El Congreso Nacional CGT 2021 consagró al triunvirato de conducción integrado por Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano y como Secretario Adjunto Andrés Rodríguez, destacando “volver al trabajo como el gran ordenador social”.
La CGT sostuvo en el documento emitido al finalizar el Congreso: “La construcción de la sociedad que anhelamos se cimienta en equilibrios básicos superadores de conflictos, asegurados por la plena vigencia de la negociación colectiva, una seguridad social contributiva y el modelo sindical. Estamos dispuestos a discutir y concertar un Plan que proyecte el indispensable crecimiento real de los salarios, las jubilaciones y los beneficios sociales”.
Por ello, reclamó la convocatoria urgente a una mesa de negociación para definir un Programa Nacional de Empleo y Formación Profesional junto a empresarios y con el aporte que brinda el Estado para garantizar los derechos laborales y sociales de todos los trabajadores.
Los ejes principales para el plan de acción son:
-Trabajo registrado como instrumento de inclusión social: La imperiosa participación del Estado con una clara política de regulación, en la cual las organizaciones políticas y sindicales participen para atemperar las consecuencias negativas de los cambios tecnológicos, propiciando el desarrollo de tecnologías convenientes, que contribuyan al bienestar de los trabajadores y no a la pérdida o vulneración de sus derechos.
El fortalecimiento del sistema nacional de Formación Profesional, en tanto contribuye a la capacitación de la fuerza del trabajo, promoviendo el desarrollo de las habilidades y conocimientos que demandan el entramado productivo del presente y del futuro.
Tomar acciones que reviertan las desigualdades laborales en relación al género. Las mujeres se encuentran en condiciones desfavorables en el mundo del trabajo. Mayor informalidad, menores tasas de empleo y mayores tasas de desempleo, brecha salarial y división desigual del trabajo no remunerado entre mujeres y hombres, afectan directamente las posibilidades de inserción y desarrollo laboral y económico de las mujeres trabajadoras.
El deber de las organizaciones sindicales debe seguir siendo impedir el avance de las políticas neoliberales contra la legislación protectora del trabajador, plasmadas en la constitución nacional en el art. 14 bis, y reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en tanto reconoce al trabajador como un sujeto de “Preferente Tutela Constitucional.
-Desarrollo con producción y ocupación: Es necesario redefinir la matriz productiva con el objeto de avanzar en un modelo que expanda las actuales posibilidades de producción, promueva la inclusión y sea sustentable. La política económica debe orientar los recursos a los sectores productivos y la participación de las organizaciones sindicales en la toma de decisiones resulta central e ineludible.
La importancia de la definición de un programa de fomento y estímulo a los sectores de la producción y el trabajo, para una reactivación centrada en la generación de empleo, apuntando a la expansión del mercado interno, y también a la redefinición del posicionamiento respecto del mercado externo.
-Promoción del hábitat para una vida digna: la problemática del hábitat es parte de la reproducción de la desigualdad socio territorial. La noción de “hábitat digno” incorpora el derecho a vivir en condiciones que favorezcan la integración a la vida urbana, el acceso a infraestructuras y servicios, y la posibilidad de desenvolver apropiadamente actividades sociales y económicas, en un hábitat culturalmente rico y diversificado.
Esta problemática debe ser encarada desde un enfoque integral que contemple un entorno productivo donde las familias se incorporen a la justicia social a partir de oportunidades de empleo; una infraestructura sustentable y una conectividad que sea integradora e inclusiva.
-Diálogo social para una mayor legitimidad de las políticas públicas: el movimiento obrero organizado debe ser actor excluyente de estos espacios institucionales, en base a estructuras tripartitas permanentes para el debate sobre políticas públicas, y una agenda programática para dar respuesta a los problemas que afectan a nuestra sociedad.
Este diálogo social debe ser efectivo, con resultados concretos y demostrables que resuelvan los problemas con participación de los sectores representativos de la economía productiva. La participación de las fuerzas del trabajo son la condición necesaria que permite al gobierno y a los actores sociales elaborar una estrategia de desarrollo económico y humano, promoviendo el trabajo decente y, como consecuencia, la inclusión y la justicia social.
-El cambio tecnológico como herramienta de inclusión y progreso social: la tecnología es un eje central para la evolución y el desarrollo de la sociedad y los beneficios deben estar puestos al servicio de los trabajadores/as para que más personas vivan mejor.
Los beneficios de los avances tecnológicos deben contribuir al progreso social y no profundizar las desigualdades. La ONU expresó la relevancia de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el desarrollo de una sociedad más igualitaria y la importancia de que a todos les sea garantizado su acceso a las mismas. Resulta central el acceso a la conectividad del conjunto de las y los trabajadores, no pudiendo quedar supeditado al juego de poderes corporativos concentrados. Por ello el Estado debe fijar reglas para garantizar el acceso equitativo, justo y a valores razonables.
-Atender el cambio climático para cuidar la casa común: la posibilidad del colapso climático y ecológico pone en riesgo la seguridad alimentaria, el acceso al agua potable, la calidad del aire, la biodiversidad y el sostenimiento de los ecosistemas, la salud y el bienestar humano.
Pensar en el mundo que se viene, con nuevos modos de consumo y producción, incorporando las energías del futuro, adoptando un marco de transición justa que acompañe el proceso de necesario cambio, y haciendo uso consciente y soberano de nuestros recursos naturales y de nuestros recursos humanos, técnicos, de la producción de tecnología y conocimiento científico nacional, para generar condiciones ambientales que permitan mejorar la calidad de vida de los pueblos.
* Natalia Refice, Instituto de Investigaciones y Estudios sobre el mundo del Trabajo.
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