La CGT Córdoba rechazó este lunes el cobro del llamado “plus” a los afiliados a obras sociales por las prestaciones profesionales y de internación de médicos y de clínicas y sanatorios. La central obrera califica a la acción que plantean las entidades que agrupan al sistema de prestadores como “cobros extorsivos” y denuncia que “se adjudican ser los únicos perjudicados, cuando las obras sociales también sufren los incrementos constantes de medicamentos y elementos esenciales para la atención de la salud”.
Recuerda que “hay convenios firmados con la condición de no cobrar ningún plus o adicional, y hacen caso omiso de ello, abandonando el camino de las negociaciones, que es el único modo de resolver las diferencias”.
A través de un comunicado de prensa que lleva la firma del estatal, José Pihen, la CGT denuncia que “ante la actitud asumida por profesionales, que en algunos casos se denominan “autoconvocados” por especialidad, y las entidades que aglutinan a clínicas y sanatorios, de cargar sobre los trabajadores el costo de lo que denominan crisis del sector, sin atender razones más que las de sus propios intereses, las obras sociales sindicales de Córdoba expresan su rechazo a los cobros extorsivos”.
Señala el documento de prensa que “rechazamos ser equiparadas con las prepagas” y explica que “las obras sociales sindicales pertenecen al sistema solidario de la atención de salud y no son empresas que obtienen rentabilidad del servicio que brindan”.
También se manifiesta en contra del “arbitrario y extorsivo cobro de adicionales ignorando que salen de los bolsillos de los trabajadores, que también viven en la misma realidad y sociedad, donde tienen que sostenerse con único ingreso que es su salario y que también sufren los ajustes y la situación económica”.
Precisa la resolución cegetista que “además del cobro compulsivo en la gran mayoría de los casos, los profesionales no emiten recibos ni facturas que respalden lo abonado, transformándose también en evasores” y reclama que “intervenga el Estado, a través de la AFIP y del Ministerio de Salud, para poner un marco de razonabilidad a todo lo que está ocurriendo en la atención de la salud”.
Resalta luego, que “muchas obras sociales sindicales están abonando a 30/45 días las facturaciones y se hacen infundadas acusaciones de ser responsables de la crisis, demostrando una absoluta falta de responsabilidad social”.
Por último, afirma que “los prestadores conocen perfectamente que las obras sociales sindicales no perciben la totalidad de los aportes y contribuciones en término, existiendo mucha morosidad al respecto. Cabe agregar que algunos de ellos como patronales, también retrasan esos pagos”.
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