El abogado brasileño-español, Rodrigo Tacla (44) afirmó en una entrevista que concedió ayer al diario El País de España que el gigante constructor brasileño pagó coimas en doce países por más de 2200 millones de dólares desde 2006, esto es unas tres veces más que las admitidas por el titular de la empresa, Marcelo Odebrecht. También aseguró que el circuito de corrupción comenzaba durante la campaña electoral, a través de Joao Santana, y se cerraba con la llegada del político patrocinado del que se tratara al poder, momento en el que éste devolvía los favores (financiamiento de la campaña) con obras. Tacla trabajó hasta 2016 como abogado del Departamento de Operaciones Estructuradas de la compañía, una hermética unidad de negocios especializada en comprar voluntades.
¿Qué tiene de particular este testimonio? Describe cómo funcionaba el sistema montado por Odebrecht para hacer negocios en los diferentes países y, también, porque pone al publicista político, Joao Santana, en el centro de la escena.
En Argentina, Santana participó activamente en tres campañas electorales del ex gobernador, José Manuel De la Sota. La última de ellas, en las PASO 2015, donde el dirigente cordobés se enfrentó con Sergio Massa.
Por su parte, Odebrecht obtuvo en 2016 un contrato por 3.756 millones de pesos para construir seis gasoductos en la provincia de Córdoba (Oeste, Punilla II, Anillo Córdoba y Gran Córdoba, Centro, Ruta 2 y Sureste). La obra fue adjudicada a través del decreto 80/2016 del 17 de febrero del mismo año, y al igual que el contrato, fue firmado bajo la administración del actual gobernador, Juan Schiaretti. Los trabajos deberían estar terminados en el primer semestre de 2018.
De la Sota había abandonado su tercer período como gobernador el 10 de diciembre de 2015, sin embargo la licitación para esta obra fue convocada dos meses antes, en octubre de 2015. Lleva el número 61/2015.
Lo cierto es que el ex gobernador tenía una mención lateral en el caso Odebrecht. Marisa Moura, la mujer de Santana reconoció que con su marido recibían “los pagos por todos sus trabajos en el exterior en una cuenta en el banco suizo Heritage a nombre de la empresa offshore Shellbill”. La mujer, explicó que esa cuenta fue abierta “en 1998 a través de un representante en Uruguay, para recibir el pago por el asesoramiento en la campaña del gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota”. Ese pago habría sido de 70 mil dólares, según especificó el abogado de Moura.
Si bien la causa de los gasoductos es investigada por la Justicia cordobesa, hasta el momento no se han producido imputaciones. La denuncia original fue planteada por los legisladores provinciales Juan Pablo Quinteros (Frente Cívico), Liliana Montero (Córdoba Podemos) y Aurelio García Elorrio (Vecinalista). La existencia de la cuenta de Shellbill ya figuraba en la presentación de los legisladores.
Santana y su esposa fueron condenados en febrero de este año, a ocho años de prisión por su participación en el Lava Jato. La condena fue emitida por el juez Sergio Moro, que determinó la implicación de ambos en la adjudicación de contratos acordados a una empresa que operaba con Petrobras, en Brasil, que se habría hecho cargo de costear parte de sus honorarios por trabajos realizados para el PT (Partido de los Trabajadores).
Una transacción de 7,5 millones de dólares que sirvió como prueba para condenar a Santana y Moura fue realizada a una cuenta de la empresa Shellbill Finance S.A en Panamá. De ese monto, 3,5 millones de dólares fueron pagados por Klienfeld e Innovation Services, una compañía atribuida a Odebrecht y que habría sido usada como tapadera de los pagos ilegales en ese y otros casos.
En Brasil, Santana dirigió la campaña que en 2006 llevó a la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva y las que condujeron a las victorias de Dilma Rousseff en 2010 y 2014. Fuera de Brasil trabajó en las campaña de De la Sota (provinciales de 1998 y 2003 y presidencial de 2015) y Eduardo Duhalde (1999). También en las campañas del salvadoreño Mauricio Funes (2009); del dominicano Danilo Medina (2011) y del angoleño José Eduardo dos Santos en 2012, año en que también dirigió la última del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez.
QUÉ DIJO TACLA
Rodrigo Tacla, el abogado de Odebrecht, hizo declaraciones a El País. El diario dijo que “campañas electorales, regalos, fiestas, prostitutas… Todo valía para agasajar al político. Como contrapartida, presidentes y jefes de Estado correspondían a la firma con contratos de obra pública, principal fuente de ingresos de la mayor constructora de Latinoamérica. Una mole con 168.000 empleados y tentáculos en 28 países”.
