La Cámara Federal porteña declaró este jueves la incompetencia del fuero penal federal para tramitar la denuncia contra la aplicación del llamado “protocolo anti-piquetes” y resolvió que la causa siga en la justicia en lo Criminal ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
La decisión del Tribunal de Apelaciones se tomó poco antes del inicio de una audiencia de habeas corpus convocada por el juez federal Sebastián Casanello, a cargo del caso hasta ahora, para escuchar los argumentos de las partes, en los tribunales federales del bario porteño Retiro, informaron a Télam fuentes judiciales.
Al conocerse la decisión, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratificó en un posteo en red X que el protocolo “sigue vigente” mientras que la diputada denunciante Celeste Fierro anticipó que la medida será apelada y reiteró que es inconstitucional.
En el fallo firmado por el juez de Cámara Eduardo Farah se resolvió revocar la decisión de Casanello, quien ratificó su competencia para llevar adelante la causa, en la que se reclama el dictado de una medida cautelar que suspenda la aplicación del protocolo.
También se dispuso “no aceptar” la decisión del juzgado nacional en lo Criminal y Correccional 28 de la ciudad de Buenos Aires, que había declinado la competencia y enviado el caso a Comodoro Py y devolverle la causa “en forma urgente”, al hacer lugar a una apelación del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Si no se comparte lo resuelto en el juzgado 28, la última palabra la tendrá la Corte Suprema, por ser el “superior común” entre ambos fueros.
Farah sostuvo en su resolución que en el caso se adoptaron medidas y decisiones “que –sumadas a la falta de competencia- revelan la invalidez de lo actuado”.
Al conocerse la noticia, la ministra Bullrich posteó en la red social X que “El protocolo del orden gana en la justicia. Los que cortan, no cobran. Los que rompen, pagan. Los que violan la ley, van presos. Hoy la Cámara Criminal y Correccional Federal, Sala II nos acompañó. ¡El Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público sigue vigente!”.
La decisión se conoció minutos antes del inicio de la audiencia programada por Casanello y se dispuso informarlo vía telefónica de inmediato de lo resuelto.
En la sede de Comodoro Py 2002 ya estaban quienes presentaron la demanda a la espera del inicio de la convocatoria, entre ellas la legisladora Fierro.
“Le sacaron la causa a Casanello, esto es un escándalo judicial, lo que demuestra que el Gobierno está muy preocupado” porque “se está demostrando que este protocolo es inconstitucional y no quieren que la Justicia avance”, dijo la diputada por el MST-FITU, quien anunció que apelará y calificó al fallo de Farah como una “decisión evidentemente política, viciada de ilegalidad”.
La audiencia de habeas corpus que había comenzado el miércoles pasado con un primer encuentro, quedó sin efecto. La semana pasada expusieron durante toda la mañana legisladores de izquierda que presentaron la demanda y funcionarios del Ministerio, ante el magistrado y la fiscal del caso Paloma Ochoa.
A la primera audiencia asistió la titular del Ministerio, Patricia Bullrich, quien defendió la aplicación del Protocolo.
Luego de la audiencia, la Cámara Federal anuló una resolución de Casanello en la cual había exhortado al Ministerio a evitar colisionar con derechos constitucionales a la hora de aplicar el protocolo.
Ahora el juez Farah lo apartó del caso y resolvió que vuelva al juzgado en lo Criminal y Correccional 28 de la ciudad de Buenos Aires, donde había tramitado en un principio.
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