Los banderazos que comenzaron el 20 de junio, y que desde ese momento tuvieron continuidad con el rechazo a cuanto anuncio realiza el gobierno, representan un ensayo de conformación de una base social en estado de permanente activismo. Más allá de mostrar su disconformidad, lo que se propone este sector es desconocer al gobierno y sus facultades constitucionales de administrar la Republica.
El primero de estos banderazos fue para rechazar la intervención de Vicentin. Apelando a la defensa de la propiedad privada, logró alinear al grupo patronal sojero con la dispersión macrista posterior a la derrota electoral.
Continuaron con el rechazo a las medidas sanitarias de la cuarentena, y bajo un argumento de defensa de las libertades públicas reunieron a grupos de terraplanistas, antivacunas, caceroleros, anti alienígenas, anticomunistas, “libertarios” e individuos que se transportan en costosos autos importados, para romper las medidas de cuidado más elementales.
Las marchas efectuadas con frecuencia quincenales movilizan hasta ahora a una reducida cantidad de personas, pero son ampliamente reproducidas en muchos medios de comunicación y redes con el expreso objetivo de mostrar una elevada conflictividad. Ésta es la manera como son percibidas por el núcleo activo de Cambiemos, al cual se estimula a vivir un estado de “furia” crónico.
El plan es algo más complejo que la oposición sistemática que caracterizo sus años 2013/15. No se trata de oponerse y disputar el sentido de la opinión pública -lo que sería propio del juego político democrático- sino empantanar todo, intentar hacer inviables las acciones del gobierno y poner en crisis su autoridad política.
Una acción claramente en esta orientación ha sido el intento de invalidar el funcionamiento de la Cámara de Diputados de la Nación por un pedido de sesiones presenciales, cuando en realidad lo que pretendía imponer es que no se trataran los proyectos con los que no acuerda la oposición.
La denuncia de fraude en las elecciones primarias de 2019 realizada por el Senador Esteban Bullrich se inscribe en el mismo criterio. Mas allá de parecer uno de sus acostumbrados desatinos, es la metodología con la que el aparato comunicacional macrista ha instalado sus operaciones de campañas políticas.
La derecha está utilizando varias formas de desgaste que se han empleado en otros países latinoamericanos. Si es mera coincidencia o un plan sistemático lo veremos con el devenir de sus acciones. Lo que hoy es indudable, es su capacidad de operar con un grupo social como masa de maniobra, ya sea por influencia ideológica o por manipulación, que nunca había tenido y desde la cual pretende arrastrar su caudal electoral.
Su sostenimiento se apoya en la Asociación Empresaria Argentina AEA (Techint, Arcor, Clarín y grupos hiperconcentrados) más el núcleo de la corporación sojera (SRA y CRA) que, al decir de su numen Héctor Magneto, ocupan los cargos superiores de este bloque de poder y que no reconocen otro poder que no sea el propio y desde el cual van a intentar impedir toda reforma que ponga límites a sus privilegios.
Lo principal a tener en cuenta es que ésta política desestabilizadora se sostiene porque la misma es hoy la política de EEUU., y desde su Embajada se digitan las acciones, como ya pasó en cada uno de los países en que se llevaron adelante los denominados golpes blandos.
En resumen la estabilidad democrática en Argentina cuenta hoy con un nuevo problema cual es que un sector de la oposición juega claramente a su desestabilización.
El dialogo impulsado por Alberto Fernández en esta situación puede tener una enorme importancia, para sostener la unidad del Frente de Todos y la capacidad de este de mantener una interacción institucional con los distintos actores políticos, sociales, económicos y culturales, para desarrollar un entramado democrático de la Nación.
Pero lo central estará en construir de manera permanente autoridad democrática a partir de gestar y aplicar políticas públicas que garanticen la vida de las mayorías y el funcionamiento normal del país. Como ejemplo podríamos citar el impuesto a las grandes fortunas, que significa la posibilidad de obtener recursos presupuestarios que permitan llevar adelante hoy las políticas sanitarias que demanda la pandemia y mañana políticas de inclusión y reactivación económica como la construcción masiva de viviendas.
No obstante, la construcción democrática en Argentina no ha sido solamente un proceso legal formal, ha tenido su sostén principal y decisivo en la movilización y conciencia de las mayorías populares.
La derecha sabe que esta enorme reserva política democrática en razón de la pandemia esta dificultada de ponerse en acción, y por eso ha decidido acelerar su marcha.
Con todos los cuidados, y más creatividad, se torna indispensable preparar una demostración de fuerza del pueblo que exprese a todxs quienes defienden la democracia.
* Carlos Vicente es abogado laboralista y autor de “La Universidad en la Primavera Democrática” (La elección de Luis Rebora y la influencia de los ’80 en la política argentina).
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