La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó un pedido de amparo sindical ante la Justicia laboral para detener el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, impulsado por el gobierno de Javier Milei, que busca restringir el derecho a huelga garantizado por la Constitución Nacional. La acción fue ingresada en el Juzgado Laboral 3, a cargo de la jueza Moira Fullana, y cuestiona la constitucionalidad del decreto desde múltiples perspectivas.
El escrito de la CGT argumenta que la reforma del régimen legal de la huelga no puede realizarse mediante un DNU, ya que debe tramitarse a través de una ley aprobada por el Congreso, respetando el debido proceso legislativo. Además, señala que el decreto contradice la legislación nacional y tratados internacionales de rango constitucional, como los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Convención sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El DNU 340/2025, publicado el pasado miércoles en el Boletín Oficial, introduce modificaciones al capítulo de Convenios Colectivos de Trabajo, redefiniendo los servicios esenciales y creando la categoría de “actividades trascendentales”. Establece que, durante una huelga, los servicios esenciales deben garantizar un 75% de cobertura mínima, y las actividades trascendentales, un 50%. Estas medidas, según la CGT, limitan gravemente el derecho a huelga y debilitan la capacidad de acción sindical, consolidando relaciones laborales desiguales.
La presentación judicial se alinea con el comunicado emitido la semana pasada por la CGT, donde anunció que resistiría el decreto “en los tribunales, en la calle o en los puestos de trabajo” para defender los derechos laborales. La central obrera advirtió que no permanecerá en silencio ante lo que considera una “grave avanzada” del gobierno contra conquistas históricas de los trabajadores.
El DNU 340/2025 remite al polémico DNU 70/2023, que también intentó restringir derechos laborales y fue declarado inconstitucional, dejando inactivo su capítulo laboral. En este nuevo amparo, la CGT sostiene que el decreto de Milei no cumple con los requisitos de necesidad y urgencia exigidos por el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, especialmente en un contexto de normal funcionamiento del Congreso. El texto constitucional establece que el Poder Ejecutivo no puede emitir disposiciones legislativas bajo pena de nulidad absoluta.
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