La Caja de Jubilaciones de Córdoba es un enfermo crónico, que lleva más de dos décadas en terapia intensiva bajo intervención. Esta situación, que debería ser una alarma constante para todos los trabajadores y jubilados provinciales, parece haberse normalizado, mientras el sistema camina, lento, pero inexorablemente hacia el colapso.
El corazón del problema es un desfinanciamiento rampante. La ecuación es simple y brutal: cada vez hay más jubilados y menos activos aportando.
La propia provincia contribuye a ahogar a su Caja con prácticas que parecen diseñadas para evitar las contribuciones: el ingreso masivo y prolongado de pasantes y/o contratados, en vez de nuevos agentes que ingresen a la planta permanente, y la pasivización de personal en las distintas reparticiones.
Esto reduce artificialmente la base de aportantes, mientras que la demanda de pagos jubilatorios sigue creciendo. Es una bomba de tiempo demográfica y financiera.
La pregunta que flota en el aire es: ¿Terminarán los aportantes cordobeses siendo absorbidos por el régimen nacional (ANSES)? Si no se revierte la tendencia actual, la respuesta es probable.
La responsabilidad del Gobierno es clara: al mantener la Caja intervenida por tanto tiempo, demuestra una falta de voluntad política para abordar el problema de fondo y garantizar su autonomía y sostenibilidad. El uso de figuras laborales precarias, es una política activa que socava el financiamiento.
Pero la crisis no se explica solo desde el Poder Ejecutivo. La inacción de las conducciones sindicales es, cuanto menos, inexplicable. Los gremios aportantes han sido llamativamente tímidos y pasivos en exigir el fin de la intervención y en defender la sostenibilidad del sistema previsional provincial. Su silencio no solo abandona la defensa de los derechos de los jubilados actuales, sino que también pone en riesgo el futuro de sus propios representados, los trabajadores activos. Es un incumplimiento de su mandato histórico.
Para empezar a sanear la Caja, la provincia debe tomar medidas urgentes que demuestren un compromiso real con su financiamiento:
-Suspender por tiempo indeterminado el ingreso de pasantes y contratados para tareas permanentes.
-Llamar inmediatamente a concursos públicos para cubrir las vacantes con agentes de planta permanente, que aporten efectivamente al sistema, cumpliendo además con la Ley 5624 de cupo laboral para personas con discapacidad.
-Se deben suspender futuras pasividades.
La Caja de Jubilaciones es un derecho de los trabajadores. Su defensa exige que tanto el Gobierno cambie radicalmente sus políticas laborales, como que los gremios abandonen su cómoda pasividad y ejerzan la presión necesaria. El futuro de miles de familias cordobesas está en juego.
* Carlos Emanule Cafure es abogado.
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