El proyecto de Ley de Reforma Judicial enviado por el Poder Ejecutivo y que busca modificar la organización y competencia de la Justicia Federal obtuvo ayer dictamen de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado y está listo para ser debatido durante la próxima sesión.
La iniciativa contó con el apoyo de los legisladores del Frente de Todos, en tanto que el interbloque de Juntos por el Cambio y sus aliados se opusieron, lo que generó varios cruces con el oficialismo.
El proyecto crea la Justicia Federal Penal, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Penal y Penal Económica.
Entre otros puntos, se prevé la unificación de las Cámaras de Apelaciones y la creación de tribunales orales; se establece que los concursos del Consejo de la Magistratura para cubrir nuevos juzgados deben realizarse por prueba de oposición oral y pública; y se traspasa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio.
No obstante, la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la santafesina María de los Ángeles Sacnun, anunció algunos cambios a la iniciativa original como la de otorgarle mayor transparencia a los sorteos de las causas, que deberán ser filmados; sumar las audiencias públicas a la selección de magistrados; y la no unificación de los fueros Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo.
Sin embargo, no se aceptaron algunos reclamos hechos por senadores del oficialismo, como el puntano Adolfo Rodríguez Saá, que pidió incorporar la exigencia a los jueces de un “plazo determinado para dictar sentencia”, así como “atribuirle la competencia de la Cámara Federal a los Tribunales Orales Federales”.
No obstante, Sacnun recordó que el proyecto que llevarán al recinto la semana que viene podría seguir siendo modificado hasta el momento de iniciar el debate.
Por otro lado, la senadora reconoció que no creía “que con solo esta ley” se solucionarán “las grandes dificultades que tiene la justicia federal, pero este es un paso muy importante” y resaltó el artículo 70 del proyecto que “busca evitar que el Poder Judicial sea presionado por los poderes fácticos de la Argentina”.
El tema también fue mencionado por el presidente de la Comisión de Justicia, el oficialista neuquino Oscar Parrilli, quien dijo “los vimos haciendo eso” en alusión al gobierno de Mauricio Macri.
Además, Parrilli evaluó que el Senado “demostró que no es una escribanía” y que incluso “se introdujeron sugerencias de la oposición, aunque no quieran firmar el dictamen”.
El presidente de la bancada oficialista, el formoseño José Mayans, acusó a Juntos por el Cambio de utilizar la “especulación política” para no acompañar el proyecto y dijo que no perdía “la esperanza de que la oposición cambie su actitud”.
Por su parte, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, reiteró que “acá la justicia se reforma en interés de la política”, que “lo que desvela a los argentinos pasa por una crisis sanitaria y económica asfixiante” e hizo alusión a la movilización del lunes pasado interpretando que “la sociedad se manifestó por el aislamiento, la fatiga social, el dolor en lo económico y esto de ir de cuarentena en cuarentena”.
Naidenoff reclamó “parar la pelota con este proyecto” y le sugirió al oficialismo que “escuchen las demandas de la sociedad para gobernar bien” para luego señalar: “La gran reforma de la justicia penal la firma en soledad el oficialismo”.
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