Salvo la demandante María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, el resto de los gobernadores firmaron un documento de cuatro puntos que rechaza eliminar el tope de recursos para el Fondo del Conurbano. Es una vieja imagen de la Argentina: El interior contra Buenos Aires.
La particularidad de la foto de ayer es que estuvieron todos los gobernadores, menos los PRO puros y Mario Das Neves (PJ, Chubut), que se ausentó por problemas de salud, pero adhiere al planteo de sus pares, según trascendió. El resto dijo presente y demandó un acuerdo general por el reparto de recursos. Le pidieron a la Corte Suprema de Justicia que permita el debate en el Congreso antes de expedirse. Desde 1994 hasta hoy (23 años) nunca pudieron ponerse de acuerdo la Nación y las provincias y la distribución de la recaudación impositiva ha sido fruto de duras tensiones. Quién hasta ahora salió beneficiada ha sido la Nación, que obtiene el 62% de los fondos estatales, cuando debiera tener 20 puntos menos. Ése es el punto en el que se cruzan todos los intereses y la demanda de la provincia de Buenos Aires, que implicaría una fuerte pérdida de recursos para los distritos provinciales en favor de la mayor provincia del país, alimentó la unidad de los gobernadores. Que hayan estado todos, implica que los radicales que conforman Cambiemos no están dispuestos a ceder fondos a la gobernadora estrella del presidente Macri, pero también que hay diferencias políticas respecto del rol de este partido en la alianza. La fricción entre aliados, se produce en un momento de debilidad del Ejecutivo por su estrategia frente a la causa de la desaparición de Santiago Maldonado.
Respecto del reclamo judicial ante la Corte Suprema de Justicia planteado por la provincia de Buenos Aires sobre el Fondo del Conurbano, los gobernadores acordaron un documento de cuatro puntos:
-Que la pretensión de la Provincia de Buenos Aires perjudica gravemente al resto de las provincias y municipios.
-Que siendo un tema que involucra la relación Nación–Provincias, su tratamiento indefectiblemente debe darse a través del debate entre Nación, las Provincias y el Congreso de la Nación.
-Solicitar respetuosamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tome resolución alguna hasta tanto sean escuchadas todas las jurisdicciones y se dé el debate correspondiente entre la Nación y las provincias y el Congreso de la Nación.
-Que ratificamos la permanente predisposición al diálogo la búsqueda de soluciones consensuadas.
Schiaretti sostuvo que en el reclamo que hace la provincia de Buenos Aires a la Corte Suprema de Justicia se observa “sólo una parte de la realidad porque es absolutamente injusto que Buenos Aires solicite al Fondo del Conurbano una actualización y no se tengan en cuenta los subsidios que la Nación pone en la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires que llegaron en 2016 a 7.500 millones de pesos más en subsidios que los recibidos por el resto de las provincias. Esto también es injusto y debe ponerse ambas cosas en la balanza”.
Es injusto que no se tengan en cuenta los subsidios que la Nación pone en la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, que llegaron en 2016 a 7.500 millones de pesos más en subsidios que los recibidos por el resto de las provincias”.
Al referirse a la distribución de los recursos en Argentina, el gobernador cordobés sostuvo que “es un debate que debe darse. Todos coincidimos que Argentina no debe tener impuestos distorsivos que penalicen la producción; y desde las provincias coincidimos también que debe cumplirse la Ley de Coparticipación que establece que el 58% de los recursos de los recursos que recauda la Nación van a las provincias y queda para la Nación el 42%. Hoy, la Nación se queda con el 62%, situación que no es responsabilidad del actual gobierno nacional sino que viene desde hace varias décadas”.
De la reunión participaron los mandatarios provinciales Sergio Uñac (PJ, San Juan); Gustavo Bordet (PJ, Entre Ríos); Carlos Verna (PJ, La Pampa); Ricardo Colombi (UCR-Cambiemos, Corrientes); Lucía Corpacci (PJ, Catamarca); Domingo Peppo (PJ, Chaco); Rosana Bertone (PJ, Tierra del Fuego); Hugo Passalacqua (PJ y aliados, Misiones); Omar Gutiérrez (MPN, Neuquén); Juan Manuel Urtubey (PJ, Salta); Gildo Insfran (PJ, Formosa); Juan Manzur (PJ, Tucumán); Juan Schiaretti (PJ, Córdoba); Sergio Casas (PJ, La Rioja); Gerardo Morales (UCR-Cambiemos, Jujuy), Alberto Weretilneck (Juntos somos Río Negro, Río Negro); Alfredo Cornejo (UCR-Cambiemos, Mendoza) y Miguel Lifschitz (Socialista, Santa Fe).
También tomaron parte del conclave, los vicegobernadores de San Luis, Carlos Ponce (PJ); de Santa Cruz, Pablo González (PJ), y de Santiago del Estero, José Neder (Frente Cívico).
EL FONDO DEL CONURBANO
El Fondo del Conurbano fue creado en 1992 y fondeado con el 10 por ciento de la recaudación del impuesto a las ganancias, sin embargo tiene establecido desde 1996 un tope de 650 millones de pesos para la provincia de Buenos Aires, y el excedente se reparte entre las restantes provincias. Ese límite es lo que el gobierno bonaerense pretende eliminar.
En una demanda ante la Corte Suprema contra el Estado Nacional, en la que todas las demás provincias argentinas son “terceros citados”, la provincia de Buenos Aires exige la declaración de inconstitucionalidad del tope de 650 millones de pesos, lo cual le devolvería a la provincia el 10 por ciento del impuesto a las ganancias para sus arcas.
La demanda bonaerense incluye, si el reclamo por el tope no prospera, que se declare inconstitucional la exclusión de la provincia del reparto del remanente del fondo y del 4 por ciento de Ganancias que se les asigna a las demás provincias como compensación.
En la previa de la reunión, mientras iban llegando a la Casa de San Juan, fueron varios los representantes provinciales que pusieron en números lo que sus provincias perderían en caso de que prospere la demanda de Vidal. Según informaron, San Luis resignaría $ 1500 millones; Entre Ríos, 3500 millones, y Santa Cruz, $ 1000 millones.
El reclamo de Buenos Aires se inscribe en un contexto de conflictos por la coparticipación federal de impuestos en momentos en que se incumple el mandato de la reforma de la Constitución Nacional de 1994, que ordena una nueva ley para el reparto de la recaudación de tributos entre la Nación y los 24 distritos del país.
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