Mauricio Saillén y Pascual Catrambone son amigos y resumían todo el poder. El del Sindicato de Recolectores de Residuos y Barridos de Córdoba (SURRBAC), el de la obra social y el de la Mutual (AMSURRBAC).
Saillén era secretario General del gremio, presidente de la obra social y titular de la mutual. El número 1.
Catrambone ocupaba la secretaría de Ramas e Interior del SURRBAC, a la par que era apoderado y podía firmar cheques del sindicato. Para completar el combo, era el vicepresidente de la obra social y la mutual.
A partir de ello, prestaban dinero a los afiliados del sindicato de recolectores a tasas que la Justicia considera usurarias y a la vez, ellos, otros miembros del sindicato y terceros que habrían actuado como testaferros, le prestaban dinero a la mutual con la que blanqueaban las ganancias de la operación inicial. De acuerdo a la investigación judicial, que fue iniciada por el fiscal Enrique Senestrari, también cargaban con gastos personales y familiares al sindicato y la obra social y los ocultaban haciéndolos a nombre de la mutual.
El juez Ricardo Bustos Fierro afirma que en 2009 “habrían decidido formar una asociación destinada a cometer diversos delitos de tinte económico-financiero en perjuicio tanto de los afiliados como del propio Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (S.U.R.R.Ba.C.), de la Asociación Mutual del .S.U.R.R.Ba.C. y de la Obra Social del S.U.R.R.Ba.C., siempre con el objetivo último de beneficiarse ellos y sus familiares y/o allegados directos, asociación que persiste en la actualidad”.
VER “Catrambone tenía montos en efectivo que le permitirían eludir el proceso judicial por años”.
Agrega que para concretar ese objetivo “habrían abusado de la posición que detentaban” en las distintas organizaciones.
También ubica como un actor importante al contador Osvaldo César Medina. Su accionar liga, no sólo la acción del sindicato, la obra social y la mutual, sino a estas tres organizaciones con tres empresas constituidas por Agustín Catrambone, el hijo de Pascual Catrambone: KRATES Constructora S.A., HIGYESE S.A., y YUHME S.A. El juez cree que “se usaron para desviar dinero de la asociación ilícita”.
El juez Federal, Ricardo Bustos Fierro. (Archivo).
Explica que “se habrían aprovechado de forma habitual de la ligereza, necesidad y/o inexperiencia de los afiliados de la A.M.S.U.R.R.Ba.C., en el marco del otorgamiento de préstamos o comúnmente denominados “ayudas económicas” facilitadas a través del cumplimiento de mínimos requisitos y provisión casi inmediata de fondos otorgando los mismos con costos pecuniarios evidentemente desproporcionadas con la prestación brindada a los solicitantes”. Buena parte de ellos, incluso no estaban registrados contablemente.
Estas “ayudas económicas”, que no estaban autorizadas por el Instituto Nacional de Asociatitivismo y Economía Social (I.N.A.E.S.), habrían consistido “en erogaciones a través de un sistema de préstamos en efectivo y descuentos por planilla a una cantidad no precisada de socios con intereses de aproximadamente entre el 9,70 % y el 13,90% mensual, los cuales resultaban evidentemente desproporcionados con relación a los interés de plaza y por sobre toda la normativa del Banco Central de la República Argentina acerca de tasas de interés en operaciones de crédito”.
A su vez, describe que Saillén, Catrambone, Juan Manuel Krainbuhl, Osvaldo César Medina, Juan Manuel Riba, y Delgado, se “aprovecharon de la extrema informalidad y falta de registro contable mediante la cual se manejaban en el otorgamiento de préstamos a tasa usuraria, para sustraer para sí y para conocidos el dinero extra que debería haber supuesto un beneficio extraordinario para la Asociación Mutual y, en consecuencia, para el resto de los afiliados”.
Cita, por ejemplo, que desviaron “parte del dinero obtenido a través de las ventas realizadas en el “Showroom” de la Mutual hacia sus patrimonios personales. A modo de ejemplo, entre los meses de julio de 2012 y septiembre de 2013, se habrían desviado $275.977,02.
