“El 30 de septiembre las fábricas militares de nuestra provincia corren el riesgo de ser convertidas en Sociedades Anónimas, paso previo a su privatización”. Así lo advirtió Federico Giuliani, secretario general de ATE Córdoba, quien denunció que “esta medida, facilitada por el DNU 70/2023, permitirá que capitales extranjeros, específicamente de la República Checa y Estados Unidos, se adueñen de una pieza clave en la defensa y soberanía nacional”.
En territorio de la Provincia se levantan dos fábricas militares. Una en Río Tercero y la otra en Villa María. La primera posee una planta química y produce proyectiles, mientras que la segunda se especializa en la elaboración de pólvora y explosivos, entre otros productos.
El titular del gremio estatal señaló, a través de un comunicado de prensa, que “la visita de funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU. a la planta de Río Tercero evidencia el interés internacional en estos activos, que podrían ser utilizados para la producción de municiones destinadas a la guerra en Ucrania”.
Giuliani explicó que “la transformación de Fabricaciones Militares en Sociedad Anónima abre la puerta para que un privado se haga con la mayoría de las acciones, un escenario que rememora el vaciamiento que sufrió el país en los años 90 durante el gobierno de (Carlos) Menem”.
Reveló que existe “un acuerdo firmado entre el Ministerio de Defensa y una empresa de la República Checa, que es un sello de goma para que capitales norteamericanos ingresen a la fábrica”.
Detalló que “la planta de Río Tercero ha despertado un gran interés debido a su capacidad para producir municiones de 150 milímetros, utilizadas por la OTAN en el conflicto de Ucrania. La reactivación de esta producción podría tener graves consecuencias, no solo en términos de pérdida de soberanía, sino también en la alineación de Argentina con un conflicto bélico internacional”.
LEGISLATURA CORDOBESA
A partir de las gestiones realizadas por ATE, la Legislatura de Córdoba emitió una declaración oficial manifestando su preocupación ante el avance en la conversión de empresas del Estado en sociedades anónimas.
La medida, impulsada por el Gobierno Nacional, afecta particularmente a áreas productivas estratégicas, muchas de las cuales tienen sede o dependencias en nuestra provincia. La declaración “prioriza la defensa de las fuentes laborales, el valor histórico de estas empresas, y su importante rol en la economía local”.
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