La vida en comunidad se construye en base a sucesos, a hechos que dejan para la memoria colectiva un sinfín de recuerdos y formas de actuar con el resto, que trascienden de generación en generación.
Las instituciones de una ciudad o pueblo son símbolos de identidad, porque detrás de la acción propia de dicha institución y sus estructuras, guarda para sí y para el resto un sinfín de historias, una huella que se mantiene firme con su permanencia. Destruirla es matar parte de la vida de la gente que allí vive, así sea con discursos grandilocuentes de cambios y progresos, que tras el velo que se corre, no son otra cosa que retraso y perjuicio para todos. La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) es sin lugar a dudas una institución, una empresa que le pertenece a todos los cordobeses, no a sus trabajadores, ni a la clase política que preside el Poder Ejecutivo. Claro, los primeros han estado y están para defender a esta querida empresa con la que tienen un sentido de pertenencia tan grande que cumplen su labor, no sólo por la responsabilidad que les compete, sino porque creen en el lugar en el que están y saben que en parte de sus acciones está el bienestar de una buena parte de la sociedad. Ni hablar en estos tiempos de pandemia donde el suministro de energía para que funcionen los servicios esenciales es fundamental y allí estuvo y está la mano de esos trabajadores y trabajadoras.
Muchas veces quieren hacer creer, con claras intenciones y atribuciones negativas, que el trabajador es un obstáculo y que achicar la empresa y sus estructuras es una buena noticia. Pero nada más equivocado que eso. Ni achique, ni ideas privatistas son una solución y de eso hay claros ejemplos en otras provincias donde el funcionamiento de esas empresas que las presentan como ejemplos son al fin y al cabo, un dolor de cabezas para sus clientes.
Actualmente el directorio de la EPEC, está evaluando el cierre de varios distritos del interior de la provincia.
Esta medida también representa un claro desconocimiento de cómo es la labor en esas zonas, donde los trabajadores cumplen varios roles y la relación con los vecinos es tan cercana que sacarlos de allí es quitarles una posibilidad de sentir que la empresa está presente. Desocializar a la empresa, quitar poco a poco los vínculos que genera y por sobre todo en este contexto de pandemia, es no entender el mundo que se viene y lo que verdaderamente necesita.
Se deben tender lazos, no cortarlos, se debe personalizar a las empresas, que el usuario tenga a alguien que lo escuche y le soluciones los problemas, no alejarlos de esa posibilidad y verse obligados a trasladarse cuando antes solo debían hacer unas cuadras o golpear la puerta de su vecino que es trabajador de dicha empresa.
De concretarse esta medida será otra decisión más en la que no se escuchó nuestra voz y argumentos. Es una lista amplia que se va engrosando, la que contiene varias advertencias y pedidos que hemos realizado como organización gremial y cuyo fin es que los derechos de los trabajadores y usuarios queden al resguardo, y que el funcionamiento de la empresa sea como debe ser.
No es capricho lo que nos mueve a oponernos a esta posible medida, sino que consideramos que no representa una solución para nadie. Ni para los trabajadores, ni para los usuarios. Estamos alertas, con vocación de diálogo y aguardando a que se nos escuche y se dejen de tomar decisiones con tan alto grado de desconocimiento.
Jorge R.Vacchetta, subsecretario General. José A. Foresto, secretario de Cultura, Comunicación y Formación.
(SOLICITADA Sindicato Regional de Luz y Fuerza).
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