O que hicieron asumir a la mutual, “el pago de gastos rendidos por la Obra Social y por el Sindicato, los cuales habrían sido devueltos en condiciones perjudiciales para la Mutual. Asimismo, debe tenerse en cuenta que, a julio de 2018, y descontando las sumas efectivamente reintegradas, se le adeudaba a la Asociación Mutual la suma de $2.123.020,54, cifra que surge de sumar la diferencia por cobrar por parte del Sindicato y la Obra Social”.
También apunta que Saillén, Catrambone, Krainbuhl, Riba y Medina, “habrían diseñado una compleja ingeniería financiera destinada a poner en circulación, de forma habitual y continuada con el objetivo de darles apariencia lícita, parte del dinero obtenido ilegalmente por medio de los préstamos otorgados de forma no autorizada y a tasa usuraria a los miembros de la mutual”.
Un BMW M2 similar al que tendría el gremialista Catrambone.
¿Cómo era la maniobra? Consistía “en celebrar contratos supuestamente firmados entre terceros y la Asociación Mutual por los que ésta última se comprometía en devolver las sumas prestadas (por los terceros a la mutual) a tasas de interés (que variaban entre un 5% y hasta 8,91% mensual de tasa efectivamente pagada) muy por encima de las normalmente ofrecidas en el sistema financiero formal y que significaban un notable perjuicio para la entidad”.
“(La realidad es que) los firmantes no habrían sido terceros ajenos a los hechos investigados en la causa, sino, antes bien, habrían sido allegados o familiares de los miembros de la asociación ilícita (cuando no ellos mismos) que habrían actuado de testaferros poniendo sus nombres, pero bajo las órdenes de aquéllos”, detalla el magistrado.
Mauricio Saillén, Pascual Vicente Catrambone, Juan Manuel Krainbuhl, Osvaldo César Medina y Juan Manuel Riba habrían puesto en circulación durante el período comprendido entre los años 2009 y 2018 una suma aproximada a los once millones de pesos ($11.000.000), inversión que se habría visto multiplicada en prácticamente un 400% ya que para mayo de 2018 se habrían hecho con una suma cercana a los cincuenta y cuatro millones seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos treinta y tres mil con treinta y dos centavos ($54.688.633,32).
Entre los que figuran como parte de esta operatoria, además de todos los señalados, se encuentran Héctor Gabriel Blanes, Salomé Alfazak (secretaria de Saillén), Miguel Ángel Catrambone (hermano de Pascual), Jorge Vicente Blanes, y José Luis Yacanto.
BENEFICIOS PERSONALES
Tanto Saillén, como Catrambone y Delgado, “habrían perjudicado los intereses confiados a ellos por los afiliados al Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba, abusando de sus funciones y violando sus deberes de fidelidad, con la finalidad de obtener un provecho indebido para sí y para terceros allegados a ellos”.
Entre ellos, puntualiza que Catrambone y Saillén rindieron “paquetes de viajes familiares con destino al Caribe, viajes de estudios de los hijos, gastos exorbitantes en suites de hoteles, entre otros, como si hubieran sido hechos en ejercicio de sus funciones dentro del Sindicato, desviándolos de su legítimo destino”.
El Resort Royal Haciendas de la Rivera Maya. Saillén y sus hijos Franco y Juan gastaron 427 mil pesos en julio de 2016. Pagó la mutual.
Asimismo, y a los fines de evitar que “estos gastos injustificables aparecieran en los balances y registros de la entidad, y de tal forma ocultarlos de los afiliados en general, Saillén y Catrambone se los habrían hecho asumir a la A.M.S.U.R.R.Ba.C. –también bajo su control- y se los reintegraban posteriormente”.
Dice el juez, que “a modo de ejemplo, durante el año 2016 habrían desviado la suma de $1.279.164,25; durante el año 2017 la suma de $1.025.749,11; y durante el año 2018 (hasta junio) la suma de $1.929.386,84”.
También “le habrían hecho asumir a la Mutual el pago de gastos personales sobre patentes, seguros, impuestos inmobiliarios de bienes de Saillén y Catrambone. A modo de ejemplo, entre los meses de enero de 2015 a abril de 2015 se habrían desviado $540.387,74 y entre diciembre de 2017 y mayo de 2018 se habrían desviado $530.976”.
