Durante la gestión de gobierno nacional anterior se vino instalando y profundizando a pasos agigantados en distintos puntos de la República Argentina, una nueva forma de flexibilización laboral que comienza a poner en riesgo de extinción, la actividad que prestan taxis cordobeses puntualmente (transporte público automotor municipal).
Las apps extranjeras de transporte de personas, apuntan a brindar la prestación de un servicio (no regulado legalmente por parte del Congreso Nacional – al tratarse de materia de fondo-), de transporte automotor de personas, que se publicita y/o contrata por medio de programas electrónicos, sistemas informáticos, redes sociales y aplicaciones para teléfonos móviles y tabletas electrónicas (que no son ni de taxis, ni de remises).
Se trata, en su mayoría, de empresas multinacionales extranjeras que desembarcan especialmente en aquellos territorios en los que desde el propio Estado no se visibiliza una firme protección de las fuentes de trabajo y de los derechos laborales que tienen los taxis locales, considerando que los mismos se encuentran garantizados no solo por las leyes laborales vigentes, sino también en la Constitución Provincial y en la Constitución Nacional.
También avanzan en territorios en los cuales quienes legislan (especialmente en los concejos deliberantes), no presentan y aprueban ordenanzas que prohíban el desembarco de este servicio (sobre el que no existe aún legislación nacional), hasta que el Congreso como dijimos anteriormente, legisle específicamente sobre esta materia.
Pero si hay algo que resulta muy llamativo y preocupante, es que en la ciudad de Córdoba se haya contactado a distintos concejales, justamente para presentar un proyecto de ordenanza municipal que apunta a estos fines (de mi autoría), y hasta ahora ha quedado demostrado que existe una notable falta de voluntad política de presentarlo.
Me pregunto si no existe en la Ciudad de Córdoba un solo concejal, que quiera presentar un simple proyecto de ordenanza para proteger el sector de taxis y remises.
Quienes legislan, ocupan bancas legislativas para representar al pueblo.
¿Para la política cordobesa, los taxistas y remiseros no son ciudadanos, no son parte del pueblo cordobés, no son los que a través de los impuestos que tributan, pagan también sus salarios?
¿En el interior provincial, tampoco hay concejales interesados en defender el sector de taxis y remises locales? Quienes sí lo quieran hacer, pongo a su disposición mi proyecto de ordenanza (sobre el que se pueden hacer las mejoras que crean necesarias).
Desde los concejos deliberantes y desde los municipios se debería proteger sin matices la actividad de los taxis y remises (que se encuentra regulada mediante la Ordenanza pertinente), la que muchas veces no alcanza para defender a los taxis, de estas apps extranjeras.
Hay que señalar, que quienes ejercen el transporte automotor de pasajeros por fuera de la ley, sin habilitación municipal, que es publicitado por cualquier medio de programas electrónicos, sistemas informáticos, redes sociales y aplicaciones para teléfonos móviles y tabletas electrónicas; generan una clara competencia desleal en relación al servicio legal que brindan taxis y remises en Córdoba.
Eso sucede, debido a que los primeros no invierten, no trabajan dentro del marco legal vigente para la actividad; no tienen que circular las 24 horas del día (los 365 días del año incluyendo sábados, domingos y feriados); no tienen radio; GPS; botón de pánico; ni inspecciones municipales; cualquiera se sube o se baja del auto; evaden impuestos; tienen enormes hechos de inseguridad en todo el mundo, poniendo en riesgo no solo el propio sistema de transporte automotor municipal, sino fundamentalmente a miles de fuentes de trabajos, lo que es inadmisible e inaceptable.
No se sabe si cuentan con seguros que cubran los riesgos de las personas transportadas, por lo cual ni los conductores, ni estas empresas de transporte automotor de pasajeros por plataforma electrónicas, serían eventualmente responsables solidarios por los daños que ocasionen durante la prestación de este servicio ilegal a usuarios o terceros, no tributan impuestos y/o tasas provinciales y/o municipales.
La clase trabajadora en Córdoba y en el interior de nuestra provincia, exhorta y reclama a quienes legislan en los Concejos Deliberantes y a quienes gobiernan en los respectivos Ejecutivos Municipales que hagan cumplir la ley, pero que además, avancen en todas las medidas que sean necesarias para defender el trabajo local; pues, en definitiva, entre otras razones, para eso son representantes del pueblo y ese mismo pueblo que los votó, es quien paga sus salarios.
* Carlos Emanuel Cafure es abogado laboralista. Asesor legal del Sindicato de Peones de Taxi de Córdoba. Escritor. Autor de iniciativas legislativas a favor de la clase trabajadora.
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