Después de las idas y vueltas de 2019 para no votar al Frente de Todos, parece que Juan Schiaretti ha diseñado su nuevo sitio político. Ha decidido colocarse en el borde derecho del PJ Nacional, por fuera del Frente de Todos, y desde allí fijar posiciones en las palabras y con hechos que tensionen el curso de las acciones del gobierno de Alberto Fernández.
El punto más claro en este sentido, fue la posición asumida frente a la cuestión del Grupo Vicentin. En primer término, le otorgó legitimación como escenario determinante a la reunión con las corporaciones agropecuarias en la Sociedad Rural de Jesús María, en la que éstas, cual “patrones de estancias”, ordenaron a los diputados y senadores por Córdoba que votaran en contra al proyecto de expropiación cuando éste llegara al Congreso Nacional. En segundo lugar, cuando su bloque legislativo hizo público su rechazo a la expropiación de Vicentin en el marco del banderazo del 20 de junio y en coincidencia con el anuncio de la UCR-PRO. Desde ésta posición presionaron sobre el gobernador de Santa Fe para que presentara una propuesta que dejara de lado la expropiación.
Ya había tenido una posición similar cuando a fines de 2019, desde la Sociedad Rural de Río Cuarto, llamó “a cuidar el campo” ante la decisión sobre las retenciones del Gobierno de Alberto Fernández.
Pero este comportamiento lo viene reiterando en temas fundamentales de su administración.
En una actitud lindera con la provocación a las medidas protectorias que durante la pandemia se llevan adelante, aprovechó la situación de cuarentena de la población para hacer aprobar en la Legislatura Provincial una reforma al sistema jubilatorio, que bajó los haberes entre un siete y nueve por ciento y modificó condiciones en perjuicio de cien mil pasivos y doscientos mil activos. Hizo votar mediante un trámite legislativo exprés la armonización del sistema previsional, que las movilizaciones de los sindicatos del sector público habían impedido en el 2008 y 2012.
En la misma sintonía que su jefe político, el intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora, usó similares métodos y condiciones para, primero, bajar en un quince por ciento los haberes de los empleados municipales a través de una modificación del estatuto laboral y luego despedir 147 trabajadores contratados precariamente.
Las dos normas legislativas (provincial y municipal) fueron sancionadas en una semana, en la cual el Gobierno Provincial cambió el nivel de la cuarentena (la retrotrajo a nivel 1), prohibiendo la circulación y reunión de personas, tras lo cual fueron detenidos y procesados por manifestarse en la calle decenas de activistas y dirigentes sindicales.
Éstas dos medidas, además, de ser claramente inconstitucionales (violan el principio de progresividad garantizado por el Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales incorporado por el art.75, inc. 22 de la Constitución Nacional), en términos de gestión expresan un modelo de ajuste que invariablemente hace pagar los costos de la situación económica-social a jubilados y empleados públicos.
El argumento empleado por el Gobernador siempre ha sido el mismo: bajar salarios y jubilaciones de los trabajadores públicos para achicar el déficit de la Provincia en línea con los consejos de la Fundación Mediterránea. Pero las causas reales del déficit fiscal de Córdoba hay que buscarlas en el endeudamiento en dólares (de 2.740 millones) que contrajo en el periodo 2016/19 con la autorización de Macri, lo que sumado al alza de la cotización del dólar en el último periodo del gobierno macrista la convirtió en “insustentable” para una provincia que recauda en pesos. Esto entronca con un problema de más largo plazo, cúal es el desfinanciamiento del Estado Provincial llevado adelante por el “Cordobesismo” durante dos décadas con la baja de impuestos a los sectores que concentran la propiedad rural y la eximición de tributación a las empresas extranjeras.
En todas estas cuestiones, Schiaretti tiene coincidencias conceptuales con la UCR-PRO que hace esfuerzos vanos por quedar más a la derecha y que además tiene la facultad de fragmentarla discrecionalmente como ya hizo en las últimas elecciones.
Parado en el borde derecho, Schiaretti mantendrá su rechazo irreductible a Cristina Fernández de Kirchner, tensionará hacia el interior del PJ, y por transitividad hacia el Frente de Todos, presionando por los intereses de su verdadero grupo de pertenencia que es el bloque agro-financiero de la Región Centro.
* Carlos Vicente es abogado laboralista.
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