El juez federal, Miguel Hugo Vaca Narvaja convocó a una audiencia pública en una causa donde se investiga contaminación ambiental para que participen los vecinos interesados.
El amparo ambiental presentado por los vecinos de barrio Parque San Antonio por presunta contaminación producida por la empresa Porta Hermanos, cuya planta de Bioetanol se encuentra en la zona donde viven, tendrá el lunes un capítulo inédito en la justicia Federal de Córdoba: por primera vez podrán exponer en un ámbito judicial lo que denuncian desde 2013. A partir de las 9, el juez federal N° 3 Miguel Hugo Vaca Narvaja comenzará a recibir a los vecinos interesados en participar de la primera audiencia pública que se realizará de manera abierta y participativa a la ciudadanía.
“Este tipo de audiencias me ayudará a tomar contacto directo con los vecinos, escucharlos, y a partir de eso usar mis facultades para ordenar distintas medidas de prueba en el proceso, que determine si hay o no contaminación ambiental y en la salud de los vecinos”, señaló a ENREDACCIÓN Vaca Narvaja.
“El expediente judicial que instruye el juez ya acumula siete cuerpos, pero no es igual analizar una lista de nombres y testimonios que ver y oír el reclamo de las personas en una audiencia. Ese es el fin de este tipo de instancias, en casos de alto interés social”, explicó a este medio José Belisle, miembro de la Defensoría Oficial que interviene en representación de los niños del barrio, la mayoría con asma.
En Córdoba capital nunca se realizó una audiencia de este tipo. Las audiencias informativas no están reglamentadas por el Código de Procedimiento Civil sino por una acordada de la Corte Suprema de Justicia del año 2007, donde se busca garantizar la “transparencia”, la “participación ciudadana” y la “difusión pública”. Quizá el antecedentes más recordado sea la audiencia que por la Ley de Medios en la causa Clarín, que se transmitió en los medios y duró poco más de 5 horas.
Vaca Narvaja es el juez que más lejos llevó una demanda que los vecinos arrastran desde hace cinco años y que ya tuvo resoluciones adversas en la justicia provincial. El juez tramita el amparo ambiental presentado por una treintena de vecinos que denuncian un alto incremento de casos de cáncer y de enfermedades respiratorias y de piel desde que en 2012 comenzó a operar la planta de bioetanol en el barrio.
La audiencia será en la Sala Mayor Agustín Díaz Bialet del edificio de Tribunales Federales (Concepción de Arenales 690, Parque Sarmiento) con capacidad para 150 personas. Es la sala dónde se han realizado mayoritariamente los juicios de lesa humanidad en Córdoba. A partir de las 9 de la mañana, las personas interesadas en participar podrán acreditarse con su documento. Los periodistas podrán filmar el desarrollo de la audiencia y las intervenciones.
Según adelantaron fuentes del Juzgado, hay una lista de 15 oradores interesados de las partes que podrán exponer sus posiciones durante 5 minutos. Luego los abogados de las partes y el ministerio Público Fiscal, representado por Graciela López de Filoñuk podrán hacer alegatos de 15 minutos de duración.
En este caso, el abogado Carlos González es el representante de los vecinos amparistas. Los vecinos demandaron al Estado nacional por haber permitido la instalación y la habilitación de una planta de bioetanol en una zona residencial. Concretamente, los demandados son los ministerios de Energía y Minería, que estará representado por la abogada Leandra Clavero. También pidió participar una funcionaria del Estado, Analía Vaqueiro, Directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Energía de la Nación. La empresa Porta Hermanos participa en carácter de “tercero interesado”.
El otro actor fundamental es la Defensoría Oficial que tomó intervención en el caso en representación de los niños del barrio y propuso que se realice este tipo de audiencias.
AÑOS DE ESPERA
En febrero de 2012, la empresa, con ayuda de capitales extranjeros, comenzó a elaborar bioetanol a base de maíz transgénico, un compuesto que surge de la fermentación del maíz y se usa como combustible.
En marzo de 2015, el fiscal provincial José Mana archivó la primera denuncia de los vecinos contra la planta. El reclamo vecinal también rebotó en un principio en el fuero federal, ya que el juez Ricardo Bustos Fierros rechazó in limine el amparo ambiental. Recién en septiembre del año pasado, por unanimidad, la Cámara Federal de Córdoba ordenó reabrir la denuncia. Desde entonces, está a cargo de Vaca Narvaja, el magistrado que más avanzó.
“Escuchar a la gente directamente me permitirá saber qué pruebas son conducentes para saber si la planta genera reacciones adversas en la salud de las personas. En el expediente ya hay varios informes y pericias, pero hay que seguir trabajando”, dijo el juez.
Entre las pruebas aportadas por los vecinos hay un informe médico que relaciona el deterioro en la salud de la población con los químicos que emana la planta. Según el relevamiento realizado en octubre de 2016 y dado a conocer hace un mes, por la Red Universitaria de Ambiente y Salud de la Universidad Nacional de Córdoba y Médicos de Pueblos Fumigados, hay un alto incremento de casos de cáncer, principalmente de piel; abortos espontáneos; y malformaciones en recién nacidos. Al menos dos tercios de la población aledaña a la planta padece algún tipo de enfermedad respiratoria y de piel, que se conoce como síndrome de sensibilidad química. El estudio indica que 60 por ciento de la población tiene algún problema respiratorio. El 57% de los niños entre 6 y 7 años padece asma o usa broncodilatador, mientras que el promedio en la ciudad de niños con asma es de menos del 15 por ciento.
La ciudad de Córdoba presenta una tasa del 1,6 por ciento de malformaciones, en la zona analizada se observa un 28 por ciento de situaciones de este tipo. “Desde que está esta fábrica, los niños están naciendo con malformaciones. O tienen problemas respiratorios”, explicó Medardo Ávila Vázquez, al presentar el trabajo. “El grupo de enfermedades menores, forman un síntoma llamado síndrome de sensibilidad química. Este barrio está enfermo”, sentenció. Ese síndrome crónico es padecido por dos tercios de los vecinos del barrio.
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