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Quinteros: “Llaryora ha batido todos los récords en cantidad de personal que presta servicios al municipio”

El intendente Martín Llaryora, en una actividad vecinal.

El concejal Juan Pablo Quinteros (Encuentro Vecinal) denunció este miércoles que “la gestión del intendente Martín Llaryora ha batido todos los récords en cantidad de personal que de manera directa o indirecta prestan servicios al municipio cobrando, en todos los casos, de la misma caja”.

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Según el edil, en el municipio, trabajan más de 12.500 personas, estando más de 1.800 de ellos con un alto nivel de precariedad en cuanto a sus derechos laborales. A la par de ello, reveló que el Ejecutivo no brinda información oficial sobre la cantidad de personal que se desempeña en el estado municipal.

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Quinteros, a través de un comunicado de prensa, explicó que “si bien las ordenanzas de Presupuesto para los años 2020 y 2021 establecen un total de 10.529 cargos en la Municipalidad de Córdoba, la cantidad de personas que perciben una retribución de la misma resulta indeterminada y supera, en al menos un 25%, el número blanqueado en el Presupuesto”.

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Agrega que “si se verifica la cantidad de aportantes en diciembre de 2020, en la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, la misma es de 10.566 cargos, cifra que resulta contradictoria con la consignada  en el presupuesto aprobado y curiosamente superior a la erogación en el último mes de la  gestión de Ramón Mestre ya que en diciembre de 2019 se registró una cantidad total de aportantes de 10475”.

Detalla el concejal que “tomando como base los 10.566 cargos “aportantes” e incorporando la cantidad de 1800 servidores urbanos, según informan los medios periodísticos y los más los 100 promotores de convivencia llegamos a un total aproximado de 12.500 personas que prestan servicio al municipio recibiendo por ello algún tipo de remuneración”. Señala que dentro de ese número no se encuentran ni la TAMSE ni el COyS.

Finalmente afirma que “lo paradójico es que la estrategia de comunicación consistió en mostrarse como un racionalizador del gasto en personal, con recortes y no renovaciones de contratos. (…) De esto se desprende que no solamente se ha incrementado notablemente la cantidad de personal sino que se lo ha precarizado, aumentando en muchos casos el peso de los componentes no retributivos sobre los retributivos con su correspondiente impacto en el déficit de la Caja de Jubilaciones. Estas políticas constituyen una clara violación a los principios ideológicos de la “justicia social”. Bajo el argumento de estar ordenando las cuentas públicas adoptan políticas rayanas al liberalismo más salvaje que ni el exintendente German Kammerath se hubiese atrevido a llevar adelante”.

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