La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución de fondo (equivalente a un fallo de nuestra Justicia) en contra del Estado argentino por la violación de Derechos Humanos de las víctimas secuestradas, torturadas y desaparecidas en el caso de la constructora MacKentor. Los hechos ocurrieron en Argentina durante la Dictadura cívico-militar de 1976 y sus efectos se prolongan, por la inacción de la Justicia, hasta el presente.
Se trata de una resolución que es de cumplimiento obligatorio para el gobierno nacional. La misma, lleva las firmas de la presidenta Antonia Urrejola; la vicepresidenta primera, Julissa Mantilla Falcón; la vicepresidenta segunda Flávia Piovesan; y los miembros de la comisión, Esmeralda E. Arosemena Bernal de Troitiño, Joel Hernández, y Stuardo Ralón Orellana.
El abogado de las víctimas, Juan Carlos Vega, afirmó, luego de dar a conocer la notificación de la decision de la CIDH, que “se ha hecho justicia después de cuatro décadas de persecución judicial en nuestro país. Lamentablemente, lo que no hizo la Justicia de Argentina, debió hacerlo la Justicia internacional”.
Una imagen del juez Adolfo Zamboni Ledesma. (Archivo).
Agregó que la resolución establece “la responsabilidad institucional del Estado argentino y ordena la reparación integral de las víctimas como consecuencia de actos de los jueces federales de Córdoba que violaron derechos de las víctimas de la causa MacKentor establecidos por la Convención Interaméricana de Derechos Humanos.”
La CIDH analizó lo sucedido con Mackentor en el contexto de la “desaparición forzada de (los abogados) Roberto Juan Carmelo Sinigaglia, Carlos Felipe Altamira, Mario Hernández y Eduardo Sanjurjo, de quienes hasta la fecha no se ha localizado su paradero o sus restos”. Todos ellos, trabajaban o estaban vinculados con el síndico de la empresa constructora, Gustavo Roca.
También ingresan dentro del mismo esquema, el allanamiento ilegal en el domicilio de Gustavo Roca y la escritora Reyna Carranza; la “detención ilegal y tortura” en contra de Julio Héctor Casse, Julio Héctor Casse (hijo), Emilio Sergio Limonti, Lia Margarita Delgado, Emilio Demetrio Virini, Mariano del Valle Ureña, Alberto Tatian, Hugo Taboada, Pedro Eugenio Salto y José Miguel Coggiola; y el “allanamiento ilegal, detención ilegal y tortura” en contra de Carlos Enrique Zambón, Ermenegildo Bruno Paván, Miguel Ángel Roqué, Luis Plácido Paván, Enzo Alejandro Manassero, Lelia Norma Rapuzzi de Manassero (esposa de Enzo), Edgardo Enzo Manassero (hijo de Enzo), Angel Vitaliano Sargiotto, Ramón Walton Ramis y Marta Kejner”.
Mackentor fue una empresa dedicada a la construcción, con sedes en Córdoba y Buenos Aires, que los militares ocuparon el 25 de abril de 1977 con la excusa de que financiaba a una organización guerrillera. Nunca se les pudo probar a sus miembros vinculación alguna con las organizaciones armadas de la época.
La compañía, que tenía como principal accionista a Natalio Kejner, y de la que participaban en la propiedad sus equipos técnicos y empleados, era una poderosa empresa constructora en los años ’60 y ’70, equivalente a compañías como Juan Chediack y algo menor que IECSA del grupo Macri, entre otras. La empresa fue ocupada y vaciada con la concurrencia de militares y la propia Justicia Federal a través del juez Adolfo Zamboni Ledesma. Luego, se produjo, por parte de la Justicia Federal, una fenomenal cobertura del accionar de Zamboni Ledesma y otros funcionarios.
Natalio Kejner. (Foto: Gentileza La Voz).
