Uno de los principales obstáculos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (1) (ODS) establecidas por la Asamblea de Naciones Unidas en 2015, y que deben ser alcanzadas antes de 2030, es la escasez de agua.
Actualmente alrededor de 2000 millones de personas carecen de acceso a servicio de agua potable en el planeta (2) y en Argentina son 7 millones de personas las que sufren ese flagelo (3). Quienes habitan estos territorios, que suelen ser rurales e históricamente de propiedad colectiva de nuestros pueblos originarios, que vieron durante el pasado siglo perder espacio con la modificación del hábitat por perdida de bosque nativo y lo que éste les proveía y por contaminación, debieron migrar a las ciudades. Esa realidad tiene su correlato con la expansión de los asentamientos precarios y villas de emergencia, conformando una pobreza estructural que encuentra como elemento estructurante de esa condición la carencia de acceso vital al agua potable.
Como respuesta a esta irracional situación del siglo XXI, en Julio 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución A/RES/64/292 reconoció oficialmente el derecho humano al agua y al saneamiento, lo que asume que el agua potable pura y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Ésta resolución insta a los Estados y a las organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a apoyar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a suministrar servicios de agua potable y saneamiento seguros, limpios, accesibles y asequibles para todos.
En Córdoba esta problema tiene sus particularidades que obliga a quienes habitamos estas tierras a ocuparnos en el cuidado y gestión del agua, para poder contar con esta en el futuro. Nuestro territorio es semiárido, las fuentes de agua son reducidas y dependientes de las temporadas de lluvia. Los diques fueron de gran importancia durante los pasados 150 años para abastecer las necesidades de agua que la vida y la producción requirieron, sin embargo los más antiguos como el San Roque (por ejemplo) se encuentran en condiciones que hacen peligrar su principal funcionalidad, abastecer de agua potable.
La pérdida de bosque nativo en los últimos 20 años, agudizan la vulnerabilidad de la Provincia propiciando problemas social ambientales, asociados a la expansión de la frontera agropecuaria, la aplicación de agroquímicos y la urbanización desregulada, reflejando esta combinación la invisibilización que desde las principales esferas institucionales de gobierno se ha tenido en la planificación del territorio, y por tanto, del agua. Como consecuencia, cientos y miles de conciudadanos han sufrido prolongadas sequías, mortíferas inundaciones y la perdida de salud colectiva.
La liberalización del territorio, visto hegemónicamente como un recurso susceptible de explotación para la única finalidad obtención de ganancias, acentúa la concentración de propiedades en un porcentaje reducido de la población. Como contracara acceder a las sierras, a los ríos y a la biodiversidad como satisfactor de necesidades vitales, se restringe al punto que hasta el goce se mercantiliza.
La gestión del territorio, la gestión del agua, sus fuentes naturales y las cuencas hídricas es un tema absolutamente político. La ilusión del progreso mediante la expansión neoliberal de mercados especulativos en la Provincia, se presentan contrariamente como generadores de escasez y por tanto, productores de mercados concentrados y especulativos del agua y la tierra.
En este cuadro de situación, en la Ciudad de Villa Carlos Paz por iniciativa del ex Intendente Estaban Avilés, mediante Decreto 466/2016 se pretende Municipalizar la gestión del agua que desde hace más de 50 años es realizado cooperativamente por la ciudadanía y gestionado por la COOPI (Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos Vivienda y Consumo de Villa Carlos Paz Limitada).
La propuesta del ex intendente (hoy Presidente de la Agencia Córdoba Turismo) que no logró ser aprobada en el Concejo de Representantes en el año 2016 (4), y sostenida por el sucesor en la intendencia Daniel Gómez Gesteira profundizando la incertidumbre respecto a qué pasará con el servicio de agua potable (y los servicios de gas, cloacas, educación y salud) que brinda la COOPI caracterizada por la participación, la diversidad, la pluralidad, y tal vez, lo que podría ser uno de los motivos de dicha iniciativa, la prestación de servicios por sobre la finalidad de lucro. La COOPI cuenta con una valoración positiva de la ciudadanía, de las organizaciones sociales de Punilla y la Provincia, puede mostrar una gestión exitosa en la que cada beneficiario de sus servicios, es también socio de la empresa.
¿Qué hay detrás de ésta iniciativa de Municipalizar? ¿Quién asumiría la gestión del servicio? ¿Quién cuenta con el saber para hacerlo? ¿Por qué no accede al dialogo el actual intendente Gómez Gesteira con la dirigencia de la COOPI? ¿Está la Municipalidad en condiciones de hacerse cargo y sostener en iguales condiciones los servicios que hoy se brindan? ¿Qué sucederá con los 240 trabajadores y trabajadoras? ¿Por qué modificar lo que funciona bien?
