El fiscal federal Facundo Trotta. Foto: Sebastian Salguero.
“Fíjense la paradoja”, señaló ayer el fiscal Facundo Trotta a los jueces del Tribunal Oral Federal N°2, durante la primera jornada de alegatos del Ministerio Público Fiscal en el juicio contra cuatro ex funciona de la justicia federal de Córdoba, por crímenes contra la humanidad. “Esta causa -continuó- comienza con el documento que indica cómo debían actuar los acusados en este juicio: con un oficio remitido por el fiscal federal de Rawson al fiscal de la Cámara Federal de Córdoba, en el que se pone en conocimiento los hechos denunciados por Fermín Rivera, sobre los crímenes cometidos en la Unidad Penitenciaria N°1, durante su detención”.
Irónicos y enérgicos, rotundos y pasionales, cada vez que fue necesario, los fiscales Trotta y Carlos Gonella expusieron el contexto en el que se cometieron más de 100 hechos, desde antes del golpe cívico militar, y explicaron en qué consistió la complicidad del Poder Judicial. La valoración de la prueba de los fiscales, que representan a las 75 víctimas, continuará hoy. Ya adelantaron que pedirán condenas para los cuatro acusados.
Ayer, en la pequeña sala de audiencias, los escuchaban algunas víctimas y familiares. Y, a pocos metros, cuatro de los hombres más fuertes de la Justicia Federal de Córdoba de los últimos años, ahora en el banquillo de acusados: Antonio Cornejo (ex fiscal federal), Miguel Ángel Puga (ex juez federal N°2), Carlos Otero Álvarez (ex secretario del Juzgado Federal N°1) y Ricardo Haro (ex defensor oficial), acusados por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y las omisiones de realizar la persecución e investigación de delitos, y el cese de detenciones ilegales.
Los magistrados en el banquillo. Foto: Sebastián Salguero.
A diferencia del resto de los juicios de lesa humanidad en Córdoba, esté tiene como principal prueba cientos de documentos firmados por los funcionarios, como el oficio al que se refirió Trotta en su intervención. La denuncia de Fermín Rivera, ex detenido político, que también fue pieza clave para juzgar y condenar a Videla, Menéndez y otros militares en el juicio celebrado en 2010. “El juicio a Videla, en el que se juzgó el fusilamiento de una treintena de presos, es una prueba de que estos funcionarios tenían que investigar”, señaló en otro tramo.
En otro momento, definió el tipo de delito por el que están acusados los ex magistrados. “Debe quedar en claro señores jueces, que en este juicio no estamos juzgando a los acusados por meros olvidos o descuidos en el ejercicio de la función judicial, tampoco por una simple mora en la administración de justicia, no le estamos reprochando a los acusados haber omitido realizar conductas superlativas, heroicas, que exceden el cumplimiento del deber que la sociedad espera de quienes desempeñan una función en la Justicia. Aquí estamos reprochando la ausencia de conductas judiciales obvias, básicas, elementales de cualquier empleado judicial”, dijo y agregó: “De la misma manera, no acusamos porque ex funcionarios no investigaron un hecho aislado o a un autor aislado, estamos diciendo que hubo una omisión deliberada, generalizada y sistemática, de no investigar el terrorismo de Estado, de no investigar crímenes de lesa humanidad”.
Pese a contar con ardua prueba documental, los fiscales también se refirieron a las víctimas. “Los testigos relataron situaciones extremas en los campos de concentración, dijeron que lo primero que esperaban, una vez que eran llevados a la cárcel, era tener un acercamiento a la Justicia, el órgano que debía resguardar sus derechos. Sin embargo, nada de eso pasó”, dijo Trotta.
“Los testigos relataron situaciones extremas en los campos de concentración, dijeron que lo primero que esperaban, una vez que eran llevados a la cárcel, era tener un acercamiento a la Justicia, el órgano que debía resguardar sus derechos. Sin embargo, nada de eso pasó” (Facundo Trotta).
OTROS PEDIDOS
Los fiscales alegaron por todas las víctimas y deberán evaluar 118 hechos. A los ex magistrados Cornejo y Puga se les atribuyen siete hechos, por los delitos de “abuso de autoridad y omisión de perseguir a los delincuentes”, señaló Gonella. Haro suma ocho delitos de abuso de autoridad. El que más acumula es Otero Álvarez, con 92 hechos, por abuso de autoridad y omisión de hacer cesar una detención ilegal.
Las víctimas que estaban imputadas en esa época por infracción a la ley 20840 permanecían bajo su custodia. No obstante, no tomaron en cuenta las denuncias que los presos políticos efectuaban durante las indagatorias que les realizaban en los juzgados y en las cárceles.
Los días 10 y 11 de octubre próximos expondrán los abogados defensores Carlos Lescano Roqué y Ángel Ignacio Carranza (Cornejo y Puga); Julio Deheza y Marcelo Brito (Otero Álvarez) y Benjamín Sonzini Astudillo (Haro). En tanto que el lunes 23, se llevaran a cabo las réplicas entre las partes. Se estima que el 6 de noviembre los imputados tendrán la oportunidad de ejercer el derecho a la última palabra para luego dar paso a la lectura de la sentencia.
El juicio comenzó el 25 de julio con bajo perfil y escasa trascendencia mediática. Gracias al accionar de la corporación judicial, los acusados evitaron ser juzgados en 2010 junto a Videla y Menéndez.
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