Las muertes de un número todavía indeterminado de bebés en el hospital Materno Neonatal de la Ciudad de Córdoba es un horror que abrió una crisis que recién empieza y cuyo desenlace es difícil de precisar todavía.
La decisión del gobierno provincial de tratar de acomodar los hechos a su conveniencia chocó con las emociones de una sociedad como la argentina que tiene a los niños y sus madres en un lugar central. Esa cuestión y no otra es la que ha limitado el margen de maniobra del oficialismo provincial en este caso, exponiéndolo como un elefante en un bazar.
Cabe recordar que la investigación judicial se focaliza en este momento en la muerte de cinco bebés, pero la cifra final aún no ha podido ser establecida. Según dijo el fiscal Raúl Garzón, en el período marzo-junio de 2022 hay un total de 12 fallecimientos bajo la lupa judicial. Además, en las últimas horas se agregó una nueva ventana de tiempo a la averiguación y es saber si hubo casos similares en 2021. La Justicia trabaja sobre dos hipótesis para explicar lo sucedido: Asesinato o mala praxis. Hasta ahora, no hay imputados en la causa.
El fiscal Raúl Garzón que recibió la causa a partir de una extraña denuncia de un particular terminó acumulando el expediente pese a que la fiscalía de Jorgelina Gutiez ya investigaba desde dos meses antes los casos de dos bebés fallecidos en el Hospital. Garzón es un fiscal de fluido diálogo con el oficialismo y en “la interna” de tribunales es ubicado junto a uno de los fiscales Generales Adjuntos de la Provincia, José Antonio Gómez Demmel, que a su vez es uno de los hombres del gobernador Juan Schiaretti.
Que la causa recaiga en Garzón es, por lo tanto, un primer dato de la preocupación que genera en el oficialismo este escándalo.
La segunda muestra de pánico, fue la de definir el viernes, que tanto el fiscal como el Ministerio de Salud dejarían de brindar información sobre el caso.
A ello se suman una serie de torpezas. Desde la explosión del caso en el sistema de medios de la provincia, el gobierno no ha parado de cometerlas. Básicamente porque la crisis comenzó con el Ministerio de Salud intentando imponer su relato a partir de una investigación interna por sobre la actuación de la Justicia, que luego mutó en un discurso espejo entre los dos actores y que este martes debió separarse a partir de la irrupción de protestas de familiares, el enojo de la opinión pública y la puesta en escena unificada de la oposición de Juntos por el Cambio (JxC). Las primeras versiones, tanto del hecho, como de la posible autoría de los asesinatos por parte de una enfermera integran el arsenal operativo del gobierno, pero no tienen aún reflejo judicial concluyente, al punto que por el momento no hay imputados.
El grado de intimidad es tal, que el fiscal Garzón asumió desde el principio la versión del Ministerio de Salud, de que son cinco los bebés muertos pese a que en el período marzo-junio de 2022 hay, al menos, doce casos, según admitió el propio funcionario judicial. Pueden ser más, porque en pocos días otros padres que perdieron a sus hijos han comenzado a denunciar sus casos. También porque nadie analizó aún lo sucedido en 2021 y, según se cree, habría hechos similares.
La crisis adquiere un tamaño mayor al habitual porque toca el corazón de la sociedad. También porque llamativamente, las torpezas han expuesto los vasos comunicantes entre la Política y la Justicia y la lentitud del sistema judicial en avanzar en la investigación. La sospecha de que de este modo algo se intenta ocultar o a alguien se intenta proteger, hace que la silenciosa bronca social haya desnudado al Poder y haya debilitado la confianza en el gobierno provincial.
En cualquier lugar del mundo con una Justicia independiente del poder político, los dichos del ministro de Salud Diego Cardozo y los comunicados de prensa vía Twitter que emitió esa dependencia del gobierno, indicando que hay fallecimientos desde marzo de este año; diciendo que fueron investigados internamente y que se produjeron desplazamientos de personal; y admitiendo que no hubo denuncia judicial, hubieran motivado una imputación. Todo funcionario público está obligado por ley a efectuar la denuncia ante la presunción de un delito. Aquí no sucedió la denuncia judicial del gobierno ni la apertura de una investigación puntual por parte del fiscal sobre el accionar oficial. De hecho, las dos causas que se abrieron en la Justicia fueron en razón de la negativa de un médico de firmar dos certificados de defunción (junio de 2022) y de un particular no identificado que se presentó ante Garzón (julio de 2022).
[COBERTURA]
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