El caso, evidencia la conexión íntima de los militares con un sector del poder económico de nuestro país, los verdaderos beneficiarios del golpe de Estado ocurrido el 24 de marzo de 1976. El ex jefe del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y sus hombres, actuaron como la fuerza armada desde el Estado en favor de un negocio particular, en este caso del grupo Supercemento. ¿Cuál fue el botín?: el Segundo Acueducto Villa María – San Francisco, una enorme obra pública que Mackentor había obtenido por licitación en 1972 y se negaba a entregar al gigante del sector, que era Supercemento, propiedad del Grupo Macri, Julián Astolfoni y Filiberto Bibiloni. Por ése motivo, la constuctora fue ocupada y sus directivos y empleados, secuestrados, detenidos y torturados. En el medio y en el tiempo, hay que sumarle complicidades del Poder Judicial, por ejemplo, del fallecido juez Adolfo Zamboni Ledesma y otros jueces y funcionarios de la Justicia Federal. La empresa terminó quebrando en 2002 a partir del reclamo de honorarios de integrantes de la propia Justicia
VER Mackentor, el caso que conecta a los militares con un sector del poder económico.
EL INFORME DE LA CIDH
La CIDH concluyó que “el Estado argentino es internacionalmente responsable por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, propiedad privada y protección judicial”.
En su parte resolutiva, ordena “reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe tanto en el aspecto material como moral. Ello, deberá tomar en cuenta las eventuales medidas de indemnización que se hayan otorgado a las víctimas”.
Plantea también “reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe relacionadas con las desapariciones forzadas de Roberto Juan Carmelo Sinigaglia, Carlos Felipe Altamira, Mario Hernández y Eduardo Sanjurjo” y establece que Argentina debe “investigar de manera completa, imparcial y efectiva el paradero de Roberto Juan Carmelo Sinigaglia, Carlos Felipe Altamira, Mario Hernández y Eduardo Sanjurjo, y de ser el caso, adoptar las medidas necesarias para identificar y entregar a sus familiares los restos mortales según sus deseos”.
Finalmente demanda “continuar con las investigaciones de las graves violaciones a los derechos humanos declaradas en el presente informe; y conducir los procesos correspondientes por el delito de desaparición forzada de Roberto Juan Carmelo Sinigaglia, Carlos Felipe Altamira, Mario Hernández y Eduardo Sanjurjo. Dichos procesos deberán de conducirse de manera imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable, con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar a todos los responsables e imponer las sanciones que correspondan”.
El abogado Juan Carlos Vega. (Foto: Mariano Paiz / Archivo).
EL RECLAMO ANTE LA CORTE SUPREMA
Hay que recordar que desde 2019 se encuentran a resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una serie de nulidades presentadas por Vega y la abogada Marisa Bollea, en representación de Natalio Kejner. Las mismas son contra la sentencia del juicio contra el Terrorismo de Estado en Córdoba en 2018. Ese proceso, conocido como el juicio de “La Perla”, que fue uno de los principales campos de concentración establecidos en nuestro país por la Dictadura Cívico-Militar en 1976, incluyó el expediente correpondiente al caso Mackentor.
Las nulidades que debe resolver la Corte son las siguientes:
-De la sentencia del juicio de “La Perla” en lo referido al caso Mackentor, “por violación al Derecho Aplicable y por contradecir la prueba del juicio”.
-De la intervención judicial de Mackentor y “los actos cumplidos por ella y durante ella por ser actos de un crimen de Lesa Humanidad”.
-De “la rescisión del contrato de Obra del Acueducto Villa María – San Francisco. Y del nuevo contrato a favor de Supercemento S.A. (…) y de la compra por parte de Supercemento S.A. de la Fábrica de tubos para conductos de alta presión de Mackentor S.A” .
-De la quiebra de Mackentor, “fundada en créditos por honorarios regulados a favor de los Fiscales Federales de Córdoba en autos “Mackentor c/ Estado Nacional – daños y perjuicios”. También planteó que “se declare la responsabilidad del Estado Nacional por los daños causados a Mackentor S.A. por la intervención judicial. Y de manera solidaria se declare la responsabilidad reparatoria de Supercemento S.A. por ser partícipe necesario en los crímenes de Lesa Humanidad cometidos”.
Además, los representantes legales de Natalio Kejner, pidieron que se “investigue la responsabilidad de los funcionarios judiciales beneficiarios de honorarios con los cuales se peticionó la Quiebra de Mackentor S.A.”
>>COBERTURA
VER Corrupción y Terrorismo de Estado: el caso Mackentor llegó a la Corte Suprema.
VER Caso Mackentor: corrupción, Terrorismo de Estado y jueces que protegieron a sus pares y empresarios.
