La Justicia Federal dictó un fallo que suspende el decreto 461/2025, mediante el cual el Gobierno nacional ordenaba la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, un organismo autárquico creado hace más de 93 años. La resolución, emitida por la jueza Martina Forns del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº2, responde a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional, que cuestionó la legalidad del cierre y sus posibles impactos en los trabajadores.
En su fallo de nueve páginas, la magistrada argumentó que la Ley Bases (Nº 27.742) no otorga al Ejecutivo facultades delegadas para disolver un ente como Vialidad, creado por ley. Forns advirtió que la aplicación del decreto representaba un “riesgo cierto de daño inminente e irreparable” para los trabajadores, con posibles “traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamientos funcionales” en un organismo técnico que requiere autonomía para cumplir sus funciones.
La jueza también señaló que el artículo 32 del decreto violaba los convenios colectivos de trabajo y normas constitucionales al condicionar la estabilidad laboral del personal a decisiones administrativas futuras. “Toda disposición administrativa que altere o desnaturalice tal garantía convencional constituye una afectación directa al principio de irrenunciabilidad de derechos”, afirmó, declarando nula cualquier medida que vulnere estos derechos.
Por otro lado, la justicia laboral de la Ciudad de Buenos Aires se declaró incompetente ante un amparo presentado por el Sindicato de Trabajadores Viales de la República Argentina. El juez Pablo Candal, titular del Juzgado del Trabajo Nº23, remitió el expediente al Fuero Contencioso Administrativo Federal, por considerar que se trata de una cuestión de derecho público vinculada a la Administración Pública Nacional.
El Gobierno nacional, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, anunció este jueves que apelará la decisión judicial. En su cuenta de X, Adorni expresó: “El Gobierno apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional”. El Ejecutivo justificó el cierre del organismo, dispuesto el pasado 8 de julio, argumentando un supuesto ahorro anual estimado de 100 millones de dólares. Según Adorni, las funciones de Vialidad serán absorbidas por la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte y dos unidades dentro del Ministerio de Economía, una en la Secretaría de Transporte y otra en la de Obras Públicas.
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