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El Gobierno cerró el Centro Cultural de la Memoria de la ex Esma y ATE denunció militarización y despidos

Trabajadores del área de DD.HH. del gobierno en una asamblea de protesta por los despidos en el sector.

Decenas de trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fueron impedidos de ingresar al Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti este jueves. El centro situado en el predio donde funcionó la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura cívico-militar fue cerrado por la administración del presidente Javier Milei. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció la militarización del Estado y despidos en el área de Derechos Humanos a partir de la medida tomada por el Ejecutivo.

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“El secretario de Derechos Humanos (Alberto Baños) hace saber a todo el personal del Centro Cultural Haroldo Conti que se procede al cierre del mismo a partir del día 2 de enero de 2025. Ello a efectos de velar por una adecuada reestructuración interna, rearmado de equipos de trabajo y análisis de la programación del año entrante, El personal queda EN GUARDIA PASIVA en sus respectivos domicilios, atentos a convocatorias que se cursaran por etapas a los fines aludidos. Muchas gracias”, comunicó oficialmente el gobierno el 31 de diciembre a los trabajadores de esa dependencia.

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Agentes de la Policía Federal fueron ubicados en el ingreso al edificio con un listado de nombres y apellidos de los trabajadores despedidos. A todos ellos, alrededor de medio centenar, se les prohibió ingresar. La situación fue denunciada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

El Centro Cultural, un espacio de difusión y promoción de la cultura, la educación y los derechos humanos que fue creado en 2008 como un organismo público dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Su nombre rinde homenaje al escritor secuestrado y desaparecido desde 1976: Haroldo Conti.

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También fueron cerradas las puertas del Archivo Nacional de la Memoria, institución que custodia documentación utilizada como prueba en los juicios por delitos de Lesa Humanidad, cometidos durante la dictadura militar.

Por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció la militarización en espacios de Derechos Humanos luego de que efectivos de la Policía aparecieran con listados de trabajadores de dicha Secretaría para comunicar despidos cuando comenzaba una asamblea en el lugar. “En este inicio de año se profundiza el desguace y el desmantelamiento de áreas claves del Estado. Esto ya pasó con la dictadura y lo vivimos durante el macrismo. Volvió a llenarse de policías la Administración Pública y son ellos con listados en las manos quienes comunican las cesantías”, denunció Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Nacional.

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“Y pensar que muchos se asombraron cuando decíamos que la motosierra tiene que empezar a apuntar en otra dirección y cortar otras cabezas. El Gobierno decide que este sea un año marcado por una fuerte conflictividad en el Estado. Por estas horas llueven cartas documentos de despidos. La motosierra sigue cortando con exclusividad a los trabajadores y jubilados”, agregó el dirigente.

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En este marco, el secretario General de ATE Nacional afirmó que “para los estatales, cambió el año, pero no cambió la crueldad, la persecución y la violencia del Gobierno. Siguen extorsionando y despidiendo de manera ilegal y masiva. Quieren barrer con la memoria de nuestro pueblo y destruir todas las políticas de derechos humanos. Tenemos que impedirlo. Tenemos que defender nuestra memoria colectiva”.

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