Elisa Carrió saluda a Mario Negri y Nicolás Massot.
La diputada Elisa Carrió amagó con salirse del carril, pero rápidamente retomó su vocación oficialista y selló su voto en favor del ajuste a los jubilados. La fumata blanca lleva la firma de la chaqueña y dos cordobeses: Nicolás Massot, titular del bloque del PRO, y Mario Negri, presidente de la bancada radical. “En 2018, con la nueva fórmula, las jubilaciones le van a ganar por alrededor de cinco puntos a la inflación”, afirman en el comunicado de prensa.
Carrió había pedido en el cierre del Encuentro de la juventud de la Coalición Cívica ARI, que se incorporen nuevos cambios al borrador de la alianza oficialista, para que no se vea afectado el poder adquisitivo de los adultos mayores. Aunque estuvo de acuerdo en que “la fórmula nueva es la mejor posible”, destacó que la votaría sólo si se garantiza un 4% adicional de aumento, llevando el aumento anual a 24%. Nada de eso sucederá, pero ayer garantizó el voto en general.
Traducido, los tres garantizaron que ninguno de los 107 diputados de Cambiemos sacará los pies del plato y apoyará al proyecto aprobado en el Senado, que finalmente avanzará sin cambios, tal como se acordó con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el director ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso.
Hoy mismo es probable que el gobierno tenga despacho luego que sesiones las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social con la presencia de los ministros de Trabajo, Jorge Triaca, y de Hacienda, Nicolás Dujovne. Si todo marcha de acuerdo a lo planificado, el tema será considerado en las sesión de esta semana.
Carrió había dicho que no votaría el proyecto de reforma jubilatoria, pero ayer, luego de una reunión en Casa Rosada, en la que participaron el director ejecutivo de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y Dujovne, funcionarios y legisladores lograron cerrar filas en torno a la iniciativa, cuyo punto central es la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria, que ahora se actualizaría por un mix entre inflación (70%) y el nivel de variación salarial (RIPTE) (30%).
El diputado del PRO, Nicolás Massot y el radical Mario Negri.
El RIPTE es “la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables”. Surge de la dividir las remuneraciones imponibles con destino SIJP (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) y el total de trabajadores dependientes que figuran en las Declaraciones Juradas.
De este modo, se deja atrás el esquema de movilidad basado en un mix entre recaudación impositiva total, neta de eventuales coberturas de déficits del Sistema de Seguridad Social, y el índice variación salarial RIPTE. La actualización se producía semestralmente.
El ajuste de gastos (en pago de jubilaciones y pensiones) ronda los 100.000 millones de pesos, según los cálculos del gobierno.
Ayer, el Centro de Economía Política Argentina realizó una estimación de la evolución de los haberes jubilatorios comparando las dos fórmulas y concluyó que la jubilación mínima perdería unos 900 pesos en 2018 con el esquema de indexación que propone el oficialismo.
Obviamente, el objetivo del Ejecutivo era que el proyecto saliera sin cambios de Diputados respecto del aprobado en el Senado, porque de lo contrario debería ser tratado nuevamente por la cámara alta. En el Senado, el pasado 29 de noviembre, con 43 votos afirmativos, 23 negativos y tres abstenciones se definió el proyecto de ajuste.
Además de los cordobeses Massot y Negri, participaron Luciano Laspina, Miguel Bazze, Silvia Lospennato y Paula Oliveto Lago. El comunicado de prensa que se emitió posteriormente señala que “los bloques de Cambiemos apoyamos el proyecto de reforma previsional” y afirman que es fruto de “los acuerdos logrados entre el Gobierno nacional, las fuerzas políticas del Senado y 23 gobernadores (la única excepción fue San Luis)” en torno a la iniciativa.
Agregan que “los cambios previsionales son una pieza clave del grupo de reformas propuesto recientemente por el Gobierno, que incluye el Consenso Fiscal, la ley de Responsabilidad Fiscal, y las reformas tributaria y laboral; iniciativas que empiezan a poner en práctica los tres consensos básicos señalados el mes pasado por el presidente Mauricio Macri”.
A su vez, enfatizaron que “el objetivo principal de todas estas reformas es hacer sostenibles en el tiempo la generación de empleo y la reducción de la pobreza”.
“Estamos orgullosos de la amplia cobertura de nuestro sistema, que alcanza al 98% de los mayores, y de la Reparación Histórica, con la cual recompusimos los haberes mal liquidados de 1,1 millones de jubilados. Ahora bien, reconocemos que la situación actual del sistema no es sostenible. Es nuestra responsabilidad como legisladores hacer los cambios necesarios para que el sistema siga siendo universal, público, solidario y de reparto”, argumentaron.
Explican que “es innecesariamente compleja e inestable, y no asegura el poder adquisitivo de los jubilados. (…) Por ejemplo, en 2014, los haberes perdieron un 7% frente a la inflación”, apuntaron en defensa de la propuesta del gobierno.
El jefe de Gabinete Marcos Peña y el presidente Mauricio Macri. (Archivo).
“La fórmula propuesta es simple y transparente, y garantiza para siempre el poder adquisitivo de los jubilados. Además, es similar a la que usan los países desarrollados, estando compuesta en un 70% por la inflación y un 30% por el aumento de los salarios”, justifican.
Así, pronosticaron que “en 2018, con esta fórmula, las jubilaciones le van a ganar por alrededor de cinco puntos a la inflación”, aunque omitieron que en el primero de los incrementos, la perdida sería de al menos 7%.
Además del cambio en la fórmula, indicaron que “se garantizará al menos el 82% del salario mínimo a los jubilados que hayan hecho sus aportes”, y “esto significará un aumento extra de más de 500 pesos mensuales a partir de enero para 1.200.000 jubilados y pensionados, profundizando el carácter solidario del sistema”.
El tercer cambio, repasaron, “es permitirles a los trabajadores del sector privado que se sientan cómodos en sus empleos, demorar voluntariamente su jubilación y seguir trabajando hasta los 70 años”.
“Todos estos cambios reflejan el compromiso del Gobierno con la inclusión y la protección de quienes más lo necesitan. En 2018 el 76% del Presupuesto Nacional se destinará a cuestiones sociales (incluidas las jubilaciones). Es un número récord para Argentina, varios puntos por encima del promedio de 67% de la última década”, explicaron, y concluyeron: “Por eso vale la pena el esfuerzo de hoy”.
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