El Gobierno nacional anunció este martes un aumento del 30 por ciento en el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMNV), que en febrero alcanzará los 180.000 pesos y en marzo, 202.800 pesos, una medida que para un sector del sindicalismo es “criminal e inaceptable” en un contexto de alta inflación. Cabe señalar que la inflación acumulada de diciembre 2023 y enero 2024 llega a 50,1%.
La decisión gubernamental se conoció cinco días después de que fracasara la reunión del Consejo del Salario, donde las centrales obreras habían reclamado una suba del 85% que llevara el salario mínimo a 288.600 pesos en marzo próximo.
“No se ha logrado que las partes se pongan de acuerdo por la discusión del Salario, Mínimo, Vital y Móvil. El Gobierno debe laudar entre las partes y fijar un salario mínimo. El mismo quedó fijado para febrero en 180.000 pesos y en marzo, en 202.800 pesos”, destacó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa matutina en Casa Rosada.
La medida del Gobierno representará en marzo un alza del 30 por ciento, en dos pagos, en el Salario Mínimo tomando en cuenta el haber correspondiente a enero, fijado en 156.000 pesos.
El ministro de Economía, Luis Caputo, había anunciado este lunes en una entrevista la decisión gubernamental de incrementar el Salario Mínimo, al igual que otorgar una recomposición de un 30 por ciento para los jubilados y pensionados.
Se trata “sólo un valor de referencia” porque no se pusieron de acuerdo los sindicatos y las empresas, agregó el funcionario en una entrevista televisiva.
“Los juegos del hambre. Esta es la puntada final de la maniobra concertada entre el Gobierno y los empresarios para hundir el Salario Mínimo, Vital y Móvil debajo de la línea de indigencia. Absolutamente criminal e inaceptable”, opinó, por medio de un mensaje en su cuenta personal de la red social X, el diputado nacional Hugo Yasky (Unión por la Patria), que también es secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
El Consejo del Salario, que integran representantes del Gobierno nacional, las cámaras empresarias y las centrales sindicales CGT y CTA, se había reunido el jueves último, pero tras más de cuatro horas y dos cuartos intermedios no alcanzaron un acuerdo acerca del aumento que debía aplicarse al Salario Mínimo.
Al finalizar el encuentro, la CGT denunció que el Gobierno había hecho “fracasar la reunión” con el “único objetivo de boicotear cualquier posibilidad de acuerdo”.
En un comunicado, la CGT indicó que -junto a las dos CTA- había llevado como propuesta al Consejo “un 85% de aumento sobre el último monto a partir del 1 de febrero”, lo que fijaba una base salarial en 288.600 pesos.
Las cámaras empresarias rechazaron ese nivel del incremento, indicó la CGT, que, sin embargo, no responsabilizó al sector empresario del desacuerdo sino al Gobierno, porque “evitó por todos los medios posibles que la reunión se desarrollara con normalidad”.
“La irresponsabilidad social puesta de manifiesto por la Secretaría de Trabajo no hace más que confirmar la absoluta ajenidad del Gobierno frente al drama social que atraviesan los argentinos”, afirmó el documento de la CGT.
Por su parte, el cosecretario general de la central obrera, Héctor Daer, había considerado lo ocurrido el jueves en el Consejo del Salario como “una ruptura histórica” de una instancia de negociación “que siempre ha sido un instrumento que permitió el diálogo tripartito”.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en los últimos dos meses relevados (diciembre y enero) el Índice de Precios al Consumidor registró una suba de 50,1 por ciento.
Además, el costo de la Canasta Básica Alimentaria subió 18,6% durante el primer mes del año, informó el Indec. Así, una familia tipo, integrada por dos adultos y dos menores de edad, necesitó percibir ingresos por 285.661 pesos para no caer en una situación de indigencia.
También en enero, una pareja con dos hijos debió tener ingresos por 596.823 pesos para no ubicarse por debajo de la línea de la pobreza, según el costo de la Canasta Básica Total (CBT).
Un estudio publicado el sábado por el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) indicó que la pobreza alcanzó en enero al 57,4% de la población (unas 27 millones de personas), mientras que el 15% de quienes habitan el país (7 millones de personas) vive en la indigencia.
Adorni, en tanto, dijo que el Gobierno avala que las paritarias salariales sean “libres” entre empleadores y trabajadores, y ante una consulta acerca de si el Gobierno estima que al finalizar el año los salarios le habrán ganado a la inflación, respondió que la puesta en vigencia del DNU 70/2023, cuestionado en la Justicia por diversos sectores sociales, entre ellos el sindical, y la llamada Ley Ómnibus, cuyo tratamiento fracasó en la Cámara de Diputados, eran “piezas clave para avanzar con celeridad” hacia ese escenario.
Además, en la conferencia de prensa, Adorni cuestionó las medidas de fuerza anunciadas para los próximos días por distintos gremios en reclamo, principalmente, de aumentos salariales. “Puedo decir que hubo mucho silencio por muchos años y están despertando ahora. Es difícil comprender qué los duerme y qué los despierta a los gremios”, sostuvo el vocero presidencial.
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