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En estos  últimos días, se viene escuchado en distintos medios, la clara  intención que tendría el gobierno nacional, de avanzar en una reforma laboral en la Argentina.

La idea, sería llevar adelante entre otras medidas,  un eventual blanqueo (es decir, un perdón a las multas y sanciones que fija la Ley Nacional  de Empleo 24013), y también sacar a dichos empleadores del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (por tener trabajadores no registrados), que entre otras cosas les impide contratar con el Estado.

Estaría la intención de achicar el costo laboral (es decir, reducir los aportes patronales a los sindicatos y las alícuotas a las aseguradoras de riesgo de trabajo, entre otras medidas). Se plantearía un recorte de  las cargas sociales sobre los salarios, y revisar el funcionamiento de las obras sociales sindicales; como así también establecer mecanismos para bajar el ausentismo. Se apuntaría además a flexibilizar los Convenios Colectivos de Trabajo. También incluirían algunos cambios sobre monotributistas, autónomos, pasantías y ver la posibilidad de legislar sobre formas laborales no reguladas en la actualidad, como son  el  teletrabajo o nuevas categorías laborales.

Nada de esto sorprende, en un gobierno que desde que inició su mandato,  incumplió sus promesas de campaña hacia los  trabajadores.

Cumplió casi inmediatamente sus promesas electorales con el campo, las mineras, el empresariado, pero incumplió su  promesa de campaña cuando dijo “En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto  a las ganancias”…

Se inició desde hace un tiempo,  un notable proceso de estigmatización sobre los trabajadores y sobre sus legítimos reclamos laborales,  como sucedió en Buenos Aires con los maestros, con los trabajadores Cresta Roja y los de Pepsico, entre otros. Aquí en  Córdoba, se recibieron duras e injustas críticas a los trabajadores de la Epec y a los municipales por tener salarios dignos (como si eso fuera un delito),  a los choferes de transporte urbano de pasajeros y las trabajadoras de los trolebuses que reclamaban por sus paritarias (terminando en este último caso con delegados desaforados por el no acatamiento de la Conciliación Obligatoria, trabajadoras y trabajadores despedidos), entre otras situaciones penosas.

A lo largo de todo el país, se vienen sufriendo innumerables casos de despidos de trabajadoras y trabajadores en distintas actividades, y no se le pone un freno a esta situación desde el poder político.

¿Acaso no fue este el gobierno que prometió pobreza cero?  ¿Éstas son sus políticas para bajarla? ¿No fue también este gobierno el que prometía no venir para sacarle nada a nadie? ¿Este el cambio que se prometió o  estamos frente a un nuevo relato?

Sumado a este difícil cuadro de situación, los trabajadores vemos a una CGT casi virtual o insignificante, que ya no defiende a nadie ni cumple función alguna para la que fue creada, quedando los trabajadores solo protegidos por sus propios Sindicatos y los jubilados librados al azar… “No hay nada peor, que aquellos que con sus palabras dicen defender a los trabajadores, y con sus hechos los traicionan…”.

Todos deseamos que a quien gobierne le vaya bien, sea este o cualquier gobierno. Lo que bajo ningún concepto se puede permitir, es firmarle un cheque en blanco al gobernante que esté al frente,  para que haga lo que quiera a su antojo  y sobre todo en desmedro de  su  propio pueblo.

Hay que hacerles recordar en algún momento,  que son nuestros representantes y administradores temporarios en el poder. No son los dueños de nuestras vidas y de nuestros destinos.

En las elecciones, es cuando el pueblo debe aprobar o reprobar una gestión.

Votemos a conciencia y sobre todo con mucha memoria.

El futuro de este país depende solo de nuestras decisiones, es decir, de votar dirigentes políticos con conciencia social y que busquen sacar este país del pozo, o votar a nuestro próximo verdugo.

CARLOS EMANUEL CAFURE

Abogado

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