(Por Samuel Reviglio*) En los últimos años, la ola desmontadora del Gobierno de Córdoba trató, de manera incesante, enmascarada en mejorar la conectividad y el tránsito vehicular, de convencer a los cordobeses que desmontar cientos de hectáreas de Bosque Nativo en excelente estado de conservación (en Categoría I ROJA, de la Ley de Bosques 9814), es la mejor opción para llegar rápido, rapidísimo a casa.
El masivo rechazo ciudadano, puso freno a las topadoras de la “Autovía de Montaña” en Punilla.
No satisfechos con su sed desmontadora, en agosto y diciembre del año pasado, el Ejecutivo cordobés presentó dos proyectos (25761/E/18 y 27063/E18) de Ley de extensión y “Nueva Traza” de la Ruta 34 “Altas Cumbres” en Traslasierra. Esto amenaza el poco y bien conservado Bosque Nativo traslaserrano, una propuesta amante de las líneas rectas, que desconoce por completo el paisaje y relieve de nuestro ondulado valle.
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Los proyectos son de los denominados genéricos, no cuentan con información adicional, que permita determinar fehacientemente qué propiedades y qué superficie de las mismas serán afectadas, menos aún cual será el impacto ambiental de la traza.
Es la misma situación que se dio en la cuestionada y finalmente desestimada traza de la denominada “Autovía de Montaña”, cuya “declaración de utilidad pública y sujetos a expropiación” se avalaba en una Ley dictada diez años antes, en la cual la Legislatura autorizo a expropiar todas las superficies necesarias para realizar la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba (RACC).
El proyecto excusado en evitar los centros poblados y reducir en unos muy pocos kilómetros el trayecto, Mina Clavero-Villa Dolores, propone afectar y desmontar no menos de 400 hectáreas de bosque nativo (en Categoría ROJA y AMARILLA) por zonas por las que nunca antes jamás existió un camino.
Desconoce, esta nueva iniciativa, la existencia de la brocheriana y centenaria alternativa a la ruta, por Ciénega de Allende-Altautina, el actual camino secundario s307, con consolidados caminos preexistentes.
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El pasado miércoles 2 de octubre, la Legislatura aprobó la Ley 10.660, desconociendo los argumentos de la oposición y las organizaciones ambientales.
Es una muestra más del reiterado escaso interés del gobierno cordobés por proteger el ambiente, y fomentar dudosos e insustentables emprendimientos inmobiliarios y mineros.
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* Samuel Reviglio es licenciado en Ciencia Política (UBA), asesor de la legisladora provincial Carmen Nebreda, e integrante del Foro Ambiental de Traslasierra.