La CGT Córdoba expresó su profunda preocupación por “la deriva autoritaria que está protagonizando el gobierno nacional al compás del desarrollo de su política económica e iniciativas legislativas. La semana que pasó, en momentos en que se desarrollaba el debate por la Ley Bases en el Senado nacional, se dispuso un gigantesco operativo policial que incluyó detenciones indiscriminadas, agresiones a legisladores y, todo indica, la infiltración de provocadores policiales dentro de las filas de quienes legítimamente protestaban”.
El documento lleva las firmas de los titulares de la central obrera Ilda Bustos (Gráficos), Andrés Colazo (Jockey), y Federico Cortelletti (Judiciales).
Agrega la CGT que “luego asistimos azorados a la sucesión de un tuit presidencial acusando a los manifestantes de “terroristas” que intentaban un “golpe de estado con palos y piedras”. Y al, tristemente célebre, Fiscal Stornelli reaccionar iniciando una causa en la que acusa a los manifestantes de “levantarse contra el orden constitucional y la vida democrática”, pidiendo prisión preventiva para una docena de los detenidos”.
Señala que “como telón de fondo, en la jurisdicción nacional, pesa como amenaza el famoso protocolo de la ministra (Patricia Bullrich) que presta sus servicios a todos los gobiernos ajustadores. Y, como si todo ello no fuera ya mucho, una inédita acusación penal del ministro de Justicia nacional (Mariano Cúneo Libarona) sobre periodistas por informar sobre el escándalo de la retención de alimentos para comedores por parte de la Ministra de Capital Humano”.
Expresa que “todo configurando la aparente paradoja de que quienes llegaron al gobierno en nombre de la libertad están ahora triturando las libertades de prensa, de reunión, de manifestarse, y de peticionar a las autoridades. Sólo aparente decimos, porque las trabajadoras y trabajadores ya sabíamos que detrás de ese discurso de la libertad, sólo se esconde la intención de tener las manos libres para la explotación y abuso sin límites del trabajo y de los recursos naturales de nuestra patria”.
Plantea más adelante que “ningún plan de ajuste cierra sin represión. Pero hay un problema para los ajustadores, estamos en un Estado de Derecho y nuestro llamado es a defenderlo. Es preciso ampliar la unidad de todas las fuerzas nacionales, centrales obreras, partidos democráticos, movimientos sociales, de derechos humanos en torno a la defensa de la institucionalidad democrática, la vigencia de la Constitución nacional y los tratados de Derechos Humanos con rango constitucional”.
Por último, hacen un llamado “a quienes integran la Justicia, en sus diversos ámbitos, para que realicen correctamente su trabajo de hacer prevalecer los derechos. Y no prestarse a las operaciones políticas en las que incurre el Gobierno nacional”.
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