Los diputados nacionales del bloque Córdoba Federal (Carlos Gutiérrez, Natalia De la Sota e Ignacio García Aresca) y la senadora nacional, Alejandra Vigo, no apoyarán ni el pedido de juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia ni el que presentó la UCR contra el presidente Alberto Fernández.
“Tanto el Gobierno como la oposición son irresponsables, porque saben que no tienen ni cerca los votos para impulsar un juicio político”, aseguró el diputado Gutiérrez, el principal vocero y operador nacional del gobernador cordobés.
Este martes el presidente Alberto Fernández y doce mandatarios provinciales del peronismo decidieron impulsar el juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Consideran que incurrieron en “mal desempeño de sus funciones” en el fallo que favoreció a CABA y que obliga al Estado nacional a incrementar la masa de fondos coparticipables que gira a la capital argentina.
Por su parte, la UCR también impulsa un juicio político, en este caso contra el presidente Fernández, por “desobedecer” el citado fallo de la CSJ.
No es casual la posición de Schiaretti, que trata de diferenciarse del Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC) detrás de su objetivo de proyectarse al escenario nacional. En este caso, no ha sido más que un posicionamiento general a través de Gutiérrez, porque considera que ni unos ni otros tienen capacidad para alcanzar su objetivo y es, por ahora, una “batalla” propagandística.
“Están sobreactuando. Alberto Fernández inauguró el año sobreactuando para tratar de quedar bien con su vicepresidenta. Mientras que la UCR impulsa un juicio político contra el presidente sabiendo que no tiene ninguna chance de alcanzar la mayoría agravada”, explicó Gutiérrez.
LA HISTORIA DEL CONFLICTO
En septiembre de 2020, el gobierno nacional decidió restar por decreto el 1,18% de la coparticipación a Caba, para transferir esos recursos directamente a la provincia de Buenos Aires, gobernada por el cristinista Axel Kicillof. Lo hizo dando marcha atrás a un decreto del ex presidente Mauricio Macri del 18 de enero de 2016 (Decreto N°194/2016), que incrementaba a partir del 1° de enero de ese año, del 1,4% al 3,75% la participación que corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por la coparticipación federal de impuestos. Luego, debido a las protestas de los gobernadores, el ex presidente argumentó que lo había hecho para financiar la transferencia de la Policía Federal a CABA. Posteriormente, en el marco de las políticas de ajuste fiscal, el gobierno de JxC bajó a 3,5% el porcentaje para la principal ciudad del país. Por lo tanto, la decisión del gobierno nacional dejó la cuota de recursos en 2,32%.
Más tarde, el oficialismo nacional logró aprobar, con apoyo de Córdoba Federal, una iniciativa que reducía otro punto a la coparticipación de CABA, que de este modo volvió a niveles Pre-Macri: 1,32%.
La CSJ hizo lugar el mes pasado a una medida cautelar que presentó el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y dispuso que la administración nacional pase a girar el equivalente al 2,95% de los fondos recaudados por el Estado nacional, esto es, 1,63 puntos porcentuales por encima de la cifra que percibía.
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