El legislador Marcelo Cossar (UCR) volvió a criticar la gestión del gobierno provincial frente a la pandemia de coronavirus. Lo hizo durante la sesión legislativa de ayer, al fundamentar un pedido de informes al Ministerio de Salud de la provincia.
Dijo el dirigente radical que “ahora, cuando van por más restricciones, cuando necesitamos más que nunca de la confianza pública para asegurar las políticas sanitarias y la sobrevida, ahora, es cuando más necesitamos saber la verdad. La información pública les pertenece a los ciudadanos, no a los funcionarios. El acceso a la información pública es un derecho humano fundamental que garantiza otros derechos. La transparencia no nos hace débiles, nos hace fuertes. Nos deben datos públicos. Nos deben la verdad”.
Luego, Cossar afirmó que “nos deben vacunas. En febrero, el gobernador Juan Schiaretti, anunció la compra de vacunas y la vacunación del 70% de la población. Eso representa vacunar 2.700.000 personas, es decir, aplicar 5.400.000 dosis. A la fecha, se han aplicado, en total, solo 864.970 dosis. Nos faltan, todavía, aplicar 4.535.030 dosis de vacunas. Y a pesar de que todavía no tenemos la totalidad del personal de Salud inmunizado, hay 1.350 vacunados VIP en la lupa de la Justicia, que todavía no puede saber por qué se vacunaron antes que el resto”.
También apuntó que “nos deben testeos; deben respuestas al personal de salud, que realizó un paro reclamando mejores condiciones para continuar afrontando la lucha en la primera línea; y nos deben respuestas sobre recursos públicos del Fondo Covid 19. Nunca rindieron cuentas de los gastos en duda, de las compras públicas y contrataciones que se efectuaron el año pasado y las que hace muy poco incluyeron cifras millonarias por la compra de semen y que nos dijeron solamente que fue un error”.
Por último cuestionó que “el Ministerio de Salud, al frente de todas políticas sanitarias de emergencia en Córdoba, y el Ministerio de Educación que hasta hace muy poco se subordinaba a las decisiones del COE, ahora curiosamente quieren delegar en los intendentes la decisión de suspender las clases presenciales”.
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