Marisa Haedo ha dado conferencias sobre comunicación política en diversos países del continente. FOTO: Cumbre Mundial de Comunicación Política, Colombia. 8 de junio de 2017.
Comenzó a prestar servicio el 1 de enero de este año, pero su contrato se formalizó recién el 31 de marzo. Se llama Marisa Haedo, es “especialista en comunicación”, y se desempeña dentro de la Secretaría de Modernización, Comunicación y Desarrollo Estratégico de la Municipalidad de Córdoba, bajo las órdenes del titular de esa área, el ex viceintendente Marcelo Cossar.
Su tarea es el “asesoramiento comunicacional político en la definición y selección de los targets de receptores de comunicación”. Además tiene a su cargo el “diseño de las estrategias de comunicación de la gestión municipal; selección y propuesta de la agenda de temas de comunicación publicitaria y sus mensajes de transmisión; selección de argumentos, tonos e imágenes comunicables para publicidades y para las acciones de redes sociales; y la elaboración de un nuevo manual de estilo gráfico, entre otras”.
Todo ello aparece debidamente detallado en el primer considerando del Decreto de aprobación del Contrato de Locación de Obra suscrito entre esta asesora y el municipio, por la suma de un millón ochenta mil pesos por un año ($1.080.000).
Esto implica, que una asesora de un secretario cobra 90 mil pesos por mes de bolsillo, es decir, 54,5% más que los 58.245 pesos que gana su jefe, Marcelo Cossar. E incluso los honorarios de la especialista superan en 32% los 65.151 pesos que gana el propio intendente Ramón Mestre, máxima autoridad del Palacio 6 de Julio.
Arriba y abajo, facsímil del millonario contrato entre Marisa Haedo y la Municipalidad de Córdoba.
QUIÉN ES MARISA HAEDO
El texto del decreto al que tuvo acceso ENREDACCIÓN y que lleva la firma de Marcelo Cossar y del viceintendente en ejercicio de funciones de intendente, Felipe Lábaque, argumenta que la contratación “resulta conveniente teniendo en cuenta la amplia experiencia y capacitación de la contratada”.
El decreto fue firmado por el funcionario Marcelo Cossar y el viceintendente a cargo del Ejecutivo, Felipe Lábaque.
Es posible que no haya exageraciones en este párrafo, al menos en lo relativo al palmarés de Haedo, quien forma parte del equipo del reconocido politólogo cordobés Mario Riorda.
En su CV, Haedo se autodefine como “creativa, publicista, diseñadora gráfica, redactora y editora de contenido, directora de arte, asesora comunicacional, y consultora en imagen”.
Por si faltaran avales, asegura haber tenido a su cargo el desarrollo de campañas electorales en Argentina, México, Perú y España. Detalla también su paso por departamentos creativos en agencias de publicidad, destacando su labor como redactora publicitaria, en la “realización de más de 300 guiones para spots de tv, radio y videos institucionales”.
Su contrato con el municipio prevé que el vínculo será “por responsabilidad propia y exclusiva de la contratada”, descartando cualquier relación de dependencia con la Comuna.
Lo cierto y concreto es que en buena medida, sus responsabilidades descritas colisionan con la propia estructura orgánica del municipio, con funcionarios debidamente retribuidos y empleados a cargo.
Dentro de la Secretaría de Modernización, Comunicación y Desarrollo Estratégico, a cargo de Marcelo Cossar, donde se desempeña Haedo, dependen dos subsecretarías. Una de ellas, la de Modernización y Tecnología, se halla a cargo de Luis María Argüello y tiene funciones más bien técnicas.
La otra rama es la Dirección General de Comunicación y Medios, área a cargo de Alejandro Álvarez Nobell ($45.201 de salario neto), la cual eventualmente sería la encargada de desarrollar todas las tareas asignadas a la costosa asesora externa, lo que hace pensar en una superposición o duplicación de funciones.
Bajo la tutela de Álvarez Nobell se halla la Dirección de Prensa y Difusión, a cargo de Sebastián Magliano ($42.718), de quien dependen Florencia Malone ($37.256), subdirectora de Medios Digitales; Marilina Brussino ($37.249), subdirectora de Prensa; y Leandro Sallaberry ($37.501), subdirector de Contenidos.
Una primera lectura sobre este organigrama deja la sensación de que las tareas asignadas a la asesora del millón de pesos se encuentran ampliamente cubiertas por los funcionarios designados por el intendente y por los empleados de planta.
Quizá sea por esa razón que con puntillosidad sobreactuada, el contrato con Haedo y su decreto de aprobación aseguran que “el trabajo encomendado no se superpone ni está en colisión, ni supone interferencias con los que desempeñan funcionarios o personal estable” de la administración.
REPAROS Y OBJECIONES
La continuidad en el vínculo laboral de la asesora del millón pone en alerta no sólo a los dirigentes del SUOEM, sino también a los partidos de la oposición, que entienden que pone al municipio en riesgo ante la posibilidad de un reclamo por vínculo laboral.
“El principio rector de la administración pública para la contratación de este tipo de servicios es la licitación”, según apunta el concejal opositor David Urreta, quien señala, no obstante, que “pueden existir excepciones para la contratación directa, cuando la situación sea de necesidad y urgencia y no sea imputable a la administración, o cuando se trate de servicios esenciales”.
En la visión del concejal de la bancada ADN, lo que han hecho las autoridades municipales es “forzar la normativa para designar a esta persona, diciendo que tiene tales o cuales condiciones y que no puede llamarse a licitación”, según consideró.
El expediente de esta contratación pasó por manos del Tribunal de Cuentas, recibiendo el visado sólo de parte de los tres vocales del radicalismo. No fue el mismo criterio que sostuvo la oposición, que lo devolvió “observado”.
“Cuando hacen este tipo de contratos fraudulentos, a nosotros nos pasan la documentación de manera extemporánea para que no detectemos la situación”, explicó el tribuno Carlos Cajal, asegurando que recibieron el decreto y el contrato cuando éste ya estaba vigente.
En su artículo 95, la Carta Orgánica Municipal es clara al definir las Atribuciones del Tribunal de Cuentas, previendo como la tercera de sus funciones la de “visar, previo su cumplimiento, todos los actos administrativos que comprometan gastos en la forma que disponga la ordenanza”.
Amparándose en esta situación y también en el importante monto de la contratación de Marisa Haedo, tanto Carlos Cajal como la otra vocal, Gloria Iraola Poppe, rechazaron el expediente.
Por otra parte, la sucesión de continuidad en la facturación de la asesora externa, al desempeñarse durante doce meses consecutivos, “pone al Municipio en riesgo de una demanda por relación laboral encubierta”, según apuntó Cajal, quien argumenta que esta persona “se desempeña dentro del municipio, utiliza los teléfonos y las oficina, va a trabajar todos los días”. Todo ello, a entender el tribuno, podría configurar las características de una relación laboral encubierta, “con importantes antecedentes jurisprudenciales a su favor”, citando casos de los municipios de Villa María y de Mendiolaza, que perdieron juicios laborales en similares circunstancias.
Durante la jornada de ayer, el autor de esta investigación intentó infructuosamente comunicarse con el funcionario Marcelo Cossar, para que fundamentara esta contratación. De hecho, a las 17.38 se dejó en el contestador telefónico de la línea corporativa del ex viceintendente un mensaje en el cual se explicitaba el motivo de la consulta, detallando incluso el nombre de la asesora aludida. Hasta anoche a las 22 no recibimos contestación ni explicación alguna.
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