La República Argentina aprobó en el Congreso de la Nación una ley a través de la que se adhirió al Convenio N°190 de la O.I.T. (sobre violencia laboral).
No sólo debería adherir a este importante Convenio Internacional sobre la violencia laboral, sino que además se tiene que avanzar en la aprobación de una ley nacional, leyes provinciales y ordenanzas municipales sobre esta materia.
En la actualidad existe un vacío legal específico a nivel nacional, en la mayoría de las provincias y municipios del país sobre esta problemática de la clase trabajadora, que genera en muchos casos severas consecuencias en la salud física, psíquica de las personas, y registra casos de suicidios y muertes.
Existe el caso de algunas provincias, que han sancionado sus propias leyes locales contra la violencia laboral como, por ejemplo, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, San Luis, y la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el año 2019 se logró la aprobación del primer marco legal cordobés sobre violencia laboral. Se trata de la Ordenanza 2625/19 aprobada en Río Ceballos (de mi autoría).
Es necesario que desde la política se termine con la impunidad de los violentos. Esto se logra mediante la aprobación de marcos legales que prevengan y sancionen estas conductas violentas en el ámbito laboral.
La pandemia del Coronavirus generó una escalada geométrica en los casos de violencia laboral, situación que padecen miles de activos argentinos.
Excesos por parte de muchos empleadores, por ejemplo, con la modalidad laboral del teletrabajo, encargando tareas por fuera del horario habitual de trabajo (vulnerando derechos constitucionales y tratados internacionales que protegen el derecho de los trabajadores), agresiones, y hostigamiento psicológico en muchas de sus variantes, etc.
En los últimos años, si ha existido un sector postergado por la política cordobesa y nacional ha sido la clase trabajadora. Existen innumerables problemáticas que no han tenido respuestas legislativas. Una de ellas, es la violencia laboral.
Los proyectos de leyes sobre violencia laboral presentados deben tratarse, discutirse, y avanzar en la aprobación correspondiente producto del debate de las distintas fuerzas políticas, con la participación de autoridades de centrales obreras, sindicatos, facultades, y organizaciones religiosas entre otros actores sociales necesarios.
En lo personal, vengo realizando un importante trabajo para difundir los efectos de la violencia laboral y buscar la sanción de normas legislativas. Presenté innumerables proyectos de ordenanzas, leyes provinciales y leyes nacionales sobre violencia laboral. Soy autor de dos libros sobre violencia laboral, que han recibido distinciones. En mi profesión de Abogado, me especializo en esta temática.
Seguiré impulsando las iniciativas que he logrado ingresar en los distintos recintos legislativos a través de diferentes bloques políticos para hacerle comprender a quienes sancionan normas sobre la urgencia que hay en avanzar en la aprobación de ordenanzas y de leyes que prevengan, sancionen y erradiquen la violencia laboral en el ámbito estatal y privado.
* Carlos Emanuel Cafure es abogado y yeferente de la Agrupación 29 de mayo del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba.
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