Son muchos los interrogantes que no tienen respuestas racionales, pero si respuestas que muestran el interés del Ejecutivo Municipal de Villa Carlos Paz (que tampoco se sabe si representa a otros) ¿Es viable en el imaginario neoliberal que una cooperativa gestione satisfactoriamente el agua potable?
Desde que comenzó la pandemia, el neoliberalismo hace uso del biopoder para controlar la población y expandir su lógica mercantil a los aspectos más sensibles de la vida: la alimentación, la vivienda, la recreación…. ¿puede el agua quedar fuera?
La COOPI representa lo que identificamos en “Córdoba y el derecho a la ciudad” (5) como una contraconducta que ejemplifica como se puede gestionar por una empresa de economía social, cooperativa y participativa un recurso que tiende a ser escaso, producto del laizzez-faire de gestión privada y mercantil del territorio promovido por el Cordobesismo.
Mientras en el 2019 la Provincia le traspasó a la Municipalidad de Córdoba la titularidad del convenio de concesión con Aguas Cordobesas con 20 años de gestión privada afirmando que las inversiones en redes y tratamientos de cloacas lo continuaran haciendo los estados provincial y municipal, sin espacios para la participación de la ciudadanía respecto a lo que ONU considera una Derecho Humano (6); a fines del 2020 el agua comenzó a cotizar en mercados futuros de Wall Stret (7) mercantilizando el agua como el petróleo, y en los próximos días se cumple el plazo que impuso el municipio carlospacense a la COOPI para hacerse cargo del servicio (entre muchas disputas en el país y el mundo) ¿qué hay detrás de las batallas por el agua?
Multisectorialmente se han realizado diversas manifestaciones que demandan al Intendente Gómez Guesteira dialogar con la dirigencia de la COOPI para resolver la situación preservando el derecho humano de la ciudadanía y la experiencia de organización colectiva. Desde una Asamblea Publica Participativa con más 250 exposiciones de académicos, organizaciones sociales y cooperativas realizada durante el 2, 3 y 4 de febrero pasado; manifestaciones públicas de diversos espacios sociales afectados y el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias de Córdoba, acompañamiento de medios de comunicación social y comunitarias, hasta la destacable reunión con el Presidente de la Nación con delegados de la cooperativa (8), entre una larga lucha judicial forman parte de las acciones que buscan torcer la decisión gubernamental.
Durante el año 2000 en Cochabamba (Bolivia) ante la privatización del agua, se dio una revolución urbana por parte de los movimientos indígenas y campesinos, ya que en aquel momento hasta el agua de lluvia era propiedad de la concesionaria del servicio. Si bien, en Carlos Paz por Carta Orgánica no podría privatizarse el servicio directamente (Art. 70 COM), si el Municipio podría crear una empresa estatal que tercerice servicios parcial o totalmente ¿Cuál es la intención del gobierno?
La batalla por la COOPI ¿es parte de la guerra por el agua? ¿Es la reacción de la institucionalidad neoliberal para controlar y disciplinar una gestión que se encuadra en un paradigma de la economía social, participativa y de propiedad colectiva mediante la administración de una empresa cooperativa?
La medida del oficialismo en la Villa turística, deja muchas preguntas. Ojala en los próximos días se materialice el dialogo democrático que se suele proclamar para que el derechos al agua sea una cuestión pública y no una disputa de oscuros intereses.
* Darío Gómez Pucheta es licenciado en Trabajo Social y Doctor en Administración y Políticas Públicas.
CITAS
1) ONU: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
2) 2.000 millones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura (OMS/UNICEF 2019).
3) Ejes del Plan Nacional de Agua: https://www.argentina.gob.ar/interior/plandelagua/ejes#:~:text=Agua%20potable%20y%20saneamiento,r%C3%ADos%20y%20arroyos%2C%20sin%20tratamiento.
4) Carlos Paz: Avilés anunció la municipalización del servicio de agua por decreto https://lmdiario.com.ar/contenido/160/carlos-paz-aviles-anuncio-la-municipalizacion-del-servicio-de-agua-por-decreto
5) Gómez Pucheta, D. (2020) Córdoba y el derecho a la ciudad ¿Quién tiene el poder? Ed. Brujas. Córdoba.
6) La provincia traspasó el contrato de Aguas Cordobesas a la Municipalidad de Córdoba https://enredaccion.com.ar/la-provincia-traspaso-el-contrato-de-aguas-cordobesas-a-la-municipalidad-de-cordoba/
7) El agua no será para todos. https://alreves.net.ar/el-agua-no-sera-para-todos/
8) Alberto Fernández recibió a las autoridades de la Coopi – https://www.mundo.coop/articulos/2-noticias/2618-alberto-fernandez-recibio-a-las-autoridades-de-la-coopi
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