Me pregunto: ¿cuándo los gobierno provincial y nacional van a poner en marcha con medidas concretas, lo que disponen la Constitución de la Provincia de Córdoba (artículo 58) y la de la Nación (artículo 14 bis in fine), respecto del acceso a la vivienda para los ciudadanos argentinos? Se trata de un derecho humano que debe ser respetado.
El derecho al acceso a la vivienda se encuentra también estipulado en normativas de rango internacionales, entre los que se puede citar: el artículo 25 inciso uno, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda…”; el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas…”; el artículo 27 (inciso tres) de la Convención sobre los Derechos del Niño; el artículo 14 (inciso h) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; artículo quinto (inciso c) de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; el párrafo 61 del Programa de Hábitat (Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos), entre otros.
Debemos recordar a los gobernantes, que la Constitución Nacional también habla del derecho a la igualdad de los ciudadanos (artículo 16). De su texto, se deduce que en Argentina no debe haber ciudadanos de primera, de segunda o de tercera clase, aunque en la práctica así nos sentimos tratados.
Genera una profunda decepción la clase política argentina, tanto la oficialista como la que se dice opositora, pero que poco hace en la práctica para solucionar muchos problemas reales que tenemos los ciudadanos.
No existen verdaderas políticas de Estado que permitan al trabajador acceder a la vivienda familiar, de modo que la clase media argentina se convierte en una fábrica de inquilinos.
Es gracioso y hasta absurdo ponerse a estudiar las inalcanzables líneas de créditos hipotecarios que ofrecen tanto los bancos estatales como los privados, cuyas condiciones terminan siendo tan burocráticas y con requisitos tan difíciles de cumplir, que sólo muy pocos las toman.
Los trabajadores quieren pagar su casa, y no lo pueden lograr porque los gobernantes se lo impiden.
En un país con tantas riquezas y posibilidades de vivir con dignidad, parece que trabajar es considerado un castigo.
En un país con tantas riquezas y posibilidades de vivir con dignidad, parece que trabajar es considerado un castigo.
De lo contrario, no se entiende por qué los trabajadores no tengamos acceso a la vivienda, o porque nos confiscan nuestros salarios con el nefasto Impuesto a las Ganancias; o porque nos reprimen por ejercer el derecho a huelga, como ha pasado en muchas oportunidades.
¿Dónde van a parar nuestros impuestos y qué se destinan las sumas multimillonarias que se descuentan por el Impuesto a las Ganancias?
¿Por qué no vuelven a los trabajadores argentinos en forma de planes de viviendas populares?
La clase política argentina sigue en deuda en este y en muchos otros derechos constitucionales que tenemos los argentinos.
* Carlos Emanuel Cafure es abogado.
