David Moreno murió a los 13 años, la tarde del 20 de diciembre de 2001. Fue alcanzado por varias postas de plomo de cartuchos Propósitos Generales (PG) que la Policía disparó contra la muchedumbre, en la esquina de las calles Piedra Labrada y Tupac Yupanqui de barrio 9 de Julio. Ese día, en todo el país, 39 personas murieron a causa de la represión que le costó el cargo al presidente Fernando de la Rúa.
El juicio por la muerte de David comenzó casi 15 años después, el 17 de abril pasado y en la audiencia de hoy podría ingresar en una etapa decisiva. Es que la Cámara Primera del Crimen convocó para declarar a 14 expertos encargados de realizar las pericias balísticas y médicas.
Esos trabajos constituyen una prueba fundamental para determinar si el oficial Hugo Canovas Badra, único imputado por el homicidio, fue o no el tirador. El caso es complejo ya que los disparos salieron de un grupo nutrido de efectivos que esa tarde avanzó sobre la multitud que se había reunido frente a una sucursal de un supermercado.
Los detalles sobre la posición del tirador, el tipo de arma y cartucho usado y la posición en la que cayó finalmente el cuerpo serán ampliamente debatidos hoy por peritos oficiales y peritos de parte. El discusión no es superficial ya que el pelotón que avanzó por Piedra Labrada estaba integrado por 56 policías de los cuales 25 llevaban escopetas calibre 12/70, es decir que hubo muchos posibles tiradores. Además de David, otras cinco personas fueron heridas por balas de plomo. Para el fiscal Raúl Garzón, último instructor de la causa, el único tirador que acertó en todas las personas heridas fue Cánovas.
“Las pericias oficiales dicen que desde dónde estaba ubicado, en el margen izquierdo del pelotón, sobre la vereda de Piedra Labrada, puede haber sido el que impactó en David”, dijo Adriana Gentile, abogada querellante de la familia de David. Para la querella, “hubo más tiradores que usaron balas de plomo”. En eso coinciden con la defensa: la responsabilidad institucional sobre el aprovisionamiento de municiones no es juzgada en este caso.
Para el abogado defensor de Cánovas, Marcelo Argañarás, las pericias “carecen de rigor científico”. “De hecho, a lo largo de la investigación hubo infinidad de rectificaciones. Esos errores van a quedar a la vista hoy”, señala. La principal crítica al rigor de las pericias realizada por la defensa es que “en el expediente no constan resultados de disparos reales hechos con la misma arma sobre siluetas humanas”.
En la opinión de la defensa, la acusación a cargo de la fiscal María Romero Dolores Díaz “no ha podido demostrar nada” contra el único imputado de homicidio simple, lesiones graves y disparo de arma de fuego.
Aunque la audiencia de hoy será gravitante, aún quedan varios testimonios que pueden ser determinantes. Ya declararon los miembros de la Guardia de Infantería, pero faltan las declaraciones de algunos policías que formaron fila con el imputado, y que pueden aportar información sobre las posiciones que cada uno tenían esa tarde.
Por otro lado, el martes pasado los jueces de la Cámara Primera del Crimen, acompañados por la fiscal y las partes, realizaron una inspección ocular en la esquina donde ocurrió el crimen. La sentencia podría dictarse antes de la feria judicial de mitad de año.
Además de Canovas, están acusadas las policías Daniela Alejandra Adán y Laura Estela Freire, por falso testimonio, referido a la entrega de municiones con postas de plomo. Quedaron afuera del proceso Luis Omar Farías (comisario Inspector) a cargo del operativo, el jefe de la Patrulla Preventiva Norte, Juan Antonio Pesci, y el Sub Comisario Pucheta. En 2010, tras pagar una multa de 750 pesos, Farías, el jefe del operativo quedó sobreseído en una causa por “violación de los medios de prueba”, es decir por dañar la escena del crimen. Canovas Badra siempre sostuvo su inocencia y, mientras estuvo detenido, se definió como “un preso político”. Afirma que los jefes de por entonces lo eligieron, “por ser joven y no tener hijos”.
Desde un principio, la familia de David afirmó que sólo se centró la investigación en los rangos más bajo de una larga cadena de responsabilidades.
La causa fue elevada en 2009 y llegó a acumular 19 cuerpos de prueba.
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