La Justicia brasileña le reclama a Tecla por lavar presuntamente más de 12 millones de euros por pedido de la empresa. Y Odebrecht sostiene que le contrató para blanquear las comisiones ilegales. Por su parte, Tacla lo niega. Argumenta que solo prestó sus servicios durante cinco años. “Y que conoció las alcantarillas de la compañía porque “evaluó riesgos” como letrado en aquellos países donde la constructora compró a decenas de políticos”.
Ahora colabora con el Departamento de Justicia de EE. UU. y la Fiscalía Anticorrupción española.
Esto dice en la entrevista realizada por el diario español:
EP: ¿Cómo actuaba Odebrecht?
RT: La constructora lo arreglaba todo, pagando. Repartía comisiones al funcionario más bajo de la administración y al jefe de Estado.
EP: ¿Y cómo se aproximaba al poder?
RT: El primer contacto se establecía en la campaña electoral. Odebrecht corría con los gastos del marketing político de los candidatos. Tenía un acuerdo con el publicista Joao Santana [responsable de las exitosas campañas de los ex presidentes brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff]. La constructora sugería después las obras que se incluían en los planes de gobierno.
EP: El político devolvía el favor cuando alcanzaba el poder…
RT: Sí. El dirigente incluía en su plan de Gobierno las obras que le interesaban a Odebrecht. La constructora, en algunos casos, asesoraba a los países sobre cómo conseguir financiación a través de organismos como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
EP: ¿A cuántos funcionarios, candidatos y presidentes sobornó Odebrecht?
RT: A más de 1.000. A través de la firma, cobraron desde gerentes de empresas públicas a jefes de Estado. Sólo en Brasil hay 500 personas afectadas. Y existen políticos y altos funcionarios brasileños cuyos nombres todavía no han trascendido.
EP: Odebrecht abonó en 2016 la mayor multa de la historia -2.231 millones de euros- a los Gobiernos de Brasil, Suiza y EE. UU. para poder volver a presentarse a concursos públicos. La constructora reconoció con este acuerdo que desde 2001 repartió sobornos en 12 países ¿Le consta la existencia de más Estados implicados?
RT: Sí. Por ejemplo, la empresa desembolsó tres millones de euros en enero de 2016 al primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne. El pago se hizo a través del diplomático de este país Casroy James. El dinero buscaba que Antigua y Barbuda no comunicara a las autoridades judiciales de Brasil los movimientos en el Meinl Bank, una entidad local adquirida por Odebrecht y que se utilizó para blanquear los fondos de los sobornos.
EP: ¿Puede explicar cuál era la misión de ese pequeño banco de Antigua y Barbuda comprado por la constructora?
RT: El Meinl Bank era una tapadera en ese paraíso fiscal del Caribe. Tenía solo tres empleados en una pequeña oficina. Su sede en São Paulo estaba en el consulado. Era el centro neurálgico desde el que se hacían los pagos irregulares. De ahí se transfería dinero a otros bancos como la Banca Privada de Andorra (BPA), una entidad clausurada en 2015 por corrupción. Mediante pagos internos se evitaba dejar rastro y eludir las huellas de los fondos cuando se incluye el Swift (código de transferencia internacional).
EP: ¿Cuánto gastaba la empresa al año en comisiones ilegales?
RT: Cerca de 260 millones de euros. El dinero se movía en efectivo, a través de cuentas en paraísos fiscales y transferencias internacionales. La constructora, por seguridad, nunca pagaba en los países de origen del beneficiario. Y usaba el Meinl Bank para enviar fondos a Personas Políticamente Expuestas (PEP), que es como se denominan los cargos públicos susceptibles de cometer blanqueo.
EP: El presidente de la firma, Marcelo Odebrecht, fue condenado a 19 años de prisión. Junto a él, otros 77 cargos de la empresa colaboraron con la Fiscalía brasileña a cambio de reducir sus penas. Odebrecht ha reconocido el pago de 677 millones de euros en sobornos. ¿Es correcta la cifra?
RT: No. Un exdirectivo del Meinl Bank declaró que esta entidad movió 2.200 millones de euros. Y este banco trabajaba en exclusiva para Odebrecht. No tenía clientes normales.
EP: La firma ha confirmado que en Colombia abonó 10 millones de euros en sobornos para recibir contratos por valor de 43 millones entre 2009 y 2014, ¿es correcta esa cantidad?
RT: No conozco a fondo el caso de Colombia, como tampoco tengo detalles de la situación en Argentina, Perú, Venezuela o Guatemala.
Ver la nota completa en el diario El País.
Ver Odebrecht: Parecidos y diferencias entre la planta de agua de Tigre y los gasoductos cordobeses.
Cómo comunicarse:
Redacción: [email protected]
Lectores: [email protected]
Equipo de Investigación: [email protected]