Con la media sanción que tiene el proyecto de ley de adhesión de la República Argentina al Convenio 190 de la O.I.T. (sobre violencia laboral), una vez aprobada y promulgada esta ley, todos los recintos legislativos de nuestro país tendrán en su agenda el tratamiento y aprobación de iniciativas legislativas (ordenanzas municipales, leyes provinciales y una ley nacional), para prevenir, sancionar y erradicar la violencia laboral, un flagelo al que muchos venimos denominando “La segunda pandemia de nuestra Nación”.
Es importante señalar que en Córdoba se han presentado iniciativas legislativas contra la violencia laboral, muchas de ellas de mi autoría como por ejemplo: el proyecto 7432-C-2019 presentado en el Concejo Deliberante por concejales de Unión por Córdoba (hoy Hacemos por Córdoba), el proyecto de ley 18973L16 presentado en la Legislatura de Córdoba presentado por un legislador del Frente de Izquierda, como así también otros proyectos de ordenanzas en concejos deliberantes del interior provincial, como en La Calera por medio de un Concejal de Encuentro Vecinal, en Anisacate (con una concejal del bloque Todos por Anisacate), en Huerta Grande (con Concejales de la U.C.R.), y varios más en curso de presentación.
En nuestra provincia se dio un hecho histórico en el año 2019, cuando el Concejo Deliberante de Río Ceballos aprobó la Ordenanza 2625/19 (contra la violencia laboral), y el Ejecutivo la reglamentó, siendo éste el primer marco legal a nivel Provincial para abordar esta problemática de la clase trabajadora.
Hasta desde la provincia de Entre Ríos se me solicitó colaborar para la realización del proyecto de modificación de la actual ley provincial contra la violencia laboral (que data desde hace más de 10 años), para su actualización. Colaboramos en el armado de la misma, el secretario de Trabajo de Entre Ríos, Emiliano Delgado, miembros de la C.G.T., y otros profesionales del derecho. La iniciativa ha sido presentada por un senador justicialista.
Gratamente recibí esta convocatoria de autoridades de otra provincia, pero en la provincia de Córdoba, donde vivo, hace años que se mantiene cajoneado mi proyecto de ley contra la violencia laboral. El mismo tiene que ser presentado nuevamente por haber perdido estado parlamentario (con algunos cambios que le he implementado), poniéndome a disposición de alguna legisladora o legislador que quiera presentarlo y trabajar para su aprobación.
Deseo resaltar, que los proyectos que pudimos hacer ingresar en el Concejo Deliberante de Córdoba y en la Legislatura Provincial, cuentan con adhesiones de sindicatos, facultades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), de organizaciones religiosas, y de otras Instituciones.
Es necesario por ende, que los concejos deliberantes de nuestra provincia, que nuestra propia Legislatura unicameral y hasta el Congreso, traten los proyectos sobre violencia laboral que han sido presentados, y aprobar mediante el consenso de los distintos bloques políticos partidarios, marcos legales municipales, provinciales y nacional, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia laboral.
La violencia laboral, es una forma de abuso de poder que se lleva adelante de forma sistemática, sobre un trabajador o trabajadora, con la finalidad de someterlo y en muchos casos lograr su renuncia.
Tiene tres modalidades:
-A) Acoso sexual (en el ámbito laboral).
-B) Agresión física (en el ámbito laboral).
-C) Acoso moral o psicológico (en el ámbito laboral).
Existen antecedentes de trabajadoras y trabajadores enfermos, suicidados y muertos por violencia laboral.
El pueblo trabajador, demanda desde hace años a la clase política argentina, que aborde este flagelo. Es necesario entonces, actuar en consecuencia.
* Carlos Emanuel Cafure es abogado laboralista.
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