30 MILLLONES DE PESOS
Entre noviembre de 2017 y marzo de 2018, Saillén, Catrambone y Delgado habrían “desviado hacia destinos que no tendrían relación con su objeto sindical, fondos de la cuenta bancaria N° 915-345806 del Banco de la Provincia de Córdoba asignada al S.U.R.R.Ba.C.” por un monto aproximado a los $30.000.000”.
Afirma el juez que “esta maniobra la habrían realizado mediante el libramiento o endoso de cheques librados o endosados por los propios firmantes (Saillén, Catrambone y Delgado), que tuvieron como beneficiarios tanto a afiliados al sindicato como a familiares de los miembros de la comisión directiva del sindicato y/o a diferentes personas físicas y jurídicas cuya actividad declarada no guarda relación con la entidad o bien, si existe relación comercial, los ingresos declarados no permitirían justificar los pagos recibidos”.
A LA OBRA SOCIAL TAMBIÉN
Al igual que en el sindicato, Saillén, Catrambone y Delgado perjudicaron a la obra social.
Rindieron gastos personales, familiares, de pago a personal que trabajaba en sus casas y de viajes particulares, incluyendo “gastos exorbitantes en suites de hoteles, entre otros, como si hubieran sido hechos en ejercicio de sus funciones dentro de la Obra Social, desviándolos de su legítimo destino”.
Luego, para ocultarlos a los afiliados, el magistrado señala que “se los habrían hecho asumir a la A.M.S.U.R.R.Ba.C. –también bajo su control- y se los reintegraban posteriormente”. Simplemente a modo de ejemplo, durante el año 2017 habrían desviado la suma de $755.909,38 y durante el año 2018, la suma de $1.081.459,09.
LA SUMA “LAVADA” SERÍA DE AL MENOS 25 MILLONES DE PESOS
Bustos Fierro indica que “durante el período comprendido entre el veintiséis de agosto de dos mil nueve y, al menos mayo de 2018, Mauricio Saillén, Pascual Vicente Catrambone, Juan Manuel Krainbuhl y los contadores Juan Manuel Riba, Osvaldo César Medina y Juan Carlos Delgado, habrían introducido al circuito económico legal, de forma habitual y continuada, parte de los activos provenientes de las maniobras delictivas mencionadas supra y siempre con la finalidad de darles la apariencia de un origen lícito un monto de dinero aún no determinado con exactitud, pero que como mínimo, supera la suma de 25.205.940 pesos”.
Habrían introducido al circuito económico legal, de forma habitual y continuada, parte de los activos provenientes de las maniobras delictivas mencionadas supra y siempre con la finalidad de darles la apariencia de un origen lícito un monto de dinero aún no determinado con exactitud, pero que como mínimo, supera la suma de 25.205.940 pesos”.
Para hacerlo, “la operación habría consistido principalmente en la compra / venta de bienes muebles e inmuebles (autos, casas y terrenos), que habrían adquirido y/o transferido ocultando su participación mediante la interposición de terceros (varios de los cuales sin posibilidades económicas reales de acceder a los bienes)”.
El legislador provincial, Franco Saillén. También fue imputado por el juez Bustos Fierro.
El juez precisa que “si bien estos terceros de forma voluntaria aparecían como los titulares formales de los bienes ante los respectivos registros, eran los miembros de la asociación ilícita quienes mantenían la real disposición del bien lo que queda evidenciado, por ejemplo, en la obtención de las denominadas tarjetas azules con las que utilizaban los vehículos”.
Aquí es donde quedan involucrados el resto de los acusados: el actual titular del SURRBAC y legislador provincial, Franco Gabriel Saillén, Agustín Mauricio Catrambone (directivo del SURRBAC, titular de empresas vinculadas al gremio y el negocio de la basura e hijo de Pascual Catrambone), Salome Alfazak, Héctor Gabriel Blanes, Jorge Vicente Blanes, Miguel Angel Catrambone, José Luis Yacanto, Juan Carlos Saillén, Micaela del Valle Saillén, Verónica Anabel Quevedo (ex mujer de Mauricio Saillén), Adriana Cecilia Oviedo (mujer de Catrambone), Yamila Gisel Monjes, y Darío Mauricio Saillén.
