde, porque no nos abastecían como corresponde. Entonces teníamos que hacer milagros o incluso poner de nuestro propio bolsillo”, contó el ex empleado.
Esta situación se reflejaba en los ancianos, muchos de los cuales han presentado grados de delgadez alarmantes. De hecho, en el informe anterior reflejábamos la situación de una ex paciente, doña Irma, de 83 años, quien fue retirada por sus familiares luego de dos meses de internación. “Perdió mucho peso y nos dimos cuenta de que no los alimentaban bien”, relató Fabiana, familiar de la mujer. “Una tarde llegamos a las seis y media y ya estaba dormida. Nos dijeron que como estaba cansada no había querido comer. Y sabemos que eso no puede ser así”.
“A mí me llamaba la atención cómo comían como desesperados los viejitos cuando había comida”, contó el excocinero, ratificando que “muchos pasaban hambre y no tenían adónde quejarse”.
Pese a las consultas de este medio, ningún funcionario del Ministerio de Salud de la Provincia quiso explayarse sobre la situación. Mientras tanto, unos 30 ancianos apenas sobreviven en un geriátrico que por el momento parece dispuesto y habilitado para sacarles el mayor provecho.
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