La frase forma parte de la resolución dictada por el juez Ricardo Bustos Fierro, donde dispone la prisión preventiva de Pascual Catrambone y de Mauricio Saillén. Allí también procesa a las otras diecisiete personas acusadas, pero no las detiene. Además de la peligrosidad de los dirigentes, puso el ojo en sus bienes.
Resulta muy particular la argumentación del magistrado. Dice: “Estas particulares circunstancias referidas en autos, no sólo permiten encuadrar el caso de autos en aquellas hipótesis preestablecidas en el Código Penal como indicadoras de riesgo procesal; también autorizan a concluir que la personalidad de los imputados se caracteriza por un escaso o inexistente apego a las normas mínimas de conducta establecidas por la sociedad, tal como recientemente lo sostuvo la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, al confirmar el rechazo de las excarcelaciones dispuestas en primera instancia”.
Y agrega que “considero, en el hipotético caso de otorgarle la libertad, los encartados podrían intentar eludir el accionar de la justicia o entorpecer el procedimiento, teniendo en cuenta el tipo de delitos que se les imputan”.
Sobre Catrambone, Bustos Fierro afirma que “(de su domicilio) se secuestraron seis millones, seiscientos sesenta y tres mil, novecientos cincuenta pesos ($ 6.663.950) y mil doscientos sesenta y seis dólares (U$U 1266). (Ello) sumado a veinticinco relojes marca Rolex, Festina, Tag Heuer, entre otras marcas, todas fácilmente convertibles a dinero efectivo; y a una gran cantidad de joyas de oro, todo ello conforma montos dinerarios no bancarizados que devienen en una prueba objetiva de peligro de fuga, ya que esos montos en efectivo le permitirían a Catrambone eludir el proceso por años”.
Luego trae al expediente una serie de hecho denunciados por opositores al gremio y que son investigados en otras causas para fundar la peligrosidad de los dirigentes gremiales. Afirma: “En este análisis de peligrosidad, las agresiones físicas y amenazas denunciadas contra miembros de la organización sindical dirigida por los acusados Julio Mauricio Saillén y Pascual Vicente Catrambone, debido a que denota el carácter violento de los mismos, ya que el peligro procesal concreto se relaciona directamente con las múltiples agresiones físicas y psicológicas y amenazas que recibieron y continúan recibiendo los denunciantes, desde el año 2015 hasta la fecha, lo que motivó que se analizara dicha situación, a los efectos de ingresarlos en el programa de protección de testigos”.
Señala el juez, que esa situación “cristaliza objetivamente el peligro procesal de obstrucción de la investigación, dado que trasmite un mensaje de intimidación general que representa un verdadero obstáculo en las presentes actuaciones, tanto por la activación de los distintos protocolos formales de actuación, que deben ponerse en funcionamiento ante una situación como esta, como el concreto peligro procesal que presenta para la instrucción las lesiones psicológicas y físicas que habrían sufrido los denunciantes en todos estos años”.
