La serie de frases que el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, desglozó en Entre Ríos, sobre la reestructuración de las deudas locales, impactó en Córdoba, aunque el funcionario no haya nombrado a la provincia ni al gobernador Juan Schiaretti: “Lo importante -continuó- es que la provincia (de Entre Ríos) defienda los intereses de los ciudadanos y se enmarque dentro de lo que la Nación puede sostener y no aceptar lo que dictan los acreedores de turno, que prestaron a una tasa alta tomando un riesgo, o peor aun compraron deuda muy barato y eso les da un retorno extraordinario. Lo que hacemos es trabajar en forma coordinada, entre provincias y Nación. (…) Algunas provincias miran el corto plazo, en cambio otras actúan con más paciencia de una forma más sensata y tomándose más tiempo para que la propuesta sea sostenible y eso es lo que la Nación fomenta”.
El destinatario del planteo fue el gobierno de Córdoba, que acaba de avanzar en un gravoso proceso de reestructuración de 1.685 millones de dólares de deuda pública, a un interés promedio de 6,08% (Antes era de poco más del 7%), el doble del 3,07% que acordó Nación en la renegociación con los bonistas privados de 2019. A su vez, la única ventaja que surje del trato con los bonistas es precisamente de corto plazo y consiste en que la administración del gobernador Juan Schiaretti no deberá pagar un vencimiento de capital de 715 millones de dólares previsto para junio de 2021.
De hecho, como señaló el legislador radical, Marcelo Cossar, la provincia terminará pagando 205 millones de dólares extras en 2029, cuando finaliza el pago de los bonos cordobeses.
Justamente, uno de los puntos que prioriza Nación es la sostenibilidad de la deuda, es decir las posibilidades de re-pago de la acreencia sin poner en riesgo las finanzas públicas. Esto ocurre cuando los convenios incluyen tasas de interés por encima del crecimiento de la economía.
“Le agradecí públicamente al gobernador (el entrerriano Gustavo Bordet) por haber, junto a provincia de Buenos Aires y Chaco, adherido a los lineamientos de sostenibilidad en los cuales se basó la reestructuración de deuda del soberano (es decir el Estado nacional), dijo el ministro.
Guzmán afirmó además que “existen acreedores con demandas irrazonables y no entienden las restricciones” del país y de la provincia de Entre Ríos, al hacer referencia al proceso de reestructuración de deuda que lleva adelante la provincia mesopotámica.
“Hay acreedores con demandas irrazonables y no entienden restricciones”, dijo Guzmán, para luego enfatizar que “son los mismos acreedores que prestaron a tasas altas porque había un riesgo”.
El ministro disertó esta tarde en la sede Paraná de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), en el marco de una visita realizada a la provincia mesopotámica junto con el titular de la cartera de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.
Guzmán aludió de esta forma a la presentación judicial que realizó en Nueva York un grupo de acreedores para reclamar el pago de intereses a la provincia de Entre Ríos.
La semana pasada, un grupo de acreedores, liderados por Beauregarde Holdings LLP, presentó ante la Corte Federal de Manhattan una demanda por el impago de intereses del Bono ER 25.
El bono, que fue emitido en 2017, tiene un capital de US$ 500 millones, pagadero en tres amortizaciones en 2023, 2024 y 2025 y una tasa de interés de 8.75%.
Guzmán continuó con su argumento de las tasas altas que exigieron los acreedores en el pasado por el riesgo implícito que padecía la provincia, y agregó que “ese riesgo se materializó, porque el modelo económico que se implementó entre 2016 y 2019 no funcionó”.
“Y mientras -agregó-, la provincia actúa sobre la base de la buena fe que significa proponer sobre la mesa algo que sea sostenible”, explicó el funcionario a los alumnos de dicha universidad.
En tanto, el Gobierno de Entre Ríos denunció haber sufrido “amenazas y requerimientos inflexibles” de parte un grupo de inversores privados que decidieron litigar contra la provincia ante tribunales internacionales para cobrar US$ 11,9 millones de un cupón de intereses vencidos del Bono ER 25.
“La Provincia (de Entre Ríos) lamenta que los inversores hayan designado a una firma de abogados de Nueva York como su interlocutor en lugar de un asesor financiero como es práctica de mercado, lo que hubiera facilitado el análisis de las cuentas públicas provinciales entre especialistas en economía y finanzas, y no en litigios”, señaló el gobierno entrerriano en un comunicado tras la presentación judicial.
La comunicación oficial también lamentó “que (los acreedores) en cada ocasión que han tenido oportunidad han optado por amenazar a la provincia y sus funcionarios con el inicio de acciones legales”.
“Esto confirma que la intención de dichos inversores fue siempre la de litigar si la provincia no se rendía a sus amenazas y requerimientos inflexibles en un brevísimo lapso de tiempo”, aseguró la provincia que gobierna Gustavo Bordet.
A mediados de diciembre, Entre Ríos presentó su última oferta mejorada de reestructuración en la que propuso un nuevo bono con vencimiento en 2030 y que devengará un cupón anual del 2% el primer año (0% era en la propuesta anterior), y luego aumentará hasta el 6,75% (desde agosto de 2024 hasta la fecha de liquidación).
En consecuencia, con la última propuesta aún no acordada, el cupón promedio sube al 5,49%, dejando atrás la anterior oferta del 4,35%, efectuada en noviembre.
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