Este viernes, el gobernador Sergio Ziliotto, a través de la Fiscalía de Estado, presentó una Acción de Amparo -con Medida Cautelar de Innovar- ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para dejar sin efecto en forma urgente la eliminación por parte del Poder Ejecutivo Nacional del “Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País”.
En el texto se advierte que la medida del Gobierno nacional es arbitraria, abusiva y avasalla los elementos esenciales del Federalismo y autonomías municipales.
Dice la presentación que configura una desviación del poder en virtud que se dejarán de ejecutar partidas presupuestarias creadas por ley del Congreso de la Nación por una decisión administrativa arbitraria, ilegitima y carente de todo fundamento, configurándose un caso de gravedad institucional al violentar la división de poderes y relativizar derechos y garantías constitucionales.
Agrega que se trata de una decisión unilateral que desconoce los acuerdos vigentes en la materia, generando un impacto negativo directo sobre los habitantes de la Pprovincia y las pymes pampeanas prestatarias del Servicio Público.
La razón y consistencia técnica de la existencia del Fondo es cubrir la estructura de costos de las prestatarias para que el Servicio Público se encuentre a disposición de los usuarios.
Dice que de modo alguno resultaría efectivo subsidiar la demanda, toda vez que la cantidad de usuarios que la Provincia de La Pampa posee -en virtud de la densidad poblacional- es una limitante para el desarrollo de la actividad de la empresa prestataria, la cual necesita del Fondo para su subsistencia y sostenibilidad de las líneas que aseguran la interconexión de las localidades.
Señala que “no serviría de nada subsidiar al usuario si no existen empresas que quieran y/o puedan prestar el servicio. Más aún, se relativizan derechos básicos de los pampeanos al limitar el ejercicio de garantías constitucionales, libre circulación, igualdad, acceso a la salud, acceso a la educación, a la justicia, entre otros, todo ello bajo el supuesto análisis de ajustes que son distorsionados en tanto no se adecúan a la realidad social y económica de la población”.
Asegura la presentación, que “confunde, en estos parámetros, el gobierno del Estado Nacional privilegios con derechos prioritarios, esenciales y elementales”.
También apunta que “lejos de garantizar una igualdad y un acceso directo de cada uno de los usuarios lo que promueve es una brecha cada vez mayor -hasta el punto de no reversión- de cada uno de los ciudadanos con los distintos sistemas de integración reconocidos universalmente”.
El escrito afirma, por último, que “la provincia de La Pampa no va a permitir el retroceso en políticas de Estado que se han materializado en los últimos años y que benefician indiscutiblemente al pueblo pampeano” y expresa que “circunscribir la existencia del Fondo a una variable meramente económica, no solamente denota la impericia de su tratamiento sino también la falta de conocimiento respecto de los fundamentos y consistencia técnica de su creación”.
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