El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julián López, se reunió con Juan Carlos Vega, uno de los abogados de las víctimas del caso “Valle Ambrosio c. Argentina”. El funcionario provincial se comprometió a organizar un nuevo encuentro durante el curso de la presente semana para brindar las respuestas del Poder Ejecutivo.
En la oportunidad, Vega, experto en el sistema interamericano de derechos humanos, le transmitió los alcances e implicancias para Córdoba del fallo dictado por el máximo tribunal supranacional continental.
Según expresó Vega a ENREDACCIÓN, propuso al ministro López la conformación de una comisión conjunta de víctimas y gobierno para definir cuatro puntos:
-Fecha de circulación de la sentencia.
-La reparación debida a las víctimas por el error judicial.
-Adecuar el ordenamiento jurídico de Córdoba a los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo el llamado fuero anticorrupción.
-Investigar la responsabilidad de los funcionarios del gobierno provincial que generaron esta condena en contra de Córdoba.
Cabe recordar que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró que el sistema procesal penal de la provincia de Córdoba y la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) son violatorias de los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos y ordena “reparar” esa situación. En otros términos, el derecho violado es el de poder recurrir un fallo ante una instancia superior, lo que en la jerga judicial se denomina casación. El fallo es de cumplimiento obligatorio tanto por parte del gobierno nacional, como del gobierno provincial. Las víctimas son Julio César Ramón del Valle Ambrosio y Carlos Eduardo Domínguez Linares.
Vega le planteó a López que “la Sentencia dictada por la Corte Interamericana de DD.HH. el 22 de julio del 2020 en el caso “Valle Ambrosio”, no es una simple recomendación ni un consejo. Es de cumplimiento obligatorio por parte de la provincia de Córdoba”.
De este modo, según explicó Vega a este medio, el gobierno de Córdoba “tiene la obligación de publicar íntegramente la sentencia, de reparar a las víctimas y de adecuar su ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales en DD.HH. Tiene un año de plazo para cumplir con este pliego”.
Puntualizó también que “si Córdoba decide no cumplir íntegramente con esta sentencia y continua sin modificar su Código Procesal y el Superior Tribunal de Justicia continua aplicando una atrasada doctrina jurídica en materia de recursos de casación, será nuevamente condenada a nivel internacional. Porque la Corte Interamericana tiene competencia a fin de verificar el cumplimiento de su sentencia”.
Además, explicó que “lo más importante es que un eventual incumplimiento de esta sentencia internacional incidirá directamente en la Tasa Riesgo de Córdoba. Y ello quiere decir en los intereses que deberá pagar la provincia y el municipio de Córdoba a la hora de restructurar su deuda pública externa serán más elevados”.
El representante de las víctimas, dijo que “la Corte Interamericana asume esta posición porque Córdoba incumplió con el mandato de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Hubo imprudencia o incompetencia de los funcionarios responsables. El ex ministro de Justicia y Derechos Humanos y actual miembro del TSJ, Luis Angulo, fue notificado por la CIDH, en 2013, que Valle Ambrosio y las demás víctimas tenían razón. Durante 7 años las victimas golpearon la puerta y no las recibió. Las victimas pedían una reparación y la primera cosa que pedían, era que se publicara que eran inocentes”.
La segunda cuestión sucede en mayo 2020, “cuando la Corte Interamericana le manda un oficio al TSJ pidiéndole que le mande copia en el caso. La respuesta del TSJ fue que no se las iban a mandar porque estaban imposibilitados por la pandemia. Ese oficio fue firmado por el vocal del TSJ, Sebastián López Peña. Todo ello desencadena la acción de la Corte”.
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