Uno de los problemas culturales de la Argentina pasa por discursos que se declaman sin que el que lo hace sepa en realidad de que está hablando. Es una especie de hiperinflación de consignas vacías de contenidos.
Esto sucede últimamente con el término “violencia institucional”. Veamos de definirla. Se trata de la violencia que se ejerce desde el aparato del Estado para defender a sus propios funcionarios y ocultar o silencias sus ilícitos. Es decir, para garantizar impunidad del poder. Esto comprende al poder político al económico y al sindical. La violencia institucional puede ser directa o indirecta. Y siempre tiene motivaciones raciales religiosas o ideológicas.
La directa, es la ejercida por el Estado democrático a través de sus policías. Es cierto que el Estado tiene el monopolio del uso de la violencia. Pero esa violencia del Estado está limitada por la ley y los DD.HH. Esto significa que el Estado cae en violencia institucional cuando se excede en el uso de la violencia legalmente permitida para controlar el delito, para prevenirlo o para reprimirlo. Estos son los abusos policiales o la mano dura policial.
Pero además de esta violencia institucional directa y abierta, está su versión indirecta, encubierta y disimulada. Ella es la versión de violencia institucional más peligrosa porque esta revestida de apariencia de legalidad. Estamos hablando de la Justicia encargada de controlar los funcionarios públicos (Fuero Penal Económico) y de los Organismos de Control de los tres poderes del Estado. En especial del Jury de Enjuiciamiento de Magistrados.
Ya en el año 2018, el Informe de la Comisión de expertos del Colegio de Abogados de Córdoba mostraba muy altos niveles de desconfianza de los cordobeses en su Justicia. Y el más alto de esos niveles de desconfianza llegaba cuando aparecía el fuero “penal económico”. En Este Fuero prácticamente no hay precedentes de procesamientos o a indagatorias de funcionarios públicos. Las denuncias pueden dormir años. Jamás un ministro, un secretario de Estado, un director general, un juez, o un legislador. Solo excepcionalmente aparecen investigaciones judiciales imparciales. Y siempre en relación con funcionarios que perdieron protección política.
Es decir, que violencia institucional es la violencia del Estado Democrático ejercida a través de abusos policiales o bien por la vía del encubrimiento y protección judicial al poder político, económico y sindical.
EL CASO MACKENTOR, EJEMPLO DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL
Las victimas del Caso Mackentor hace un año que se presentaron al Jury de Enjuiciamiento de la Provincia de Córdoba, le notificaron del Informe de Fondo 293/21 de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y le pidieron que investigue la conducta de la jueza que declaró la quiebra de Mackentor en pleno conocimiento de que los créditos con los que se peticiono la quiebra, provenían de crímenes de Lesa Humanidad.
El Jury de Enjuiciamiento nada hizo en un año. Su silencio es encubrimiento y encuadra en la figura de complicidad de un Crimen de Lesa Humanidad, en los términos del artículo 25 del Estatuto de Roma.
Esa conducta del Jury de negarse a cumplir con sus obligaciones constitucionales y de modo particular con el mandato de la CIDH, fue a su vez denunciada ante el Fuero penal económico de la Justicia de Córdoba.
El Fiscal en lo penal económico se negó a investigar la conducta de los integrantes del Jury denunciados. Entre los integrantes del Jury denunciados hay un integrante del STJ de Córdoba.
Esa conducta del fiscal en lo Penal económico de negarse a investigar una denuncia en contra de los integrantes del Jury de Enjuiciamiento fue luego denunciada ante el fiscal general de la Provincia de Córdoba, Juan Manuel Delgado.
Delgado se negó a su vez a investigar la conducta del fiscal en lo Penal Económico, quien se había negado a investigar la conducta del Jury de no investigar la conducta de la jueza que declaró la quiebra de Mackentor en base a créditos provenientes de crímenes de Lesa Humanidad.
El fiscal General Juan Manuel Delgado. (Foto: Gentileza).
Estos hechos ilegales fueron denunciados ante la Presidencia de la legislatura de Córdoba, ya que los miembros del Jury integran la legislatura de Córdoba. Y están sometidos a su poder disciplinario. Y la vicepresidenta de la Legislatura de Córdoba, Nadia Fernández, tampoco investiga las denuncias formuladas por víctimas de un crimen de Lesa Humanidad.
Legisladores que integran el Jury que no cumplen con un mandato del investigar del más alto tribunal de América en DD.HH., fiscales que se niegan a investigar esas conductas ilegales de los integrantes del Jury. Un fiscal General que se niega a investigar la conducta omisiva de un Fiscal en lo Penal económico. Una vicepresidenta de la Legislatura de Córdoba que se niega a abrir una investigación sobre la conducta de legisladores que integran el Jury de Enjuiciamiento.
Las integrantes del Jury de Enjuicimiento de la Provincia de Córdoba. En el centro, su titular Julieta Rinaldi (PJ). A la derecha, Silvia Paleo (JxC) y la vocal del TSJ, Aída Tarditti. A la izquierda, Daniela Gudiño (UCR) y Victoria Busso (PJ).
Lamentablemente, todo conduce a que no se cumplirá con un mandato jurídicamente obligatorio del más alto tribunal de América en DD.HH. El caso Mackentor se transforma así en un “caso testigo” de violencia institucional.
Todos los órganos de control institucional en la Provincia de Córdoba, han fracasado. Pero lo que es más grave se han puesto de acuerdo en proteger y defender conductas de legisladores, jueces y fiscales que en los hechos ocultan y silencian actos judiciales de Córdoba que han sido declarados por la CIDH violatorios de la Convención Americana sobre DD.HH.
Mientras todo esto sucede el Ministerio de Justicia y DD.HH. de Córdoba con competencia en la defensa de los DD.HH. de los cordobeses, nada dice. Claro no se trata de victimas militantes del partido gobernante.
Esto es, realmente, “violencia institucional”. Imaginamos la desesperanza de aquellos ciudadanos marginados por la pobreza frente a una estructura estatal como la de Córdoba que garantiza impunidad al poder político, judicial y sindical.
El llamado voto bronca va crecer. Y la Bronca no es solo por la pobreza y la inflación es por la falta de confianza en la Justicia.
* Juan Carlos Vega. UC Córdoba. UC Lovaina. Apoderado de las víctimas de Mackentor.
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