Juicio a magistrados que tuvieron intervenciones en la dictadura militar Argentina.
El Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba comenzará a escuchar hoy a los ex detenidos políticos de la Unidad Penitenciaria N°1 (UP1) que declararán como testigos en contra de cuatro ex funcionarios judiciales, acusados de cometer delitos de lesa humanidad. Los imputados son el ex juez federal Miguel Ángel Puga, el ex fiscal Antonio Cornejo, el ex defensor oficial Ricardo Haro y el ex secretario penal del juzgado N°1 (luego el juez Federal) Carlos Otero Álvarez.
El martes de la semana pasada, en una audiencia que se prolongó por más de seis horas, los cuatro acusados escucharon las acusaciones en su contra. Hoy, en la segunda audiencia, tendrán la oportunidad de decir su descargo ante el tribunal. Luego comenzará la ronda de testigos, con la declaración de tres ex presos políticos: David Lanuscou, Gloria Di Rienzo y Miguel “Vitín” Baronetto, uno de los querellantes que inició la denuncia por la complicidad de los magistrados con la dictadura cívico-militar.
La denominada causa de “Los magistrados” investiga los delitos de “incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento” cometidos contra 75 víctimas, entre ellos los fusilamientos en falsos intentos de fuga a una treintena de presos políticos de la Unidad Penitenciaria N°1 (UP1), hechos por los que fueron condenados el ex dictador Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, entre otros, en 2010. Gracias a la reticencia de sus colegas jueces a investigar la responsabilidad judicial, los hoy acusados evitaron sentarse en el banquillo aquella vez, y ser fotografiados con los jerarcas de la dictadura. Este es el noveno juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en Córdoba.
La acusación está a cargo del Fiscal Carlos Gonella y su par Facundo Trotta. En el requerimiento fiscal también había sido imputado el ex defensor Luis Eduardo Molina, quien fue apartado del proceso por razones de salud. Sin embargo, en las declaraciones que comenzarán a escucharse hoy su nombre aparecerá de manera reiterada. Otro nombre que seguramente resonará en la sala de audiencias es el de Luis Rueda, actual titular de la Sala A de la Cámara Federal de Córdoba, una de las dos máximas autoridades de la justicia local. Al igual que el imputado Otero Álvarez, Rueda era secretario penal, pero del Juzgado Federal N°2, aunque no fue procesado junto con sus ex colegas.
LOS TESTIGOS
“En el año 1979 Molina me fue a entrevistar a la cárcel de La Plata. Me dijo ‘te conseguí la libertad. Pero vas a seguir preso a disposición del PEN’”, declaró durante la instrucción Lanuscou. Había sido secuestrado en Córdoba y torturado en el D2 de Informaciones junto a su esposa, el 25 enero de 1976. “Yo ya había denunciado los golpes y las torturas que recibí en el D2 a Molina, cuando me entrevisté por primera vez y él me dijo: Es mejor que te hagan una causa, porque es muy peligroso salir ahora, corrés peligro de muerte”.
La causa en contra de Lanucou por asociación ilícita recayó en el juzgado de Adolfo Zamboni Ledesma (ya fallecido) cuyo secretario era Otero Álvarez. Ante ellos, contó que el tiempo que pasó en el D2 “fue víctima de múltiples apremios ilegales consistentes en golpes por todo su cuerpo y amenazas de muerte. También lo ataron con sogas y ahogaron con agua y toallas. Que siempre lo tuvieron con los ojos vendados por lo que le resultaría difícil reconocer a sus torturadores”, sus denuncias nunca fueron investigadas. Por el contrario, Zamboni Ledezma viajó hasta el penal de La Plata y lo sometió a un careo con un policía.
El testigo contó que tanto Zamboni, como Puga y Otero Álvarez acudían a “una sala en la cárcel” a tomar las declaraciones. En la acusación, los fiscales sostienen que a pesar de las denuncias de los detenidos, “no se observan ni constan diligencias posteriores de investigación de los graves delitos denunciados por el ciudadano David Antonio Lanuscou; de tal forma estos hechos llegados a conocimiento del encartado Otero Álvarez importan la omisión de quien está obligado por su profesión o empleo a dar cuenta a la autoridad la comisión de un delito, habiéndose abstenido de hacerlo”.
David Lanuscou tambíen fue querellante en la causa por la apropiación de los hijos adoptados por Ernestina Herrera de Noble. En ese expediente se sospechaba que la hija adoptada por quien fuera dueña de Clarín podía ser su sobrina Matilde, secuestrada cuando tenía cinco meses junto a sus padres.
Mientras estuvo detenido, Vitín Baronetto también denunció las torturas que recibió en el D2. Contó, incluso, que le hicieron tocar “algo” y que los policías le decían que eran los dedos de su hija. Él y su esposa, Marta González, permanecían encapuchados. Su abogado defensor era Luis Angulo, actual ministro de Derechos Humanos de la provincia y reconocido defensor de presos políticos durante la dictadura. Pese a los esfuerzos de Angulo, sus denuncias no prosperaron. Marta González fue sacada de su celda en la UP1 con la excusa de un traslado, y fusilada junto a otros presos, el 11 de octubre de 1976. El fusilamiento nunca fue investigado.
Baronetto fue uno de los que, en septiembre de 2007, presentó la denuncia contra las autoridades judiciales.
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