En general, menos información, es más impunidad y aumento de los privilegios. Es una especie de regla matemática de las sociedades. Desde el martes 26 de mayo, el Ministerio de Salud de la provincia, a cargo de Diego Cardozo, ha dejado de informar de manera regular y diaria, como lo hizo desde el inicio de la pandemia, sobre la información epidemiológica general y particular (los brotes) relacionada con el coronavirus. Ahora, sólo lo hace de modo general. El resultado, lamentablemente, será el que establece la fórmula citada.
Parece ser una consecuencia colateral de la multitudinaria marcha de los médicos en reclamo de insumos y protección adecuada para realizar su tarea diaria y contra la imputación y persecución judicial a dos profesionales médicos del geriátrico de Saldán: el director médico, Marcelo Santiago Lázaro y el médico de la residencia, Lucas Figueroa. Cabe acotar que en Saldán se produjeron 65 contagios y 9 muertes por COVID-19.
Un viejo dicho popular dice “más vale tarde que nunca”. Y es cierto. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la CTA-Autónoma habían realizado distintas denuncias sobre la precarización laboral de los equipos de profesionales de la salud y la falta de insumos para la protección personal, pero en general, habían pasado desapercibidas. Este fin de semana, el reclamo copó las calles de la capital provincial y el pliego de los profesionales de la salud pasó a ocupar el centro de la agenda.
Como en todas las actividades, procesos y profesiones, las generalizaciones suelen servir para ocultar la verdad. Que dos médicos sean imputados no quiere decir automáticamente que todos los médicos sean perseguidos, pero también puede ser el inicio de una persecución.
Veamos: es llamativo que sólo estén acusados los médicos y el dueño del lugar no tenga ninguna responsabilidad, sobre todo, si la base de la imputación -como señala la Ministerio Público Fiscal- es que no se respetaron los protocolos sanitarios que debían ponerse en marcha frente a la pandemia. Que no sea médico y que haya un director médico, no significa que no sea responsable de la salud de los residentes o de los resultados de la gestión de la residencia. Se trata del propietario, del dueño de los recursos para que se pongan en marcha o no las medidas. Todo el mundo sabe que el titular del geriátrico es Rafael López Peña, padre del vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Sebastián López Peña. Por lo tanto, naturalmente, se alimentan sospechas de protección judicial y persecución. En una Justicia fuertemente sospechada de depender del poder político, ¿quién puede creer lo contrario?
De este caso, hay otras preguntas sin respuesta: ¿Las autoridades de aplicación (el Estado) no tienen ninguna responsabilidad de que no se hayan respetado los protocolos biosanitarios para hacer frente a la pandemia? ¿Quién controló el geriátrico para saberlo? Es también llamativo que no haya responsabilidades en este territorio.
Este medio publicó la siguiente información el 16 de abril: Luego de los contagios en Saldán, la provincia prohibió las visitas en todos los geriátricos a partir de hoy.
Significa que el Estado provincial reaccionó luego de ocurrida la crisis del geriátrico de Saldán extremando las medidas de seguridad. Antes de ello, no lo había hecho.
Por lo tanto, la primera impresión de este hecho, es que el “hilo” parece haberse cortado por su lado más delgado.
¿Qué sucedió ahora? El gobierno decidió ocultar un tramo de la información oficial sobre el desarrollo de la pandemia. ¿Por qué? ¿Para auto protegerse? ¿Para proteger a empresas privadas del sector salud? ¿Para proteger a familiares de la Justicia? ¿Para proteger a “amigos”? Son todas preguntas que, por el momento, no tienen respuesta.
Aquí cabe señalar, que el Estado tiene obligación de brindar información oficial de modo oportuno, en razón de los derechos de libertad de expresión y a ser informados que tienen todos los ciudadanos. Son derechos humanos y tienen rango constitucional. No pueden ser eludidos.
Gracias a la necesidad de brindar información frente a la magnitud de la crisis sanitaria, el reclamo de distintos organismos nacionales e internacionales en ese sentido, y la posición original del Ministerio de Salud local, las autoridades sanitarias dieron a conocer hasta este lunes información oficial de calidad (general y particular). Ello permitió conocer a diario y en el tiempo, sobre lo que sucedía, con orden, organización y detalle. Así, en lo esencial, hemos podido conocer todos los ciudadanos, como no se respetaron los protocolos sanitarios establecidos por el COE (Comité de Operaciones de Emergencia) en el Hospital Italiano y otros datos que permitieron a la población componerse sobre cómo actúa esta enfermedad.
VER Las razones por las que se desató el brote del Hospital Italiano.
El Hospital Italiano de Córdoba.
Y aquí vale otra disección para evitar generalidades: no es lo mismo contagiarse o contagiar, que actuar con negligencia, como sucede cuando existe una regla para evitar que suceda algo y no se la cumple. Cualquiera se puede contagiar porque el virus se transmite. No es un delito contagiar o contagiarse salvo que se actúe sabiendo que se lo hace -porque la persona está enferma y transmite a sabiendas- o que pueda estar haciendo su tarea sin los recaudos obligatorios para su actividad (por ejemplo, un médico que no se pone barbijo cuando atiende a un paciente enfermo).
Contagiarse o contagiar sin saber que se está enfermo no es el foco de la acción informativa. Sucede y sucederá. El punto que es de interés público, es saber qué sucede, dónde se produce, cómo pasa, quiénes están involucrados y las razones de lo que está ocurriendo. Lo que es de interés público, es la información; y la información es necesaria para el debate social, que es la base de la toma de posición frente a los acontecimientos sociales.
Obviamente que, en guerras y epidemias, hay miedo a la muerte. Y el “portador” de lo temido muchas veces genera, en los otros, las peores reacciones. Lo hemos visto con un muchacho que se contagió de coronavirus en el Mercado Norte y sus vecinos querían quemarle la casa donde vivía. Pero, vale recordar, que el ser humano es un animal que asienta sus decisiones sobre la razón. La información es uno de los alimentos de la razón. La desinformación, por añadidura, lo es del costado primitivo. Sin información no habrá menos acciones “animales”, sino más de ellas. A la par, que los sistemas mejoran su funcionamiento frente al control de la sociedad. Sin información, por lo tanto, desaparece el control.
Como está claro que los médicos reclaman justicia, no impunidad, sería deseable que el Ministerio de Salud de la provincia dejara de ocultar información epidemiológica como lo hizo en las últimas dos jornadas y regresara al anterior procedimiento.
QUÉ OCULTA EL MINISTERIO
-La información epidemiológica particular de los brotes. En este momento, los del Mercado Norte y el Hospital Italiano. A ambos, los encubre dentro de los casos generales.
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