Comité contra la Tortura visitó Córdoba y volvió a registrar “innumerables problemas” en la UCA

Tres comisionados del CNPT (Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura) se reunieron con altas autoridades políticas y judiciales de la provincia para discutir sobre la situación de las cárceles. Los temas centrales fueron el uso de medidas de sujeción, el hacinamiento y el abuso de la prisión preventiva. Los compromisos que tomó la provincia.

Sin respuestas convincentes. O en realidad sin respuesta alguna. A casi cinco meses del último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura sobre Córdoba, los avances mostrados por la Justicia, el Ejecutivo y también el Legislativo de esta provincia parecieron casi nulos. Y es por esa razón que la semana pasada se resolvió que tres comisionados del CNPT se apersonaran en la provincia para intentar encontrar algún tipo de respuestas.

“Es la cuarta vez que venimos a Córdoba, una provincia que no está cumpliendo con la creación del comité local para la prevención de la tortura; entonces venimos a insistir con ese reclamo”, respondió Diana Conti, una de las comisionadas, en exclusiva para ENREDACCIÓN.

Al hablar de la situación carcelaria en Córdoba, si bien calificó como “algo loable” que en esta provincia no haya presos en las comisarías, algo que sí se da en casi todo el territorio argentino, la contracara es la Unidad de Contención del Aprehendido, la UCA, un lugar que tiene una capacidad de 400 plazas pero que se encuentra con “más de 800 personas” (nota del redactor: en 2022 se han registrado picos de hasta 1200 alojados).

Sobre la UCA, la comisionada señaló que se siguen verificando “innumerables problemas, de tratos degradantes, inhumanitarios, y también algunos casos de tortura”, señaló, ratificando una vez más lo que constituye “una de las preocupaciones más importantes para el Comité”.

Visitaron además el Centro Psico Asistencial (CPA), de donde tampoco se llevaron una buena impresión. “Tenemos 28 personas internadas ahí y también nos preocupa la situación”, sostuvo.

LÍMITE A LA SUJECIÓN FÍSICA

La comitiva de la que formó parte Conti también incluyó a los comisionados Josefina Ignacio y Gustavo Palmieri, quienes participaron de las recorridas por los centros de encierro (también estuvieron en la cárcel de Mujeres de Bouwer), como así también de las reuniones con autoridades del ejecutivo y de la justicia de Córdoba.

“Lo que lamentablemente seguimos detectando como un rasgo distintivo es el uso sistemático de la sujeción física a las personas privadas de la libertad -señaló Conti-, no con fines terapéuticos sino simplemente con fines de maltrato o de tortura”.

El tema ya había sido planteado con detalle y firmeza en el informe sobre Córdoba presentado en noviembre pasado. El único cambio que se implementó desde la justicia de la provincia es que desde entonces el SPC debe notificarle de inmediato ante cada caso de sujeción física, y se debe correr vista a las defensas.

Suena a poco. No obstante, para la CNPT podría significar un avance, en tanto y en cuanto “las defensas puedan empezar a informar los casos en los cuales las medidas de sujeción no respeten los parámetros terapéuticos y no sean otra cosa que una sanción”.

BUSCAR VINCULACIÓN

Más allá de lo que pueden significar mediáticamente las denuncias o los informes del CNPT, lo concreto es que no es esa la intención del organismo, sino más bien lograr acuerdos con las autoridades para que se avance en los distintos frentes que se van señalando.

“Todo el tiempo tenemos diálogo con las autoridades locales”, detalló Conti, que este miércoles, junto a sus pares, fue recibida por los vocales del Tribunal Superior de Justicia Aída Tarditti y Luis Angulo, tras haberse reunido en la jornada anterior con las ministras Laura Echenique y Gabriela Barbás (Justicia y Salud).

Luego de calificar como “muy positivo” el encuentro con los vocales del TSJ, detalló que se comprometieron a firmar “un convenio marco de capacitación sobre protocolos internacionales para muertes en contextos de encierro”, una realidad de la cual nuestras cárceles han venido siendo escenario con mucha frecuencia.

También con el TSJ se debatió sobre las medidas de sujeción física y otros puntos importantes de la agenda del CNPT, entre ellas, la conformación de una “mesa de trabajo interinstitucional encabezada por el TSJ, para evaluar los casos y supuestos en los cuales bien podría recurrirse a medidas menos restrictivas, frente al abuso de las prisiones preventivas”.

Justamente había sido ésa una de las recomendaciones centrales del CNPT en su informe de noviembre sobre Córdoba, sin lograr el más mínimo avance. La expectativa es que ahora sí se cumpla el compromiso, y la provincia comience al menos a encarar los problemas críticos que suceden en sus instituciones de encierro. Al fin y al cabo, para eso es que vino a Córdoba el Comité para la Prevención de la Tortura.